La transición energética del bicentenario, por Francisco Daza

«A nivel global, los países buscan diversificar sus matrices energéticas hacia energías renovables mientras que en el Perú seguimos con el discurso de nacionalizar combustibles fósiles. Perú Libre se pronuncia como defensor del medio ambiente pero nunca tuvo un plan de acción para lograr el desarrollo sostenible en nuestro país».

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Es innegable que el medio ambiente siempre ha estado en segundo plano en la política peruana y solo está presente en conflictos sociales pero, pese a ello, es el quinto país más atractivo de latinoamérica para invertir en energías renovables.

Según el World Economic Forum, las energías renovables no convencionales (eólica, solar, geotérmica, etc.) fueron la fuente de energía más barata del mundo en 2020 y aún así representan menos del 5% de la matriz energética nacional. El mendigo que está sentado en el banco de oro sencillamente no aprovecha el potencial energético que tiene y se conforma con recalcar que ese banco de oro es solamente suyo y de nadie más. No existe un plan de acción del gobierno que pretenda mitigar el superávit energético o cerrar brechas de electrificación rural.

Está de más decir que los “Chicago Boys de Cerrón” nunca plantearon una transición energética responsable, sólo ejercer un modelo de explotación controlado por el estado.

Cabe indicar que el mayor problema energético del Perú no es la generación de energía eléctrica sino la distribución. El desafío de la distancia ha sido uno de los problemas más representativos del país y es lógico que exista una brecha amplia de infraestructura de sistemas eléctricos, específicamente, en líneas de transmisión.

Son infraestructuras costosas y la dependencia en fuentes de energía convencionales dificulta la tarea del estado en cerrar brechas de cobertura. No se puede pretender construir un gasoducto para llegar a cada región del país sino que la estrategia de cobertura debería orientarse hacia la descentralización de generación eléctrica. Cada provincia del Perú tiene un potencial en energías renovables (eólica, solar, geotérmica, biogás, minihidráulicas) que no se aprovecha adecuadamente. Según el MINEM, solo se utiliza el 2% del potencial eólico total. No es posible que esto suceda en un contexto internacional donde los costos en equipamiento de energías renovables son más baratos que en fuentes convencionales.

Desde un aspecto social, estos proyectos representan un índice de aceptación favorable en la población en comparación con otros sectores. Según la Defensoría del Pueblo, de los 132 conflictos socioambientales en el país menos del 1% corresponden a la ejecución de proyectos renovables. La política pública debe tomar en cuenta la implementación de sistemas híbridos para garantizar el suministro de energía en provincias con alto potencial eólico y solar como: Arequipa, Ica y Piura. La importancia de complementar ambos sistemas se basa en que cada una de estas fuentes alcanzan sus picos energéticos a diferentes horas del día permitiendo ofrecer una producción más estable en conjunto. Por otro lado, en este proceso de transición energética la explotación de recursos renovables tiene que expandirse hacia el uso de espacios marítimos. Según el Banco Mundial, el Perú es el quinto país de la región con mayor potencial de energía eólica offshore con 347 GW.

Somos uno de los países que más paga por electricidad en la región, principalmente, por concepto de peajes de conexión que incluyen tarifas de contribución de fondos destinados a financiar proyectos energéticos. Estas tarifas se aplican de la misma manera que los bancos pagan fondos de desarrollo de mercado para fomentar la promoción de proyectos digitales. Sin embargo, esta contribución de fondos no refleja un incremento en energías renovables y por ende se requieren de mayores incentivos tributarios. Según EY Perú, los proyectos de energías renovables no convencionales gozan de un régimen de depreciación acelerada de sus activos fijos. Es decir, que los activos pierden valor en un menor tiempo de su vida útil generando un mayor gasto deducible y, por consiguiente, logrando un menor pago de impuestos. Se puede tomar en cuenta otros incentivos fiscales de la región como en Brasil y Colombia que aplicaron deducciones especiales en la determinación del impuesto a la renta. Por otro lado, descentralizar la generación de energía eléctrica no solo se limita a incentivos fiscales sino también facilita la importación de equipos. Durante la crisis sanitaria se redujeron temporalmente las tasas arancelarias para medicamentos, se podría tomar un camino similar para incentivar la importación de baterías de Ion-litio y equipos afines.

La transición energética es una necesidad impostergable para el Perú pero para lograrlo se requiere ejecutar proyectos intermitentes que satisfagan la demanda interna de energía eléctrica. Según IEA, se proyecta un crecimiento de hasta 50% en la capacidad global de energía renovable al 2024; sin embargo, en el Perú en vez de fomentar la transición energética hemos estado hablando de nacionalización y reforma agraria como si volver a los 60’ fuera una opción viable. El actual gobierno avala el modelo boliviano pero olvida los benchmarks de la región y omite que el sector privado es el mayor inversor de energías renovables en América Latina. El nuevo ministro del MINEM, Eduardo González, es un experto en energías renovables y podría ser una pieza clave en la transición energética, a diferencia de su antecesor esperemos que reconozca el papel que juega el Consorcio Camisea en nuestra matriz energética y la importancia de ejecutar proyectos intermitentes hasta que desarrollemos mayores fuentes de energía renovable. El cambio climático nos afecta a todos y dependerá de nosotros qué tanta importancia le damos al medio ambiente cuando elegimos a nuestros gobernantes.

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