Las vicisitudes del Poder, por Diethell Columbus

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El caso del ex consejero presidencial Carlos Moreno Chacón ha generado la primera crisis de corrupción en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y aunque ahora se pretenda minimizar el episodio bautizado como “el negociazo”, lo cierto es que este asunto no acabará con las acciones ejecutadas por el gobierno.

Por ejemplo, en vano gastan energías argumentando que el ex consejero presidencial no desempeñaba una labor trascendente en el gobierno o que su presencia no era gravitante, cuando lo cierto es todo lo contrario, al punto que en un acto inusual el propio PPK ordenó expresamente que todas las entidades conformantes del Poder Ejecutivo estaban obligadas a prestar apoyo técnico y logístico al cuestionado consejero presidencial.

Lo anterior no es una conjetura o una interpretación de mala fe. Basta con revisar el diario oficial “El Peruano” del día 03.08.16 y leer la Resolución Suprema N° 184-2016-PCM en la que expresamente el Presidente de la República deja en claro que se debe atender los requerimientos de Moreno Chacón, de lo cual se colige lo importante de sus funciones para la gestión Kuczynski.

En este punto, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Los demás consejeros presidenciales y asesores técnicos del despacho presidencial tienen esos mismos privilegios? Al parecer no. Si revisamos las resoluciones supremas con las que fueron designados Felipe Ortiz de Zevallos, Máximo San Román, Jorge Villacorta y José Labán, caeremos en cuenta que a ninguno de ellos se les confiere la gracia presidencial de la que gozaba Carlos Moreno Chacón.

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Por otra parte y ahondando más en el tema, el domingo pasado la Ministra de Justicia en una entrevista para el programa Panorama, señaló que Carlos Moreno no era funcionario sino un asesor ad honorem, empero, si revisamos las resoluciones supremas con las que se designó a Felipe Ortiz de Zevallos y a Máximo San Román (ambos consejeros al igual que Moreno) veremos que se indicó expresamente que la función de estos es ad honorem; situación que no ocurre en el caso de Moreno Chacón.

Por otra parte, que la Ministra de Justicia señale que Moreno Chacón no era funcionario resulta preocupante y a la vez contradictorio, toda vez que si éste no tenía tal condición ¿Por qué el Director de Asesoría Jurídica de la PCM interpuso una denuncia por la presunta comisión de los delitos de cohecho y colusión, que son figuras penales en las que solo pueden incurrir aquellos que ejercen función pública? Aquí no discutiré el hecho que la denuncia debió ser presentada por el Procurador de la PCM, pues el Decreto Legislativo N° 1068 es clarísimo en ese sentido. Lo bueno es que ya no importa cómo se planteó la denuncia o quien la interpuso, pues al haberse difundido mediáticamente la escandalosa situación que involucra a un consejero presidencial en posibles actos de corrupción, el Ministerio Público iniciará de oficio una investigación, subsanándose cualquier lapsus que se haya cometido.

Cabe precisar que al margen de la disquisición penal que podamos hacer sobre la naturaleza jurídica del cargo de consejero o asesor y si este debe ser considerado como funcionario para efectos de una investigación penal, conviene recordar que Moreno Chacón no solo era consejero presidencial, sino que además ejercía en paralelo el cargo de Responsable del Centro Nacional de Gastroenterología, es decir, que sí tenía la condición de funcionario y, por tanto, podría ser investigado y procesado por los delitos que se denuncian sin ningún problema.

A la luz de cómo se han llevado las cosas en este caso tan delicado, resulta obvio que el gobierno no ha sabido manejar adecuadamente su primera crisis por temas de corrupción, al punto que pareciera que sus voceros no estaban muy al tanto de todos los hechos o de lo que estos implicaban. Queda esperar cómo se desarrollan las investigaciones por este enojoso tema, que por lo que se ha destapado hasta el momento no solo comprometería las acciones del actual gobierno sino que revelan el cómo se ha venido “trabajando” el tema de la salud pública en nuestro país y los “negociazos” que se han hecho. Es muy probable que esta situación termine por arrastrar a los anteriores gobiernos, pues valgan verdades, los audios difundidos demuestran que este sería un modus operandi enquistado en el sistema de salud pública.

Finalmente, debo rectificarme en la crítica que hice a la resolución por medio de la cual se aceptó la renuncia de Carlos Moreno Chacón, en el extremo que le daba las gracias por los servicios prestados. Sinceramente hay que agradecerle de cierta forma, porque nos ha ayudado a exponer un problema mayúsculo que estaba pasando inadvertido, al parecer desde hace varios años.