Lucas Ghersi: “La Constitución peruana contenía el germen de la destrucción del Estado de Derecho”

Lucidez conversó con el abogado constitucionalista sobre las lecciones para el país derivadas de la crisis política del último quinquenio, sobre posibles reformas para evitar que esto se repita y sobre las propuestas de Perú Libre y Fuerza Popular.

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Resulta ineludible comenzar esta conversación consultándote por nuestra historia reciente. En el futuro, los historiadores bien podrían mirar asombrados la perenne y abrupta crisis política que atravesó nuestro país durante el último quinquenio; y que confrontó, particularmente, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo -aunque involucrando, también, a otros organismos autónomos como el TC o la Defensoría del Pueblo-. Si tenemos en consideración que las relaciones entre poderes constituidos se encuentran reguladas, primigeniamente, en la Constitución, ¿qué lecciones quedan para el futuro político y jurídico del país?

Creo que una elección muy importante que nosotros podemos entender, consiste en que, si queremos preservar el Estado de Derecho y preservar la libertad, no basta con declarar derechos fundamentales, sino que es necesario tener una estructura constitucional, donde el poder controle al poder. Dicho de otra manera, es la separación de poderes lo que al final va a ser el elemento indispensable para distinguir un Estado de Derecho de un autoritarismo o una dictadura.

Y puedo poner algunos ejemplos. Si nosotros vemos cuales son los países que tienen más derechos fundamentales en el mundo, no es que sean un ejemplo de Estado de Derecho. El país que tiene más derechos fundamentales en su Constitución es Ecuador. ¿Ecuador es un modelo de un Estado de Derecho sólido o admirable? No tanto, es un país que ha tenido muchos problemas de autoritarismo con el señor [Rafael] Correa.

¿Cuál es el segundo país con la mayor cantidad de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución? Bolivia. ¿Es Bolivia un modelo de un Estado de Derecho sólido? Lamentablemente no, hemos visto el fraude electoral terrible que ha hecho el señor [Evo] Morales más de una vez, la intimidación a la oposición, todo el autoritarismo del señor Evo Morales.

El tercer país es uno en Europa, luego ¿Cuál es el cuarto país con mayor cantidad de derechos fundamentales en el mundo? Venezuela. ¿Es Venezuela un ejemplo de Estado de Derecho sólido? No. Entonces un poco que la repuesta va cayendo por su propio peso: si nosotros queremos tener un estado de derecho y si queremos tener una situación en donde la Constitución no refleje el poder, sino que limite el poder, no podemos tener solamente garantías teóricas, sino que son, más bien, las instituciones independientes las que van a garantizar y las que van a defender nuestra libertad. Entonces lo central es la separación de poderes y, lamentablemente, en el Perú no tenemos un régimen de separación de poderes que sea estable y fuerte, sino que tenemos una situación en donde hay un poder del Estado que tiene la capacidad de apabullar, vencer o atarantar los demás poderes. Y esto a tal punto que, en el Perú, desde mi punto de vista, no tenemos presidente, sino que probablemente tenemos incas o virreyes todavía.

Ya en diciembre del año pasado, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sugería que solo el 2% de peruanos se encontraba de acuerdo con que “no se debe cambiar nada” de la Constitución vigente, mientras que otro 49% se mostraba de acuerdo con “hacerle algunos cambios” y un 48% tenía la intención de cambiarla totalmente, ¿No fueron estos resultados un presagio de la ahora factible posibilidad de que la Constitución sea cambiada?

Soy siempre escéptico de las encuestas, sobre todo en épocas de Covid-19, porque a veces no se llevan a cabo en la calle, sino por celular o WhatsApp, y a veces solo en áreas urbanas. Pero dejando de lado eso, sí podemos advertir que hay un malestar con el statu quo, y creo que ni una persona razonable o mínimamente inteligente en el Perú va a hacer una defensa a rajatabla del statu quo. Tenemos problemas muy graves de separación de poderes, y estos problemas tan grandes son lo que han permitido que haya una crisis política tan complicada en los últimos años en el Perú.

