Lo ancho para mis amigos, por Diego Reinoso

«Es lamentable que la CIDH, completamente desnaturalizada en esta decisión admita la demanda del actor de crímenes execrables; más aún pretenda mantenerse como legítima instancia supranacional de tutela de los DDHH y defensora de la democracia.»

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Han pasado 20 años de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Cuestionada y duramente criticada por todos los sectores de la política peruana, los más conservadores señalaron que era un informe sesgado que avalaba las practicas de grupos terroristas y responsabilizaba a las fuerzas armadas del empleo injustificado de la fuerza; por otro lado, los más “progresistas” tuvieron un ariete para culpar a los mandos militares de crímenes contra a la población indígena y castigar al gobierno de Fujimori por delitos de lesa humanidad.

Una clara convicción, más allá de las críticas y de los reparos que surgen al hablar de estos hechos, es la defensa de los Derechos Humanos. Tal vez sea un aspecto que permite diferencias a demócratas de aquellos que poseen ideologías totalitarias o violentistas, sean del frente que sean; los DDHH son necesarios en un Estado de Derecho, ya que son garantías básicas que limitan al Estado en el ejercicio del poder, facilitando a los individuos el desarrollo de su proyecto de vida en un ambiente de paz y libertad.

Lo cierto es que, a los ojos de la comunidad internacional, el Perú con la CVR empleaba estándares internacionales en la protección de derechos humanos, actuando con amplísima transparencia frente a este tipo de conflictos. Los grupos terroristas pretendieron imponer con violencia su ideario comunista durante la década de 1980 y 1990, es un hecho innegable; sin embargo, la historiografía empleada por algunos, pretenden desnaturalizar la realidad que azotó al pueblo peruano y preconizarlos como luchadores sociales.

Justamente, una noticia que me ha estremecido, es la demanda admitida por la CIDH del condenado terrorista Víctor Polay Campos, fundador del MRT con sus “Cárceles del Pueblo” donde secuestraban, torturaban y mataban a sus víctimas, entre otros ilícitos que realizaban. En líneas superiores decimos que la defensa de los DDHH es fundamental para el Estado de Derecho contemporáneo, justamente, es este el origen del Sistema Interamericano de DDHH, pero también es velar por la convivencia pacífica y democrática, defendiendo un ideal de libertad frente al azote de grupos totalitarios.

Es lamentable que la CIDH, completamente desnaturalizada en esta decisión admita la demanda del actor de crímenes execrables; más aún pretenda mantenerse como legítima instancia supranacional de tutela de los DDHH y defensora de la democracia. Desde hace varios años se viene denunciado este actuar pernicioso de la CIDH, mientras los más “afines” a sus actuaciones han aplaudido sus lamentables intervenciones.

No es momento de debatir la permanencia del Perú en el sistema IDH, pero si es menester denunciar un acto contrario contra la nación peruana, pues el Perú aún mantiene una herida abierta por la violencia vivida durante los años del flagelo terrorista y la CIDH al admitir esta demanda revictimiza a los 33 millones de peruano a costa de los intereses de un terrorista.

La Corte IDH ha dejado precedentes jurisdiccionales donde se han convalidado y aceptado los procesos penales seguidos en contra de los terroristas por parte de la justicia peruana, como es el caso de la terrorista Lori Berenson. Pese a este precedente y otros que existen a favor de Perú, la Comisión IDH ha aceptado la demanda de Polay Campos, olvidando sus antecedentes y demostrando su afinidad que solapadamente esconden en su puesto deber institucional.

Más allá de las observaciones jurídicas o políticas que puedan hacer a esta columna, algo es claro, el Perú con sus 33 millones de ciudadanos, padeció la violencia de estos grupos terroristas que pretendieron imponer por la fuerza su ideología totalitaria; no podemos aceptar que un pueblo damnificado repare las supuestas vulneraciones de DDHH de los autores que sembraron el terror durante dos décadas, más aún si ellos nunca se preocuparon por reparar a las víctimas de sus actos y reconocieron sus crímenes.

El gobierno tiene la más alta responsabilidad, defender a los 33 millones de peruanos ante la CIDH, en vista a que la instancia supranacional ha claudicado en la defensa de los DDHH y ha avalado al terrorista Polay Campos defendiendo sus intereses. Pareciera que en la CIDH no cesan de repetir: “lo ancho para mis amigos…” y actúan en consecuencia.

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