La tragedia de Mc Donalds, por Eduardo Herrera

1.055

Lo ocurrido en la tienda de Mc Donalds en Pueblo Libre parece pintar de cuerpo entero la pasmosa coexistencia entre la informalidad plena y la informalidad de los formales.

Ayer, en un noticiero nocturno, pude apreciar la insólita protesta frente al local de la tienda; sí, una protesta pírrica más en la que se aprovecharon para, más allá de llamar la atención, enviar dos mensajes peligrosos sobre los que me gustaría escribir.

El primero de ellos estuvo sustentado en la atribución de responsabilizar del suceso al sistema de libre mercado (como siempre el discursito molesto de las grandes transnacionales abusivas al cual ayudó torpemente un desavisado funcionario edil). Vamos aprovechando para aclarar. Si una empresa trasnacional opera informalmente ¿ello es inmediatamente vinculante a todas las otras que están en actividad en nuestro país? Sigo, si una empresa opera informalmente pese a tener los “permisos respectivos” ¿es eso responsabilidad del concepto de libre mercado o del capitalismo?

La segunda idea, más peligrosa aún, es el de una directa amenaza, vociferante que aprecié en una de las manifestantes ocasionales. La persona amenazó directamente y sin tapujos para ejecutar reacciones violentas por estos hechos, como lo sucedido en Chile. Es decir, como la empresa presuntamente actúa contra la ética ¿amenazamos al país entero con otro comportamiento contrario a la ética (violencia)?

La tragedia merece una exhaustiva investigación. Y no, ojo, una investigación como suele hacerse muchas veces en este tipo de casos. Una investigación larga y que se va diluyendo en la atención pública para que luego aparezca un funcionario menor sancionado; no, necesitamos una investigación real para determinar -mejor dicho, casi validar- quién es el responsable sin duda y, sobre todo, si alguien de arriba de la organización pudo haber ejercido control y vigilancia real para evitar el trágico desenlace. Solamente un caso así podría sentar verdaderos precedentes para que exista un cambio verdadero de comportamiento (“enforcement” le dicen los norteamericanos). De lo contrario, este caso, seguirá siendo un cable pelado en nuestro caótico sistema de justicia.

Este caso demuestra, fatalmente, además, lo absurdas e ineficientes que son nuestras normas al respecto. La norma no vale nada, ni un miserable cable pelado cuando existe la intención real de eludirla, cuando no hay ética en la acción. En ese sentido, se supone, que el municipio concedió todos los permisos -entre ellos el de seguridad por defensa civil- al local. Muy posiblemente, toda la “permisología” correspondiente, se selló luego de una pantomima que se solucionó con una apretadita de manos, un golpecito en la espalda y la correspondiente guiñadita de ojo.

Esto me lleva al punto de final de todo este correlato. El sistema de inspecciones municipales de defensa civil no sirve para nada, solo para -en algunos casos, según mi experiencia- motivar presiones municipales a las empresas (sobre todo por estas épocas) y arrinconarlas, mientras que, a otras, como parece ser este caso, dejarlas funcionar en la impunidad de la bomba de tiempo. Ese sistema está contaminado por corrupción y es necesario modificarlo de raíz mediante una acción colectiva potente y que cambie el estado de las cosas.

Seguramente ahora todas las municipalidades salgan a hacer operativos (se supone que los deberían hacer diariamente y sin tanta cámara). Otros aprovechados saldrán a rasgarse las vestiduras, llorar y hacer marchitas improductivas. Veremos cómo reacciona nuestro sistema de justicia: si cambia y marca un precedente o si se comporta con genuflexión, como casi siempre. Aún así nada de eso podrá echar el tiempo atrás ¿Feliz navidad y próspero año nuevo?

Lucidez.pe no necesariamente comparte las opiniones presentadas por sus columnistas, sin embargo respeta y defiende su derecho a presentarlas.