Entonces, necesitamos cambios bastante profundos, porque si el resultado de la política es negativo en el Perú, eso no es porque los peruanos seamos ignorantes, no tengamos cultura política o no votemos de una manera informada. En ningún lugar del mundo se vota de manera informada, la naturaleza de la votación es esa. Lo que ocurre en el Perú, es que tenemos malas reglas, que incentivan malos comportamientos.  Si nosotros cambiamos las malas reglas, por reglas que sean menos malas, vamos a tener resultados menos malos.

Yo estoy seguro que si nosotros vamos a un país que funciona bien -como Suiza, Suecia o Estados Unidos- y a ese país le ponemos las reglas peruanas, en veinte años o en menos destruimos ese país. Las reglas peruanas son terribles. Incluso el país con la mejor cultura del mundo se destruye con las terribles reglas que hay en el Perú, porque en Perú tenemos incentivos para que los políticos piensen a corto plazo, tienen incentivos para que haya vientres de alquiler, tienen incentivos para que no haya partidos políticos y tienen incentivos para que el presidente se convierta en un autoritario. Es el país de los incentivos perversos. Tenemos que resolver esos incentivos perversos.

Sin embargo, resulta llamativo que, de nuevo conforme al sondeo del IEP, los peruanos parecen no tener en claro hacia qué dirección canalizar esa voluntad de cambio en el diseño constitucional. Por ejemplo, un 36% de encuestados abogaron por modificar la carta magna para fortalecer la intervención del estado en la economía, un 25% para fortalecer los valores familiares y tradicionales y un 23% para promover la inversión privada. Esto es, un auténtico galimatías ideológico ¿Qué opinas al respecto?

Creo que hay que ser muy escéptico de encuestas de donde se le hacen preguntas de este tipo a las personas. Creo que las personas, sin haber leído la Constitución o sin tener el tema demasiado claro, no pueden estar tan seguras de cuál es el cambio que les gustaría ver en la Constitución así de la nada. Hay que ser muy escépticos con eso.

Yo creo que lo que estos resultados revelan es que hay una falta de satisfacción con el modelo actual, con el statu quo, pero no creo que podamos saltar a una conclusión rápidamente. Sería realmente muy imprudente con relación a esos resultados.

Vistas las cosas, parece que, para bien o para mal, la Constitución terminará siendo reformada, sea parcial o totalmente ¿Qué cambios sugerirías?

Hay muchos. Para mí los cambios prioritarios son los que tienen que ver con mejorar la estructura de poderes y la separación de poderes en el Perú, porque -como mencionaba antes-, en el Perú no tenemos una verdadera separación de poderes, sino que tenemos un superpoder, que es el Poder Ejecutivo y los demás poderes están muy relegados y no le pueden hacer frente de manera significativa.

Por ejemplo, en el Perú ¿quién es el principal poder legislativo? No es el Congreso, es el Poder Ejecutivo. El Congreso aprueba, a veces, leyes de 2 o 3 artículos, que luego el Ejecutivo reglamenta con unos reglamentos de 500 o 600 artículos. Es decir, el poder normativo del Ejecutivo es gigantesco. A mayor abundamiento, el Poder Ejecutivo pide facultades legislativas al Congreso, y el Congreso se las da, y en materia de unas cuantas semanas, el Poder Ejecutivo aprueba unos ‘paquetazos’ gigantescos de Decretos Legislativos, que pueden transformar de manera significativa el ordenamiento jurídico peruano. Es decir, se aprueban 300 o 400 Decretos Legislativos en cuestión de semanas y el Congreso no puede revisarlos significativamente. Y, si los revisa, lo acusan de obstruccionista.

