La sobrerregulación: un medicamento que no cura, por Ralph Sánchez

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En estos días se ha dicho mucho con relación a la compra de Quicorp (propietaria de las cadenas de farmacias Mifarma y Arcángel) por parte de InRetail (propietaria de Inkafarma). Al respecto, algunas voces han propuesto mayor intervención del Estado, es decir mayor regulación (inclusive hasta control de precios). Lamentablemente, pocos se han detenido en los efectos reales de sus propuestas.

En primer lugar, debemos tener claro que, en el Perú, nuestro modelo económico se basa en una economía social de mercado, donde el Estado promueve la iniciativa privada en libertad. Esto implica que las empresas son libres de poder comprar, vender y asociarse de la manera que crean conveniente (salvo en el sector eléctrico). Si bien, se proscribe el abuso de posición en el mercado, el tener una posición de dominio expectante y mayoritaria no es una falta per se, por el contrario, es un deseo natural de cualquier empresario.

En efecto, un empresario de cualquier índole busca tener la mayor cantidad de ventas posibles, y así tener una presencia significativa en el mercado. El problema radica cuando para concretar dicho fin realiza prácticas ajenas a la buena fe empresarial o ejecuta prácticas que terminan perjudicando, especialmente, a los consumidores. Sin embargo, si una empresa es eficiente, creativa e innovadora, y gracias a su esfuerzo consigue un posicionamiento expectante ¿por qué debería ser cuestionada las compras o adquisiciones que realice? En vez de ello, ¿no sería mejor que el Estado incentive el ingreso de nuevos competidores?

Por ejemplo, lo que sí tendría que hacer el Estado, en lugar de sobre regular, es depurar cierta normativa, en aras de facilitar y promover que nuevas farmacias ingresen al mercado, y que se generen incentivos de todo tipo para que pueda fomentarse la competencia, y evitarse el exceso de barreras burocráticas que cada año se interponen a laboratorios y farmacias por el cobro de ilegales derechos de tramitación.

Si bien el mercado farmacéutico es sensible y complejo, dado que obedece a variables específicas del sector, no debemos caer en ideas fatalistas que por muy solidarias que parezcan, solo terminarían por perjudicar la competencia, ergo a los consumidores.

En ese sentido, una regulación de precios de medicamentos es una idea que debe desterrase, toda vez que pone límites al empresariado, desmotivando la inversión y el crecimiento económico. Así, si el privado se desmotiva y no invierte en el mercado de laboratorios y farmacias por causa de una sobrerregulación, ¿Estará el Estado en capacidad de poder responder esa demanda?

Evidentemente, la respuesta es negativa. Si bien el Estado, como principal comprador de medicamentos puede subsidiar algunos en beneficios de poblaciones vulnerables, ello no debe significar que el Estado deba regular los precios, máxime si de por sí ya se encuentra en una posición favorable para poder negociar el precio de compra de estos.

Finalmente, sería pertinente que los diversos actores desde el Estado y de la sociedad civil, antes de pronunciarse sobre un mercado en específico, revisen la recientemente publicada “Guía sobre el análisis de impacto regulatorio” a cargo de Ministerio de Justicia, y en función a ella podamos discutir si nos encontramos ante propuestas coherentes con la denominada “buena regulación”, caso contrario seguimos ante el vaivén de lo políticamente correcto, pero lejos de curar las verdaderas enfermedades que aquejan al mercado.

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