Con la propagación del coronavirus, las libertades esenciales del hombre se han suspendido y la cuarentena, que se asemeja más a un arresto domiciliario, ha despertado instintos de supervivencia. En ese desarrollo, la obtención de medicamentos es de prioridad alta.
En este contexto se pretende, de manera demagógica, fijar el precio de mascarillas, alcohol, guantes y medicamentos. El argumento esgrimido es la “tiranía del mercado”. Cualquiera con conceptos económicos fundamentales entenderá que el control de precios es un disparate por distintas razones. Veamos.
El precio es un mecanismo de transmisión de información (conocimiento), disperso en la sociedad, que no puede establecer la burocracia. Los precios se establecen en función a los costos de producción y no por la presión de las calles o el capricho de un funcionario estatal y político.
Como señala Carlos Adrianzén de la Universidad del Pacífico, si por ejemplo se controla el precio por encima del precio de equilibrio (precio en el que la cantidad demandada es igual a la cantidad oferta), se empobrece a sus consumidores cobrándoles más de lo que se debería, y en el largo plazo, se consume menos del bien o servicio y la sociedad pierde. Por otro lado, si se fija el precio por debajo de su valor de mercado, este precio máximo, declara que es ilegal vender un producto sobre determinado precio, obligando el gobierno a todos los ciudadanos, a que todas las compra-ventas (transacciones) se realicen a un precio menor o igual al precio máximo impuesto por el gobierno.
La propuesta del control de precios no causa, entonces, ningún bien. Por el contrario, genera escasez y colas, y perjudica el acceso a los productos por parte de la ciudadanía. Esta experiencia la tuvimos durante el gobierno socialista de Juan Velasco.
Asimismo, el control de precios también genera mercados paralelos (mercado negro) con productos más caros y calidad baja. Otro impacto negativo en el consumidor final. Según Axel Kaiser, Doctor en Filosofía de la Universidad de Heidelberg, la persecución del mercado formal genera mercados informales con estándares de calidad inferiores y sin ninguna clase de control sanitario. Adicionalmente, el productor o importador traslada el costo de los riesgos de multas, imposiciones arbitrarias y hasta encarcelamientos al precio de venta al público.
En el caso de los medicamentos contra el COVID-19, el control de precios destruye el interés de los laboratorios a incrementar su producción debido al incremento en la demanda. En este contexto, el control de precios desincentiva la oferta. Como consecuencia, las personas con menor poder adquisitivo, serán las que tengan mayores dificultades para adquirir las máscaras o los medicamentos que requieran, obligándolas a pagar más en el mercado paralelo.
Elmer Cuba de Macroconsult, se opone a las propuestas populistas presentadas en el Congreso de la República las cuales buscan establecer un control de precios a los medicamentos y, como ya sabemos, las medidas terminan siendo perjudiciales para la población. No obstante, para frenar el alza de precios, es importante difundir los precios de las farmacias a través del observatorio de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y/o incorporar genéricos para el tratamiento del COVID-19. La información promueve la competencia. Igualmente, para el abogado Ántero Flores Aráoz la Digemid debe acelerar los procesos de importación y validación de medicamentos con el fin de aumentar la oferta de los medicamentos y evitar el desabastecimiento. Vale señalar que, según un informe realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el mercado farmacéutico nacional, el 79% de los medicamentos son comprados por EsSalud, Minsa y FFAA y PNP.
Finalmente, es inexcusable que la población no pueda abastecerse de medicamentos en las farmacias públicas en situaciones de emergencia. Si el sistema público de suministro de medicinas funciona de manera correcta, este impacta directamente en el aumento de la oferta total de medicinas y contribuye a la reducción del precio. Por otra parte, es indispensable que Indecopi evite que las cadenas de farmacias ejerzan abuso de su posición de dominio en el mercado, mientras que el Estado Peruano en su conjunto, contribuye a incentivar la libre competencia, reduce las trabas burocráticas, liquida los oligopolios y termina con las corruptelas enquistadas.
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