En el Perú el presidente puede inclusive firmar tratados internacionales, sin que el Congreso pueda revisarlos, porque hay tratados ejecutivos. Entonces, el presidente tiene una cantidad de poder gigantesco en el Perú, pues no solo maneja el tesoro público y las fuerzas armadas, sino que también es el principal actor normativo. Es un poder inmenso. Y el Congreso no está en condiciones de hacerle frente a esta situación, porque siempre es un Congreso muy fragmentado y donde no hay buena representación.

Es un Congreso muy segmentado como consecuencia de nuestro pésimo sistema electoral. Me explico, en Lima, tenemos 31 candidatos al Congreso y hay más de 20 listas [parlamentarias]. Eso significa que en Lima hay una elección al Congreso con casi 700 candidatos, ¿es posible informarse bien para escoger entre más de 600 candidatos? No. ¿Es posible realmente investigar de manera significativa cuál es su trayectoria, sus propuestas o sus posiciones? No. Entonces el voto no es un voto de conciencia, y una vez que el Congreso se escoge, nadie sabe que congresista representa a quién, ¿quién es el congresista de cada uno si en Lima hay más de 30? Entonces, eso genera un Congreso débil, fragmentado y sin representación.

Por ello, yo creo que la gran propuesta que tiene la potencialidad de poder transformar la política peruana, es la relativa a los distritos uninominales. Creo que, con esa propuesta, se fortalecería muchísimo la separación de poderes en el Perú.

¿En qué consiste la propuesta de los distritos uninominales? El territorio del Perú se parte en 130 distritos parlamentarios, cada uno de los cuales escoge a un congresista. Es decir, en vez de que tu tengas a 31 congresistas por Lima, 19 congresistas por Piura y así, sucesivamente, tienes a un congresista por Ate o La Molina, un congresista por San Juan de Lurigancho 1, un congresista por San Juan de Lurigancho 2, un congresista por la ciudad de Cajamarca, otro congresista por la provincia de Jaén, un congresista por la ciudad de Puno, otro congresista por la provincia de Lampa o la de Azángaro en Puno y así, sucesivamente.

Es decir, divides al Perú en distritos, cada uno de los cuales escoge solo a un congresista. Y esto tiene varios efectos positivos. En primer lugar, en vez de tener elecciones con cientos de candidatos, vas a tener elecciones solamente con 10 o 15 candidatos o, incluso, con 4 o 5. Ahí si vas a poder investigar a los candidatos, vas a saber que proponen, el voto será mucho más informado y, cuando escojas a un candidato, ya vas a saber quién es tu congresista, porque en tu distrito solamente hay uno, de modo que la fiscalización del representado al representante es mucho más grande y eso fortalece al Congreso.

Además, en un régimen de este tipo, para poder tener una buena bancada, tienes que quedar primer lugar en un montón de pequeñas elecciones, pues si quedas en segundo o tercer lugar no tienes representación. ¿Eso qué genera? La necesidad de que los partidos políticos se fusionen. Ya no tendríamos un monto de 10, 15 o 20 partidos pequeños -la mayoría de los cuales son vientre de alquiler-, sino que los partidos se fusionan y, por ello, pasan a ser partidos realmente más fuertes.

Esta reforma yo creo que se tiene que combinar con otra reforma que también es muy importante, que es la elección del Congreso por tercios o mitades. Asimismo, con la reforma del Poder Ejecutivo limitando su poder normativo y una reforma del sistema de justicia, que es fundamental.

