Lucha contra la corrupción: Bla, bla bla…, por Diethell Columbus

1.690

Recuerdo que durante la campaña electoral pasada ya se discurseaba sobre la necesidad de aprobar ciertas medidas para combatir la corrupción enquistada en el Estado en todos sus niveles. La propuesta fue tomando mayor relevancia conforme se acentuaban los efectos del escándalo de mega corrupción relacionado a la corruptora Odebrecht.

En este contexto, el gobierno anunció, a fines del año pasado, que estaba evaluando promulgar un decreto legislativo que regule lo que equivocadamente denominó como “la muerte civil” o inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. Es decir, aquellos funcionarios o servidores públicos que fueran sentenciados por cometer delitos en contra de la administración pública, serían inhabilitados de por vida para trabajar en cualquier entidad estatal.

El mencionado anuncio fue más que bien recibido por la ciudadanía, pues difícilmente se podría dejar de aplaudir que un gobierno decida combatir a todos aquellos que llegan a servirse del Estado y no a servir en él. No obstante, cuando pasó el momento del discurso político y el aplauso, la realidad nos demostró que la famosa “muerte civil” no era tal o sus alcances no serían como se nos la vendió.

Si revisamos con detenimiento el Decreto Legislativo N° 1243 que regula la “muerte civil”, nos percataremos que sus efectos solo son para aquellos que hayan cometido delitos contra la administración pública como integrantes de una organización criminal o cuando la conducta criminal afecte programas asistenciales, de apoyo, de inclusión social o de desarrollo (siempre que el monto de la afectación supere las 15 UIT).

De lo anterior, podemos destacar tres cosas: 1) La norma no aplica retroactivamente. 2) La posibilidad de aplicar la “muerte civil” o inhabilitación perpetua es poco probable debido a los parámetros normativos que se han establecido. 3) La norma es permisiva con el “corrupto pequeño”, pues a estos les aplica la inhabilitación temporal.

En la línea de lo anterior, el domingo último se ha promulgado una ley de reforma constitucional que dispone, entre otras cosas, que la acción penal no prescribiría en el caso que funcionarios y servidores públicos incurran en la comisión de delitos contra la administración pública (corrupción u otros). Al igual que lo que pasó con el Decreto Legislativo N° 1243, la noticia ha generado una gran expectativa ciudadana, empero, debe tenerse en consideración algunos puntos:

  • La reforma aprobada y publicada no aplica retroactivamente, es decir, solo será efectiva para situaciones que se analicen a partir de su entrada en vigencia.
  • La reforma aprobada no establece que todos los delitos cometidos por trabajadores públicos son imprescriptibles, por el contrario, señala que la acción penal sí prescribe en la generalidad de delitos que se cometan.
  • La imprescriptibilidad a la que se hace alusión, solo se aplicará a los delitos “más graves”, empero, en ninguna parte se menciona cuáles son estos delitos; de lo cual se colige que ello será regulado por una ley especial que en alguna oportunidad será aprobada por el Congreso de la República (Ojalá pronto).
  • Siendo que los delitos a los que aplicaría la imprescriptibilidad serán establecidos por una norma especial, cabe señalar: ¿Cuándo se aprobará esta ley?, ¿Qué delitos comprenderá?, ¿Cuál es el criterio para escoger que delitos si y cuáles no? y ¿Por qué no todos los delitos?
  • ¿La imprescriptibilidad operará a partir de la reforma constitucional o a partir de la promulgación de la norma especial que desarrolle los mencionados “delitos más graves”?

Así las cosas, la muerte civil que no es tan muerte y la imprescriptibilidad que si prescribe o que aún no sabemos en qué casos teóricamente si aplicará, no hacen más que generar dudas sobre real intención de combatir la corrupción que campea en el Estado.

¡Estamos bien jodidos, ¿no?!