Lo que no se ve de Bastiat y otro golpe al consumidor, por Daniella Ravelo

«En lugar de mejorar la situación del consumidor, esta medida termina afectándolo negativamente. De llegarse a ver en el Pleno del Congreso, no debería aprobarse.»

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Imaginen, por un momento, que de ahora en adelante los restaurantes están obligados por ley a vender sus sándwiches con papas y gaseosa. Eso parece que sería mejor para el consumidor, ¿no? Pareciera que sí. Pero como bien decía Bastiat hay cosas que se ven y otras que no se ven, y lo que es así en este ejemplo imaginario, es que al final del día esta obligación que aparentemente sería “mejor” para el consumidor, hará que aumenten los precios de todos los “combos”. ¿Es eso justo para los consumidores que no desean papas ni gaseosa? ¿Es eficiente? Creo que no.

Dicho esto último que sirve para entender el siguiente caso, vayamos con lo que nos convoca. Habiendo leído el último dictamen (proyectos de ley 2210 y 2956) aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso sobre el proyecto de ley que busca prohibir cobros por la elección de asientos o por equipaje de mano en los servicios de transporte aéreo, encuentro que es el claro ejemplo de lo que nos decía Bastiat. Este caso de mala regulación cuyo debate no duró ni 10 minutos, es un golpe al consumidor quien al final del día tendrá que hacer frente a un aumento de los precios en los pasajes aéreos. No debe aprobarse en el Pleno y aquí te explico “lo que no se ve” del dictamen.

En los últimos años, el sector aeronáutico viene adoptando un modelo flexible y personalizado de tarifas que incluyen alternativas más económicas como los casos de aerolíneas low cost. Este último servicio que viene compitiendo con el servicio “tradicional”, permite una ventaja importante: cobrar menos a aquellos que menos servicios usan. Esto permite la reducción de tarifas lo que se ha dado en todo el mundo y también en Perú. Este servicio más flexible, como señalan algunos especialistas, ha permitido el desarrollo de la aviación, turismo y comercio global, sumando más competidores y pasajeros, y reduciendo cada vez más las tarifas. El proyecto de ley pasa por alto que este es un mercado competitivo.

Por compartir unas cifras que me hicieron llegar muy amablemente, en Perú, se permitió que entre el 2011 y 2019, el número de pasajeros transportados por año aumentara de 18 a 40 millones y una reducción en ese periodo de casi 40% en los precios de los boletos aéreos en rutas domésticas e internacionales. Así, al prohibir el cobro por servicios adicionales, se estaría limitando la capacidad de las aerolíneas para ofrecer tarifas más bajas a aquellos pasajeros que necesitan menos servicios, lo que podría perjudicar a los consumidores que buscan tarifas más económicas. De esta forma, esta medida atenta contra la libertad de contratación y la libre empresa, que están protegidas constitucionalmente. Al prohibir a las aerolíneas que cobren por la elección de asientos o el equipaje de mano, se está imponiendo una modalidad de fijación de precios que afectará a cerca del 70% de los pasajeros que adquieran su boleto sin sumar ningún servicio adicional. Esto generará una menor competencia, mayores precios y escasez, lo que dificultará el acceso de los peruanos al servicio de transporte aéreo.

Por otro lado, esta medida es contraproducente para los consumidores que no desean pagar por servicios adicionales. Al obligar a las aerolíneas a incluir asientos y equipaje de mano en todos los boletos, se estará elevando el precio de los pasajes. Esto no es justo para los consumidores que no desean estos servicios, ya que tendrán que pagar por ellos de todas formas. En lugar de mejorar la situación del consumidor, esta medida termina afectándolo negativamente. De llegarse a ver en el Pleno del Congreso, no debería aprobarse.

Sin lugar a duda, este es otro ejemplo de cómo los políticos impulsan el uso del poder coactivo del Estado para impedir acuerdos entre las partes que son mutuamente beneficiosos. Es cierto, los cobros pueden ser incómodos para los consumidores. Uno siente que el asiento o el equipaje de mano son «inherentes» al servicio que uno ya pagó. No obstante, el impedir cobrar por asiento extra y equipaje de mano no hará que mágicamente todos los pasajeros seamos beneficiarios de un mejor servicio, sino que los perjudicados serán los pasajeros dispuestos a pagar menos porque las aerolíneas subirán los precios. Asimismo, el Congreso no eleva mágicamente la capacidad de carga de los aviones, ni puede por decreto hacer que un mayor peso no implique un mayor gasto de combustible. Cuando una aerolínea cobra por los servicios extra, lo que ocurre es que los pasajeros con mayor disposición al pago asumen una mayor porción de los costos totales de hacer que un avión realice una determinada ruta. Mientras que los pasajeros que pagan menos extras asumen una porción menor de dicho costo.

Esto último impide a las aerolíneas brindar productos para el viajero que por algún motivo lleva poco equipaje o no le interese mucho la ubicación de su asiento. En resumen y como decíamos, se está impidiendo a las aerolíneas y a esos consumidores realizar una transacción comercial que ambos veían como beneficiosa. Otro punto importante que considerar es que los viajes aéreos cortos que no requieren de mucho equipaje, por ejemplo, un viaje de negocios, o por temas legales o administrativos, elevarán su precio al verse las aerolíneas forzadas a asignar un espacio de carga que este tipo de consumidor no necesita.

En resumidas cuentas, llegado este dictamen al Pleno del Congreso no debería aprobarse. Y así como en el ejemplo de combos de sándwiches, hay cosas que se ven y otras que no se ven. Y antes de que digan que el ejemplo imaginario es irreal, sí hay consumidores de transporte aéreo que viajan sin «carry on» o que son indiferentes al asiento. De hecho, al momento de decidir la compra, los consumidores deciden principalmente por precio. Es interesante que lo que busca regular el dictamen sea un ejemplo clásico que ponen en clase de Economía y Derecho para explicar una mala regulación, y siendo sincera pensé que no se le iba a ocurrir a ningún legislador. Pero, así como mis profesores del curso siempre nos dijeron: hay veces que en materia de regulación “la ficción supera la realidad”.

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