Actualmente, el sistema de justicia en el Perú es muy débil. En el Perú tenemos una alta corte de justicia que es el Tribunal Constitucional (TC), los magistrados del TC tienen el periodo de gestión más corto del mundo, pues los escogen por 5 años. Entonces, después de esos 5 años pueden permanecer en su cargo, pero con el periodo vencido, y el Congreso en cualquier momento los puede cambiar. Así, los magistrados del TC, que tienen que tener mucha independencia, terminan en una situación de zozobra, ya que no saben cuándo los van a destituir. Entonces, un magistrado que está en situación de incertidumbre, en el limbo, pierde independencia y eso le hace un daño tremendo al sistema de justicia. Los magistrados del TC deberían ser escogidos de por vida o por un periodo de 10 o 15 años, pero escoger un magistrado del TC por solo 5 años es una locura. Y esto también porque actualmente se escoge a todos los magistrados al mismo tiempo, por lo que cada 5 años cambia totalmente la composición del TC, y esto deviene en una incertidumbre total. Los magistrados del TC deberían tener periodos más largos, de por vida, y no renovarse todos al mismo tiempo.

Eso respecto al TC. Con relación al Poder Judicial, actualmente los jueces son escogidos de una manera que no es transparente, en una junta que no es transparente, pues los jueces son seleccionados por otros jueces ¿y quiénes escogen a estos otros jueces? Representantes del Colegio de Abogados y de universidades. Es decir, no es transparente, está repleto de conflictos de intereses: unos jueces escogiendo a otros jueces, unos fiscales escogiendo a otros fiscales, los colegios de abogados que no son entidades públicas y que no tienen democracia transparente muchas veces, escogiendo también jueces.

Entonces, el proceso realmente no es transparente y por eso es que tenemos jueces de baja calidad y que la carrera judicial no tiene prestigio y eso es un problema. Con el con el argumento de que el Poder Judicial debe de ser técnico y no político, se escogen a los jueces de una manera muy poco transparente, y eso permite la corrupción, el tráfico de influencias y, en general, se debilita al Poder Judicial.

¿Cómo deberían de escogerse los jueces? De una manera mucho más sencilla: el presidente los nomina y el Congreso los confirma. Así se produce un debate público, porque si la confirmación la hace el Congreso, la gente le presta atención.

Esto me lleva a las propuestas de los candidatos que se encuentran disputando la segunda vuelta electoral. Es el programa de Fuerza Popular, precisamente, el que aboga por modificaciones puntuales en la Constitución, fundamentalmente en el capítulo de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Uno de estos cambios consiste en limitar los temas sobre los cuales el Ejecutivo puede plantear cuestiones de confianza ¿Sería deseable y/o viable una reforma de este tipo?

Yo creo que es una propuesta que debe de ser acogida, porque lamentablemente la Constitución Política del Perú contenía una bomba de tiempo al otorgarle al presidente la posibilidad de disolver el Congreso. Antes había un acuerdo tácito, un acuerdo implícito, de que no se jugaba con eso, por lo que los partidos y presidentes peruanos fueron muy responsables y no jugaron con ese tema. Hasta que Martín Vizcarra abrió la caja de Pandora y realmente agudizó una crisis institucional.

Entonces, el problema es que se genera un incentivo para que el Poder Ejecutivo busque provocar cuestiones de confianza y busque provocar artificialmente un conflicto con el Congreso, con la finalidad de poder disolverlo y librarse del control de la oposición. Por ello, yo creo que debemos eliminar de la Constitución estos mecanismos que generan falta de estabilidad.

Yo sería partidario de acotar muchísimo los casos en los cuales puede haber cuestiones de confianza y acotar también muchísimo los casos en los que puede haber mociones de censura. Y yo sería partidario, también, de eliminar de la Constitución, de manera radical, la posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso, por ser algo venenoso para la estabilidad y para la separación de poderes.

Sin embargo, existe un precedente del Tribunal Constitucional del año 2018 en el que se señaló que la cuestión de confianza ha sido regulada por nuestra Constitución “de modo abierto”, para que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante todas las políticas que su gestión requiera ¿No sería esto un limitante?

