En la actual campaña electoral, el nombre de Fernando Belaunde Terry, nuestro dos veces presidente (1963-1968 y 1980-1985), ha resonado más que en cualquier otro proceso eleccionario de nuestra historia reciente, y no solo porque un candidato de su partido, ‘Acción-Popular’ (AP) se encuentre pugnando el segundo lugar con grandes chances de acceder a la segunda vuelta, sino porque otras voces de nuestro espectro político han sacado a relucir el nombre del ex presidente. Basta ver al candidato de Peruanos Por el Kambio (PPK), Pedro Pablo Kuczynski -por ejemplo- que aseguró en una entrevista en televisión que “a diferencia de otros que se ponen el ropaje” él sí trabajó con Belaunde Terry y que, inclusive, cuando fue su ministro de Energía y Minas durante el primer gobierno acciopopulista, se dedicó a recorrer el Perú “pueblo por pueblo” al estilo del fundador del partido de la ‘lampa’.
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Pero ¿fue realmente Fernando Belaunde un presidente excepcional? ¿O está sobrevalorado? Seamos justos, méritos existen para un presidente que abrazó la democracia como koala, tendió puentes entra las regiones y vivió con un amor almibarado hacia esa selva tan abandonada y condenada al ostracismo por presidentes y dictadores durante décadas. No obstante, en sus dos gobiernos también se cometieron desaciertos, deslices y errores que -en ocasiones- no solo le trajeron al país graves consecuencias económicas, sino también pérdidas humanas irreparables cuya marca aún no ha podido cicatrizar. Aquí, un breve compendio de los yerros del ex presidente.
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1) El escándalo de la página once
El 13 de agosto de 1968, el gobierno de Belaunde y la International Petroleum Company (IPC) suscribieron el Acta de Talara, un acuerdo por el que los yacimientos petroleros de la Brea y Pariñas, así como las instalaciones industriales de Talara (Piura) -desde 1904 en manos de la multinacional americana- pasaban a la compañía nacional Empresa Petrolera Fiscal (EPF).
No obstante, la refinería aún quedaría bajo administración del IPC, que debía (por acuerdo) comprarle el crudo a la EPF al precio del mercado. “Dijimos, sintetizando nuestro pensamiento, que no buscábamos la confiscación de lo ajeno sino la recuperación de lo propio, siendo los yacimientos de La Brea y Pariñas, lo propio”, aseguró Belaunde Terry durante un mensaje al pueblo peruano.
“No sé si estatizarlo (La Brea y Pariñas) fue la solución, pero sí había que renegociar el contrato, creo que estatizarlo ni siquiera fue positivo. ¿Sabes que recién el año pasado se terminó de pagar la deuda que se tenía con el IPC por haber expropiado e incumplido el contrato? Fue un desacierto total”, nos comenta un historiador cuyo nombre no quiso revelar debido a la coyuntura política.
Sin embargo, el 10 de setiembre de 1968, el presidente de la EPF, Carlos Loret de Mola, denunció públicamente que en el contrato faltaba una página -la número once- la que se había extraviado y en la que -supuestamente- se establecía un pacto corrupto por el que la IPC debía comprar el petróleo a la EPF por un valor mucho menor que el del mercado, favoreciendo así a la compañía estadounidense.
El escándalo fue portada de los diarios más importantes y provocó un remezón en las altas esferas del gobierno que -se estima- apresuró el golpe de Estado que el general Juan Velasco Alvarado llevaría a cabo menos de un mes después (el 3 de octubre). Tiempo después se llegaría a conocer que la famosa página once sí existía, pero esta solo era una hoja en blanco.
Según algunos investigadores, este escándalo y el posterior golpe de Estado son una muestra de lo débil y endeble que fue el liderazgo de Belaunde Terry que, desde un inicio, padeció algunos problemas debido a la mayoría congresal (en manos del Apra y de la Unión Odríista) que puso trabas y óbices para que las propuestas del acciopopulista no se concretaran.
“Sabemos que Belaunde no tenía el control del gobierno, no tenía mayoría en el Congreso, que muchos de sus proyectos no tuvieron ningún tipo de repercusión real; por ejemplo la marginal de la selva, era una buena idea, pero no se llegó a concretar sino hasta con Toledo”, explica nuestra fuente.
2) Inacción ante Sendero Luminoso
A inicios de 1970 nace en la universidad San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) el PCP-Sendero Luminoso [como resultado de la escisión con el PCP-Bandera Roja dirigido por el abogado Saturnino Paredes]. Un grupo maoísta (aunque ellos se definían como ‘marxistas-leninistas-maoístas’) encabezados por el profesor de filosofía, Abimael Guzmán Reynoso, cuya insurrección contra el Estado llevó al Perú a una sangría nunca antes vista que le costó -según datos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación– casi 70 000 muertes, de los que SL tuvo responsabilidad directa en, por lo menos, 31.331 casos.
El 17 de mayo de 1980, en el pequeño poblado de Chuschi (Ayacucho), Sendero Luminoso inició su revolución robando las ánforas de votación que iban a ser utilizadas al día siguiente en las elecciones presidenciales y las quemaron en un campo cercano. Dos años más tarde, el 3 marzo de 1982, tomaron por asalto la cárcel de Ayacucho, asesinando policías y liberando a más de 300 terroristas.
