Los 400 golpes, por Pablo Ferreyros

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Lo que viene ocurriendo en Venezuela desde el jueves pasado, tras el fallido autogolpe, no debería sorprender a nadie. Hace poco más de un año predijimos desde esta misma columna que las cosas irían en ese sentido, y no era difícil hacerlo. A inicios del año pasado había cierto optimismo: un congreso opositor había asumido funciones por primera vez bajo el régimen chavista y parecían soplar vientos de cambio. Pero la historia venezolana reciente hacía prever que el gobierno no aceptaría esto pacíficamente.

Anteayer Henrique Capriles fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años. Esta sentencia de muerte política, sin embargo, es solo el último de muchos embates contra la oposición. Un buen ejemplo es lo que ocurrió con el mismo Capriles tras reelegido gobernador del estado de Miranda en 2012. Al año siguiente, el gobierno central creo un engendro legal llamado CorpoMiranda, con atribuciones similares a las de la gobernación presidida por el opositor pero de director nombrado por el presidente. Dotada de un mayor presupuesto, esta creación ha venido desde entonces limitando las funciones que el voto popular había otorgado a Capriles.

Similar golpe soft sufrió otro opositor, Antonio Ledezma, poco después de haber sido elegido alcalde de Caracas. En 2009, Chávez creo la “Autoridad Única del Distrito Capital”, jurisdicción hasta entonces inexistente que sería controlada por el Ejecutivo. Esta cumplió los mismos fines de quitar progresivamente fondos y competencias al opositor popularmente elegido y llevó a Ledezma a emprender una dramática huelga de hambre para poder pagar a sus trabajadores municipales.  La persecución continuó y hoy Ledezma se encuentra desde hace dos años prisión sin que las acusaciones de golpismo que motivaron su encierro hayan sido probadas.

Podríamos seguir enumerando los numerosos golpes dados por el Chavismo a la democracia, hablar de Leopoldo López o del centro de torturas conocido como “La Tumba”. Pero vayamos directo al embate más reciente. Empezó a gestarse silenciosamente cuando en 2015, conocido ya el triunfo opositor en los comicios parlamentarios, la saliente Asamblea Nacional de mayoría oficialista nombró de un momento a otro a 13 nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -equivalente a nuestra Corte Suprema-. A partir de entonces, el TSJ pasaba a tener 28 magistrados abiertamente chavistas de un total de 32.

El gobierno controlaba el Poder Judicial y Maduro no esperaría mucho para usar este nuevo brazo. En enero de 2016, recién juramentados los nuevos parlamentarios, el TSJ objetó la elección de tres de ellos, opositores indígenas del estado de Amazonas. Pese a que habían sido desincorporados el año anterior, el pasado 30 de marzo el TSJ se justificó en este impasse para disolver la Asamblea y atribuirse sus funciones.

 El autogolpe fracasó por la presión popular e internacional, pero la situación sigue lejos de haberse solucionado. Desde el 11 de enero de este año, por obra del mismo TSJ, la asamblea nacional se encuentra declarada en desacato y todos sus actos son nulos. Sigue existiendo formalmente, pero solo quedan en vigencia los dos poderes controlados por Maduro.

Por ello, resultó -cuando menos- hipócrita que Verónika Mendoza declarara tras el autogolpe que se había roto “el equilibrio democrático en Venezuela”. Este ya estaba roto desde hace mucho y al 30 de marzo quedaban apenas sus rezagos. Tampoco se restituyo tras el fracaso del autogolpe, y la reciente inhabilitación de Capriles es muestra clara de ello.

Cuando no hay una debida separación de poderes, cuando el ejecutivo controla la producción de sentencias, lo legal no es muy diferente de lo arbitrario. Triste el camino que le espera a Venezuela, y triste también que nuestra izquierda insista en mantener su complacencia con la dictadura que la gobierna.