El Tribunal Constitucional efectivamente señaló eso, y lo señaló, principalmente, sobre la base de una interpretación histórica de la Constitución, porque cuando se estaba debatiendo la Constitución de 1979 y también la Constitución de 1993, Enrique Chirinos Soto -que era constituyente en ambas oportunidades- dijo que la cuestión de confianza podía alzarse sobre cualquier cosa.

Yo creo que, quizá, no se pusieron en el supuesto de una cuestión de confianza para la elección de los magistrados de la TC o para la aprobación de una ley, porque esos son temas de competencia exclusiva del Congreso. Pero efectivamente el TC dijo que la cuestión de confianza era libérrima, que se podía hacer sobre cualquier cosa, y esa es una decisión cuestionable.

En todo caso, si se modifica la Constitución y se altera esa parte de la Constitución, yo no creo que haya razones por las cuales la modificación de la Constitución sería inconstitucional. Yo creo que se podría sin ningún problema cambiar esa parte de la Constitución.

Asimismo, el plan de gobierno de Keiko Fujimori contempla una reforma constitucional para “esclarecer las consecuencias producto de la aprobación de una moción de censura a un ministro o a todo el gabinete”, ¿Qué pretende una reforma de este tipo? ¿Sería viable?

Me parece muy importante que se adopte esa reforma constitucional, porque la última crisis política nos ha permitido identificar una serie de limitaciones en nuestra estructura constitucional que deberíamos resolver.

Por ejemplo, cuando se produce una moción de censura en contra de un gabinete, todos los ministros cesan en sus funciones, y debe nominarse un nuevo gabinete. Entonces, las peguntas que debemos contestar son: ¿qué es un nuevo gabinete? ¿puede el nuevo gabinete ser idéntico al anterior, cambiando solo a un ministro? ¿qué pasa si se censura al gabinete de ministros, y el presidente de la República nombra exactamente al mismo gabinete, solamente cambiando al premier? ¿es ese el mismo gabinete o es otro gabinete? Lo más razonable sería no permitir esta práctica, que sería una especie de fraude a la censura. ¿Si no cambia un ministro eso está bien o está mal? Digamos dónde dibujar la línea. Hay personas -e incluso el Tribunal Constitucional en una sentencia-, que han insinuado que estaría bien que se cambien solo a un ministro o a dos ministros, lo que no me parece del todo correcto.

Yo creo que la regla más razonable sería definir a partir de cuándo realmente se trata de un gabinete distinto y a partir de cuándo es el mismo gabinete. Yo creo que una regla razonable sería decir que el nuevo gabinete solo tiene que tener, por lo menos, la mitad de los ministros nuevos.

De esa manera, además, se elevan los costos de jugar sucio para forzar la disolución del Congreso, porque si es que al Ejecutivo le sale barata la censura -porque puede forzarla y terminar cambiando solo a un ministro y quedarse con los demás- todos los presidentes van a terminar siendo como Vizcarra. El presidente que no cierre el Congreso será un tonto, pues hay un incentivo para jugar sucio y, de este modo, tumbarte al Congreso.

Realmente la Constitución peruana contenía dentro suyo el germen de la destrucción del Estado de Derecho, solo que los políticos peruanos eran, aparentemente- unos caballeros, hasta que llegó [Martín] Vizcarra, quien junto a su asesor Maximiliano Aguiar seguramente leyó la Constitución con odio al Perú y con ganas de destruir y dijo ‘este es el punto débil’ y dinamitó el Perú.

Entonces, ya que se ha descubierto el punto débil de la Constitución, tenemos que reforzar ese punto débil. Entonces, totalmente de acuerdo con esa propuesta de Fuerza Popular.

Fuerza Popular propone también una reforma del artículo 90 de la Constitución, con la intención de que el Congreso sea renovado por mitades a la mitad de su periodo ¿Consideras saludable esta propuesta?

