Lecciones por aprender de la clase dirigente

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La condena de cinco años de prisión impuesta a Lelio Balarezo, ex vicepresidente de la CONFIEP y presidente de la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) por el delito de defraudación tributaria, ha dejado un sinsabor en la opinión pública, esencialmente por la aparente escasa autocrítica proveniente de los más relevantes representantes del sector privado de nuestro país.

Lo hecho por Balarezo, millones más, millones menos, es equivalente a lo que hizo José Anaya, el tristemente célebre ex congresista “come-pollo”, hoy en prisión, como bien lo han recordado los blogueros José Alejandro Godoy y Marco Sifuentes. En efecto, sería lamentable caer en la insensata complacencia de “descubrir” que, tanto en el Estado como en las empresas, existe corrupción. Evidentemente, esto es sabido, y el reciente fallo del Poder Judicial solamente ha transparentado que a la clase dirigente peruana le falta madurar y, en un país adolescente requerido de liderazgo, ellos son los primeros llamados a crecer y dirigir el país.

¿Qué sedujo a una prominente y prestigiosa personalidad del mundo empresarial local a jugarse todo lo que tiene por mantener unos cuantos millones en el bolsillo? Posiblemente la percepción generalizada de que, en este país, no pasa nada, y menos, si se tiene poder. El poder, cuando cae en las manos inadecuadas, obnubila, y este parece haber sido el caso del Sr. Balarezo.

Así, el otrora presidente de CAPECO ha sucumbido a las mismas tentaciones que sufre un político mediocre: meterse al bolsillo dinero de todos los peruanos (ya que evadió declarar impuestos que debieron ir a parar al erario público). Eso hace que su crimen sea tan condenable como el de cualquier funcionario público que fragua boletas para luego pasarlas como viáticos o que realiza arreglos para adjudicar alguna licitación o concurso público a dedo.

Frente a ello, Martín Pérez, presidente de la CONFIEP, afirmó que el comportamiento de una persona no es equivalente al de una institución. Y está bien. No obstante, es importante recalcar que, así como no todos los empresarios son corruptos, tampoco lo son los políticos. Sin embargo, el beneficio de la duda en el caso de políticos y funcionarios públicos no tiene la amplitud de la que gozan quienes se desenvuelven en el sector privado. Posiblemente, esto último se debe a que políticos y funcionarios se han ganado ese desprestigio a pulso, pero es evidente que existe gente de bien dispuesta a servir al país desde la cosa pública, tal como lo hacen los buenos empresarios que tributan, pagan a sus trabajadores y generan valor a su comunidad.

El pendiente, entonces, es que quienes se desempeñan en el sector público, y especialmente el privado en este caso, pisen tierra sobre los enormes retos que enfrentan al aún cargar con malas prácticas que recuerdan a lo peor de ambos y que heredamos de tiempos en los que era buena práctica corporativa el que funcionario y empresario tranzaran debajo de la mesa para acceder a beneficios en particular. Afortunadamente, la coyuntura y las circunstancias parecen indicar que hoy, en el Estado y en el sector privado, contamos con profesionales más competentes e intolerantes con este tipo de crímenes. Sin embargo, la solución parte de reconocer que hay un problema, y aquí, desafortunadamente, parece que apenas se quiere pasar éste por debajo de la alfombra.