Lo que faltaba: una gran metida de pata, por Federico Prieto Celi

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Crear presos políticos es lo último que le falta al actual gobierno, para ser visto en el exterior como una dictadura que manipula al poder judicial y que tiene un parlamento sospechosamente sumiso. El desconocido Lenin Checco, vocero parlamentario del izquierdista Frente Amplio, ha anunciado que su partido formalizó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones contra Mercedes Aráoz, que ingresó a la política como tecnócrata y ha hecho buenas gestiones; y promueve una denuncia contra ella ante la Comisión de Acusaciones del Congreso, por jurar al cargo de la Presidencia de la República el 30 de setiembre de 2019, denuncia que incluirá a los miembros de la mesa directiva del anterior Parlamento, que encabezó Pedro Olaechea.

Esta iniciativa demuestra que el actual parlamento es aún peor que el anterior, que al menos supo enfrentarse al poder ejecutivo, destituyendo al presidente de la República, por alterar el equilibro de poderes, al intentar cerrar indebidamente el Congreso. Recordar la más funesta acción de la presidencia fáctica de Martín Vizcarra, inconstitucional a pesar de lo que haya dicho el desprestigiado Tribunal Constitucional, es recordar el momento en el que perdió su plena legalidad constitucional y es, a la vez, el camino para vender la imagen de dictador, al permitir la persecución de políticos que no le son ayayeros.

El 7 de mayo de 2020 el pleno del Congreso aprobó por 112 votos a favor y 15 abstenciones (de Fuerza Popular) la renuncia de Aráoz al cargo de vicepresidenta de la República, presentada siete meses antes, el 1 de octubre del 2019. Recordemos que Mercedes Aráoz es una economista y profesora universitaria que en las elecciones de 2016 fue elegida segunda vicepresidenta de la República y congresista. En el gobierno de Kuczynski fue presidenta del Consejo de Ministros. En el segundo mandato de García fue ministra de Comercio Exterior y Turismo; de la Producción; y de Economía y Finanzas.

El 30 de septiembre de 2019, después de la suspensión temporal del presidente Martín Vizcarra por el Congreso disuelto, juramentó como presidenta en funciones –presidenta política, comentó Pedro Olaechea, aunque esa figura no existe– por ser la primera funcionaria en línea de sucesión pero al día siguiente renunció a la vicepresidencia y declinó encargarse de las funciones presidenciales, dado que Vizcarra, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se declaró presidente fáctico de la República.

En el intrincado complejo de la legislación peruana, a partir del año 2000 se ha ido incrementando la venganza político-partidaria mediante el uso del poder judicial, aireada en el parlamento y en los medios, lo que ha valido al Perú desprestigio en el exterior, a causa de las investigaciones y procesos judiciales contra Fujimori, García, Toledo, Humala y Kuczynski, y muchos ministros y otros funcionarios públicos. Como en esta cruzada de odio están metidos en una misma canasta inocentes y culpables, hemos visto envejecer en detención al presidente Fujimori –uno de los mejores que hemos tenido en el siglo XX– y el inesperado suicidio de García, que enmendó en su segundo mandato los errores cometidos en el primero.

La señora Mercedes Aráoz no ha cometido ningún delito. Toda acción en contrario debe asumirse como persecución política. Y como búmeran: ‘arma que tras ser lanzada, si no impacta en el objetivo, regresa a su punto de origen debido a su perfil aerodinámico y forma de lanzamiento especiales’ (Google). En este caso, el búmeran contra Mercedes Aráoz le puede explotar en la cara al presidente de la República, al permitir una persecución política propia de las dictaduras. ¡Qué tal metida de pata!

 

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