Fundamental. ¿Por qué es tan importante, desde mi punto de vista, la renovación del Congreso de la República por mitades o por tercios? Porque si es que nosotros escogemos al 100% del Congreso junto con el presidente, damos una oportunidad a que después de la elección las organizaciones políticas entren en hibernación y se desentiendan de su bancada. Algunas, incluso, cambian su logo, cambian su ideario, cambian su nombre, se subastan al mejor postor y dentro de cinco años regresan convertidos en otra organización política, es decir, como un vientre de alquiler.

Si es que nosotros obligamos a los partidos políticos a tener un trabajo permanente, porque cuando terminan la elección tienen que prepararse para la siguiente, ya no hay esta situación de vientres de alquiler. Van a tener que tener un trabajo permanente y, por ello, se van a fusionar y van a haber menos partidos políticos, menos vientres de alquiler y más partidos políticos reales.

Además, esta propuesta le da al ciudadano mayor control de su representante permitiéndole premiar o castigar a los políticos. Y eso es algo deseable.

En el sistema presidencialista por antonomasia, el de los Estados Unidos de América, existe la renovación del Congreso por mitades, pero no la posibilidad de que el presidente lo disuelva. ¿No crees que, de aprobarse la renovación por mitades, tendría que eliminarse la facultad del presidente para disolver el parlamento?

Yo soy partidario de eliminar la disolución del Congreso, porque genera demasiados incentivos perversos.

Para terminar con Fuerza Popular, su plan contempla también la limitación y el establecimiento de restricciones a la figura de la vacancia por incapacidad moral del presidente, ¿Qué opinión te merece esta propuesta?

En ese caso estoy en desacuerdo. La vacancia por incapacidad moral tiene que ser una figura amplia, porque nosotros, ex ante, no podemos prever las diferentes situaciones que pueden producirse en las cuales el presidente puede incurrir en actos incompatibles con la dignidad de su cargo. Más bien, esta figura está diseñada para que el Congreso pueda remover al presidente de la República cuando este incurre en actos no previstos que lo descalifican para ser presidente.

El caso que inspiró esta figura de alguna manera, es el caso del expresidente [Carlos Julio] Arosemena de Ecuador. ¿Qué cosa hizo? Era borracho. Estaba conversando con el Comandante General de la Fuerza Aérea de Ecuador y, de la nada, agarra su gorro y orinó en él y se lo devolvió lleno de orín. ¿Ese tipo de situación podía ser prevista? No. ¿Es incapacidad moral? Sí, es incapacidad moral.

Entonces la idea es, precisamente esa, que haya una válvula de escape que permita forzar la salida de un presidente cuando incurre en actos incompatibles con la dignidad de su cargo.

Lo que aspiramos a construir nosotros es un Estado Constitucional. Y en el Estado Constitucional hay funcionarios públicos, no hay monarcas, por lo que todos tienen que ser susceptibles de ser removidos de sus puestos cuando incurren en actos contrarios a la dignidad de su cargo. Si un magistrado del Tribunal Constitucional hace lo que hizo Arosemena, lo van a botar con una acusación constitucional, y si un congresista lo hace, también. No se puede permitir que se quiera convertir al presidente en una especie de Dios, monarca o Inca. Todos son funcionarios públicos y todo el que se porta mal se tiene que ir. Así es como funciona un Estado Constitucional.

Traigo a colación nuevamente al presidencialismo norteamericano, pues en este las causales habilitadoras de un impeachment fueron reguladas de modo abierto o genérico, a tal punto que se ha llegado a decir que es el Congreso el encargado de determinar su contenido. En el caso peruano, de limitarse a la figura de la vacancia por incapacidad moral, ¿No se estaría desequilibrando el balance de poderes en desmedro del Congreso?

Sí, sin duda. Sería muy grave, y sería especialmente grave si se mantiene la posibilidad de que el presidente disuelva al Congreso y, por otro lado, se elimina la posibilidad de que el Congreso vaque al presidente.