No obstante, el presidente Belaunde recién reaccionó en 1983 y lo hizo de una manera poco acertada: decretó el Estado de emergencia en Ayacucho -la zona de control de Sendero- e impuso una política represiva sin una estrategia clara y con poca inteligencia militar que solo sirvió para exacerbar la carnicería y provocar un aluvión de víctimas inocentes. Los miembros del Ejército cayeron en situaciones de violación de derechos de cientos de civiles y, contrario a lo que se buscaba, el accionar de Sendero no solo no mermó, sino que consiguió propalarse por la región central del país hasta llegar a Lima unos años más tarde.
“Él tomó acciones, pero acciones equivocadas. El régimen de Belaunde fue responsable de muchas más víctimas inocentes que el régimen de Fujimori”, anuncia el experto.
Muchos vilipendian a Belaunde Terry por haber llamado ‘abigeos’ (ladrones de ganado) a los terroristas, en un inicio de la ofensiva senderista a comienzos de la década de los 80’s. No obstante, nuestra fuente nos comenta que Belaunde sí midió el peligro de la insurrección pero que quiso poner paños fríos a la situación para que la población no cayera en el alarmismo. “Él no pensó que eran unos ‘abigeos’, él dice eso para que la prensa no cree un monstruo mucho más grande de lo que había”, asegura.
3) La inflación y los óbices económicos
Si bien es cierto el gobierno de Alan García que sucedió al último de Fernando Belaunde Terry fue un completo desastre en materia económica, el del acciopopulista no se salvó de algunos desvaríos, especialmente por los mazazos que le propinaron dos hechos cuyos efectos pudieron haberse previsto y gestionado de una mejor manera: el accionar de Sendero Luminoso en la sierra peruana y el violento Fenómeno El Niño que asoló la costa norte del país en 1983.
De estos dos fue principalmente el fenómeno metereológico el que provocó una caída notable en las exportaciones agrícolas al destrozar millones de hectáreas de cultivo en las regiones de Tumbes y Piura y al urgir de presupuesto para contener y tratar de paliar los efectos desastrosos en la población. En Piura, por ejemplo, las lluvias fueron tan apocalípticas que solo se necesitaron 45 minutos para que se precipitara la misma cantidad de agua que caía en todo un años (45 milímetros). Cerca de 19.950 viviendas colapsaron afectando la vida de más de 104.052 peruanos.
Así también, el segundo gobierno del acciopopulista alcanzó cuotas de inflación tan elevadas (125% anual) que, si la historia las ha olvidado, es solo porque las de su sucesor aprista quebraron todos los récords internacionales.
“Fue un desastre (económicamente hablando). Ten en cuenta que el Estado peruana estaba en quiebra porque los militares despilfarraron las arcas de una manera salvaje. Los militares son los responsables del desastre económico de Belaunde y de Alan García (pero) también ten en cuenta que si tu eres presidente tú no puedes decir ‘la culpa es del que vino atrás mío’. Entonces no te lances para presidente pues, si tu quieres ser presidente no puedes responsabilizar al anterior, si postulas es porque tu puedes arreglarlo ¿no?”, explica el historiador consultado para este informe.
4) El intento de reforma agraria en el Cusco
En 1963 la Junta Militar liderada por el general Pérez Godoy -que se había instaurado tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Prado y Ugarteche– propuso, como una de sus condiciones para dejar el poder y convocar a elecciones generales, que el próximo presidente de la República tendría que aplicar la tan urgente reforma agraria cuyo reclamo, por aquellos años, ya había provocado algunos levantamientos en los latifundios de la sierra sur del país contra los grandes terratenientes conocidos por aquellas zonas como ‘gamonales’.
Así, en una elección disputada, el arquitecto Fernando Belaunde Terry se impuso a dos conocidos del espectro político de entonces: Víctor Raúl Haya De la Torre (fundador histórico del Partido Aprista Peruano) y Manuel Odría (representante de la Unión Nacional Odriísta o UNO).
Belaunde, tal y como se había acordado, trató de implementar la reforma agraria, pero antes de darle alcance nacional, optó por instaurar un programa piloto en una de las regiones más efervescente de aquel entonces: Cusco. No obstante, la falta de planificación y una pésima gestión por parte del gobierno hicieron, no solo que la tan esperada Reforma Agraria no diera sus frutos, sino que -por el contrario- solo le generó más pérdidas al Estado.
Como explica el historiador Peter Klaren en el libro ‘Nación y sociedad en la historia del Perú’:
“El resultado final de la primera ley de reforma agraria comprehensiva en la historia del Perú fue decepcionante. Según la administración belaundista, durante los siguientes cuatro años fueron expropiados 873.000 hectáreas de tierra, beneficiando a 12.000 familias, en tanto que el subsiguiente régimen velasquista dio la cifra de 783.000 hectáreas, que beneficiaron a 7.224 familias (Masterson 1991: 209; 236, n. 26). En cualquiera de los dos casos, el total representa apenas el tres por ciento de las tierras que podían ser expropiadas y unos cuantos miles de familias de por lo menos un millón de ellas. Paradójicamente, los beneficiarios de la ley resultaron ser los campesinos que se aferraron tenazmente a las tierras que tomaron durante los primeros dos años del gobierno de Belaunde”.
