El estado catastrófico de la salud y la educación, como la inseguridad ciudadana, son una herencia histórica, que no se puede revertir en cinco años, pero que debe afrontarse con todos los recursos fiscales y la voluntad política, para que en el bicentenario se pueda valorar el esfuerzo. Esta debe ser la base de un acuerdo del legislativo y el gobierno, una vez terminado el “caso Saavedra”, que viene del gobierno anterior, para dejar la bicefalía indefinida de poder que, irónicamente, ahora genera un gran vacío político.
Por lo menos cien mil miembros de la Policía Nacional no votaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por orden de su comando. Habría presunción de que votarían por Fuerza Popular, dada la oferta laboral que les beneficiaba. Si hubieran votado, probablemente Keiko Fujimori sería Presidente. En Austria, ante una duda, repitieron las elecciones. Nadie ha pedido una investigación en el Congreso sobre este gravísimo hecho de la democracia peruana, del que Ollanta Humala es políticamente responsable, y que hubiera cambiado nuestra historia, mientras se judicializan muchos actos políticos intrascendentes.
Precisamente, el nuevo presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez Tineo, ha afirmado que no debe judicializarse la política, salvo los casos donde haya signos claros de actos delictivos, porque de lo contrario “tendríamos que tener enjuiciados a todos los alcaldes, a todos los regidores del Perú, a todos los gobernadores regionales, a todos los ministros de Estado, incluyendo a los jueces supremos”. Y, finalmente, “cada juez tiene que ser independiente de los poderes fácticos, incluido el mediático [medios, encuestas, redes] y de sus superiores”.
El gobierno debe estudiar cuánto ha crecido en los últimos años el presupuesto del Ministerio Público, antes de aplaudir una ley de la Procuraduría General del Estado, que podría costar lo mismo, si se maximiza innecesariamente sus funciones. Igualmente, debe tener en cuenta cuánto se alargarían las investigaciones de procuradores, fiscales y jueces. Esa medida, ¿sumaría o restaría el monto de la corrupción nacional? ¿Quién querrá asumir puestos públicos de confianza con una espada de Damocles, que se basaría en el equivocado principio de que “todo funcionario es culpable mientras él mismo no demuestre lo contrario”?
El inocente carpintero que se alejaba tranquilamente del incendio en Larcomar, contestando una llamada a su celular, y que fuera señalado por el ministro del Interior como presunto culpable de la catástrofe, prácticamente por no ser policía ni bombero que apagaban el fuego, sino un sereno ciudadano que regresaba a su hogar, es una lección que deben aprender muchos políticos figuretes y colegas sensacionalistas, porque están construyendo el mal común, contrario al bien común nacional. ¿Y las manifestaciones antimineras, ministro del Interior? Bien, gracias, diría Verónika Mendoza, que ha convocado a los suyos a tomar las calles.
El partido tradicional Popular Cristiano, que cumple cincuenta años de vida sin llegar al poder, salvo para compartirla un poco con Fernando Belaunde Terry, sigue soltando a sus líderes. Ha sido el turno de Raúl Castro. Deberían aprender del himno aprista por lo menos una frase: “¡prometamos jamás desertar!”. Si todos los miembros que se han ido volvieran a su alma mater, el PPC [que no tiene representación parlamentaria] sería el primer partido del país, por encima del Apra y Acción Popular, ambos con apenas cinco asientos en el Congreso. Una recomendación para los que quedan: no todos pueden ser los números uno. Hay otros números: dos, tres, cuatro, etcétera.
La pregunta de todos los tiempos es si la descomposición política nace de la sociedad, del Estado, de la democracia o de los partidos políticos. Por lo pronto, nadie se atreve a decir que la herencia de la corrupción política se ha incrementado en la medida que la sociedad ha ido aceptando costumbres permisivas, como la drogadicción, indisciplina escolar, ludopatía en los casinos, agresión al matrimonio y a la familia, pornografía en los espectáculos públicos, impunidad práctica ante la difamación, calumnia, ataque a la honra y buena fama e injuria, ingredientes de la pérdida de la identidad nacional.
Melgar, Cristal, la U, Muni, e inclusive Alianza, deben enfrentar la debilidad endémica del fútbol peruano, sanear sus finanzas –si no la tienen robusta- y aprender en cabeza ajena el escándalo económico del fútbol mundial. Tienen una deuda con nosotros. Deben devolvernos un espectáculo de calidad, al margen del fútbol europeo que hoy constituye el principal entretenimiento vía satélite de los aficionados al deporte. El Instituto Peruano del Deporte debe constituirse como un viceministerio, sin llegar a la exageración que llegó el Instituto Nacional de Cultura, que se convirtió en ministerio. Bastaría un ministerio de Educación, Cultura y Deporte, materias que se entrecruzan en toda la vida de cada persona. Así es en España, país culto que tiene el mejor fútbol del mundo.