Vayamos ahora con las propuestas de Perú Libe y las declaraciones de sus partidarios. A diferencia del caso de Fuerza Popular, Perú Libre apunta hacia la elaboración de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente que la redacte, ¿Es jurídicamente viable este planteamiento?

La creación de una Asamblea Constituyente no está prevista en una Constitución. La Constitución no habla de una asamblea constituyente, sino de una reforma total de la Constitución. Y hay una razón por la cual la Constitución habla de la forma total de la Constitución. Cuando nosotros hablamos de reforma de la Constitución, la reforma de la Constitución tiene que respetar las reglas establecidas en la Constitución. Es decir, no hay tal cosa como la reforma total de la Constitución que nace de la voluntad del presidente, la reforma de la Constitución solo puede nacer de la voluntad del Congreso y hay un procedimiento.

Además, el Tribunal Constitucional puede controlar la constitucionalidad de la reforma. Entonces la Constitución ha previsto que su propia reforma se lleve a cabo en el marco constitucional. En cambio, la Asamblea Constituyente ¿qué significa? La Asamblea Constituyente viene un poco de la obra de Carl Schmitt, que era nazi, de hecho. Schmitt pensaba que la Asamblea Constituyente era el plenipotenciario del pueblo, es decir, que no admite limites: un poder absoluto.

Entonces, cuando te hablan de Asamblea Constituyente, y no de reforma constitucional, lo que te están pidiendo es que les entregues el poder absoluto. El poder absoluto para menoscabar al Congreso, para menoscabar al Tribunal Constitucional, para menoscabar a la Defensoría del Pueblo, y a todas las instituciones, incluso al sector privado.

Pedir una Asamblea Constituyente, es lo mismo, que pedir poder absoluto y no lo podemos aceptar, porque poder absoluto es lo contrario del Estado Constitucional.

Es más, una partidaria de Perú Libre, Zaira Arias, llegó a declarar que, de llegar a ser investido como presidente, Pedro Castillo convocará a una Asamblea Constituyente en menos de seis meses, tras lo cual el Congreso de la República será disuelto, ¿Es esto constitucionalmente posible?

Eso es un golpe de estado. Como he mencionado antes, la Constitución no prevé la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, prevé la reforma de la Constitución. Esta reforma puede ser incluso total, es decir, puede haber una nueva Constitución, pero respetando las reglas del juego ya establecidas y siempre originándose del Congreso.

Es decir, si Castillo llega a ser presidente no puede convocar a una Asamblea Constituyente por decreto, no puede inventarse un mecanismo para reformar la Constitución distinto al mecanismo que ya está en la Constitución que, en el caso de una reforma total, tendría que ser, primero una votación en el Congreso y luego un referéndum.

Por ello, no son viables estos mecanismos que quiere crear Castillo de corporaciones, porque Castillo quiere que los pueblos indígenas tengan una representación, al igual que los profesores, los empresarios y los trabajadores. Es decir, quiere romper el principio de ‘una persona, un voto’ y quiere tener una situación antidemocrática basada en gremios. Eso no lo podemos aceptar. No es viable y no está previsto. Es fascismo, prácticamente.

Castillo también ha declarado que disolverá a otros organismos constitucionalmente autónomos como el Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo, ¿Tienen algún asidero legal propuestas como estas?

Está amenazando con llevar a cabo golpes de estado. En el caso del Tribunal Constitucional primero amenazó con dar un golpe de estado y luego, de alguna manera, se retractó y quiso esconder lo que había dicho, pero él dijo bien claro, que lo quería disolver; y dijo lo mismo de la Defensoría del Pueblo. Entonces, aparentemente, está simplemente amenazando con golpes de estado. Es inaceptable.

En cuanto al aspecto económico, el plan de gobierno Perú Libre plantea un modelo de “Economía Popular con Mercados” que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de que el estado revise los contratos que suscribe con empresas transnacionales y la estatización de sectores estratégicos, ¿Qué divergencias existen con el modelo de “Economía Social de Mercado” que consagra la Constitución de 1993? 

