La tremenda corte, por Pablo Ferreyros

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Hace unos días, nuestro Tribunal Constitucional prohibió denegar préstamos “considerando como único criterio la edad”. Se sustentó en que ello supondría un trato discriminatorio, contrario al derecho de igualdad. Esta decisión, sin embargo, puede resultar -dependiendo de cómo se den las cosas- o simplemente inútil o tremendamente perjudicial.

La argumentación del TC tiene lo suyo. Señala que denegar préstamos por razones de edad es una medida idónea para reducir el riesgo de no pago, pero que hay alternativas igual de eficientes y menos lesivas, como seguros o mayores intereses. El razonamiento hace sentido en el caso concreto, que trata sobre una decisión del Banco de la Nación. Este, al ser una entidad pública y sin fines de lucro, necesita que sus lineamientos sean definidos por alguien más. En la medida en que el dinero de los contribuyentes no se ponga en riesgo, no debería haber complicaciones. El problema es que el precedente se aplica también a bancos privados.

A diferencia de lo que ocurre con el Banco de la Nación, los privados tienen sus lineamientos dados por un afán de lucro – que en un mercado competitivo es uno de eficiencia-. Ya que de eso trata su negocio, tienen todos los incentivos para prestar dinero a la mayor cantidad posible de personas. Si deniegan un préstamo, perdiendo con ello una oportunidad de negocio, es porque realmente consideran que la persona no podrá pagarlo.

Quienes trabajan en bancos saben mejor que nadie (y desde luego mejor que los abogados del TC) sobre la existencia y el funcionamiento de mecanismos como los mencionados seguros. Si a pesar de ellos consideran oportuno negarle crédito a un adulto mayor, no será precisamente por una aversión a los jubilados o alguna otra motivación idiota. Claro, siempre que presumamos cierta racionalidad. Precisamente por ahí por ahí parece ir el problema con el TC.

La edad, como bien indican los magistrados Urviola y Sardón en su voto disidente, es un criterio válido para distinguir. No solo jurídicamente -de lo que no nos ocuparemos acá-, sino en un sentido práctico: es muy probable que quien excede la expectativa de vida promedio tenga por delante menos años de los que serán necesarios para pagar el préstamo. En virtud de la decisión que venimos comentando, sin embargo, los bancos se verán impedidos de tomar este criterio en cuenta.

¿Qué consecuencias puede traer esto? Hay dos escenarios posibles. Si el test de necesidad del TC está bien hecho y los mecanismos sugeridos efectivamente suponen una solución, lo más seguro es que estos ya estén siendo usados. Hacer extensivo el precedente a los bancos privados sería entonces simplemente inútil. Si la evaluación del TC, en cambio, omitió ciertos aspectos del análisis, se estaría facilitando el endeudamiento de gente que luego no podrá pagar[1]. En los casos en que los bancos no logren encontrar alguna otra razón para impedirlo, habrá consecuencias bastante negativas.

Empecemos por recordar que el dinero que los bancos prestan no es suyo, sino de los ahorristas. Estos, al verse obligados a financiar un mayor número de préstamos impagos, podrán eventualmente acabar recibiendo pérdidas por sus depósitos. Es posible que además se eleve la tasa de interés para que los otros prestatarios financien a quienes no paguen. Ambas consecuencias, como apuntan acertadamente Urviola y Sardón, terminarán por reducir el ya precario nivel de bancarización de nuestra economía.

A ello debe sumarse que, de verse afectadas las entidades financieras por la reducción de sus clientes, se atentaría seriamente contra la competencia. Quienes mejor podrían afrontar este costo adicional serían las empresas más grandes, obteniendo así una indebida ventaja sobre las de menor tamaño (piénsese en las cajas municipales). Esta distorsión podría además acabar sacando a algunas de ellas del mercado y reduciendo el número de opciones disponibles.

En ocasiones como esta, quienes nos dedicamos al derecho deberíamos reconocer nuestra falta de conocimiento sobre determinadas cuestiones económicas en vez de intentar forzarlas. De hacerlo, como suele ocurrir, terminaremos afectando los derechos que buscábamos proteger u otros de igual valor. Esperemos que el análisis del TC esté bien hecho y que la extensión de este precedente a los bancos privados no pase de un inútil ejercicio de soberbia de abogados tratando de aleccionar a financistas sobre temas financieros. Ese sería el mal menor.

[1] Sobre el desconocimiento económico del TC determinados temas económicos, ver http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52176. Sobre este caso particular, resulta bastante pintoresco que se prohíba a los bancos poner “requisitos arbitrarios para el acceso al crédito” que lo hagan “impracticable”.