El señor Castillo está planteando, básicamente, el apoderamiento de propiedad privada, probablemente con la finalidad de entregárselo a otro sector privado. Lo que el plantea es una especie de saqueo: no me gusta que esto lo tenga la persona “A”, se lo quito y luego se lo voy a entregar a la persona “B”. Le quito a mis enemigos para dárselo a mis amigos. Eso es utilizar el Estado para hacer beneficios personales.

Ya está muy estudiado en la economía -en la escuela de Chicago- que este tipo de cosas, normalmente, lo que esconden, es la intención de utilizar al estado para favorecer a ciertas personas a expensas de otras. Y eso suele esconder una intención corrupta: utilizar el estado para robar. Y eso es, lamentablemente, lo que creo que se está buscado hacer acá.

Y además eso conlleva, evidentemente, menos inversión y distorsiones al mercado. Realmente va a generar gran pobreza y miseria económica en el Perú.

Finalmente, hay dos puntos que considero implican a ambos candidatos presidenciales. El primero reside en la posibilidad de otorgar indultos. Keiko Fujimori se ha comprometido a otorgarle un indulto a su padre, Alberto Fujimori, mientras que Pedro Castillo se comprometió a evaluar un indulto para Antauro Humala. Sin embargo, como sabemos, ya existen lineamientos jurídicos a nivel nacional e internacional que restringen la posibilidad de otorgar estas gracias presidenciales. A la luz de estos precedentes, ¿Consideras jurídicamente posible que los candidatos puedan materializar sus respectivas promesas de indulto?

Esta es una pregunta un poco más compleja. Acá quizá hay una discrepancia entre lo que jurídicamente debería ocurrir, y lo que efectivamente está ocurriendo. El tema de los indultos se ha regulado de tal forma en el Perú que lo que se consideraba una facultad casi discrecional del presidente, ha pasado a ser una facultad reglada. Es decir, una facultad donde tiene que demostrarse que el indulto se consiguió por motivos humanitarios. Por esta razón, incluso se anuló el indulto concedido a Alberto Fujimori. Lo cual fue posiblemente un poco irregular, porque se creó una figura procesal solo para anular el indulto. Entonces, eso fue cuestionable.

Yo creo que en el caso de Antauro Humala va a ser complicado encontrar una justificación humanitaria para el indulto. En el caso de Alberto Fujimori, por su edad, eventualmente va a ser más fácil encontrar una justificación o una razón humanitaria, pero no necesariamente va a ser así.

Entonces, yo creo que van a ser bastante cuestionables los indultos a cualquiera de estas dos personas.

El segundo punto reposa en la reciente eliminación de la inmunidad parlamentaria. Considerando que a ambos candidatos se les ha objetado una supuesta falta de vocación democrática, ¿No te parece que la falta de inmunidad de los parlamentarios podría convertirlos en blancos fáciles para un ejecutivo de vocación autoritaria? ¿Podría ser que la reciente reforma sea contraproducente?

La inmunidad parlamentaria no se ha eliminado del todo. Sigue existiendo una inmunidad restringida referida a las labores del parlamentario, por lo que no ha sido eliminada del todo. Eventualmente, podría denunciarse a los parlamentarios con ánimos de querer hostigarlos penalmente. Pero yo creo que, actualmente, hay un riesgo al Estado de Derecho es mucho más grande que el riesgo de un hostigamiento penal de los parlamentarios. Este es el riesgo de crear una Asamblea Constituyente y disolver al Congreso. Entonces creo que el riesgo que estamos enfrentando es mucho más evidente, mucho más crudo y va por otro lado.

Yo creo que la acotación del ámbito de extensión de la inmunidad parlamentaria es, en general, un desarrollo que debemos recibir de manera favorable.

¿Restituirías la inmunidad parlamentaria?

No, no la restituiría.