El reciente discurso a la Nación ofrecido por el Presidente Martín Vizcarra en el Congreso con motivo del 197 aniversario de la independencia nacional, ha despertado un inusitado interés en la figura presidencial, debido a que los mensajes venían convirtiéndose en una mera formalidad patriótica.
Y es que el contexto era diferente, dada la crisis institucional del sistema judicial originada por el destape en la prensa de un conjunto de audios que comprometen no sólo a los ahora ex miembros del CNM, a magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, o a parlamentarios, sino también a figuras del entorno futbolero y empresarial.
Las circunstancias colocaron a Vizcarra en la primera magistratura por haber acompañado al ex Presidente Kuczynski en las elecciones del 2016. Se tejieron una serie de hipótesis en el sentido de suponer que su gobierno no sería más que una extensión del fujimorismo parlamentario. Con audacia y reflejos pechó al Congreso convocándolo a una legislatura extraordinaria para que en el Parlamento se decidiera la suerte de los cuestionados integrantes del CNM.
Vizcarra debe entender que desde Marzo de este año es el Presidente de la República, y no el Primer Vicepresidente –de PPK- en ejercicio de la Presidencia. Si bien es cierto que el pueblo eligió la plancha de la fórmula política de Peruanos por el Kambio, también lo es que cada Presidente puede hacer sentir su sello y timbre personales en su respectivo gobierno. Y ello es lo que precisamente marca la diferencia en los liderazgos políticos.
En medio de toda esta crisis, se evidencia un atrincheramiento en las instituciones y poderes del Estado, desde los cuales las diferentes fuerzas de poder pretenden hacer prevalecer sus intereses y defenderse de la ola de audios que cada vez más termina comprometiendo a toda la clase política. La cosa pública se ha convertido en un instrumento que, con inteligencia, puede servir para negociar leyes, reglamentos o sentencias.
Dado que nuestro sistema político es el Presidencialismo, necesitamos un Jefe de Estado que marque la cancha y de la iniciativa en la urgente reforma del sistema de justicia. Pero Vizcarra –con un ligero tufillo populista y hablándole a la tribuna- ha ido más allá al proponer la no reelección de Congresistas y el retorno a la Bicameralidad en el Parlamento. Habrá mucha resistencia a estas necesarias reformas, pues existen muchos intereses porque las cosas se mantengan como están.
Más que la no reelección de parlamentarios, volver a la bicameralidad, renovación por tercios del Congreso, o establecer más filtros para ser Congresista, la verdadera reforma del Poder Legislativo atraviesa por colocar los límites constitucionales a la función legislativa. Es decir, sobre qué materias puede o no puede legislar un parlamentario. Y esos límites lo constituyen los derechos y libertades inherentes de las personas.
Un legislador no puede disponer de nuestras vidas, libertades y propiedades. Pues la verdadera tarea del Parlamento consiste en contrapesar con el Gobierno, frenando sus excesos. Sin embargo, a menudo atentan contra tales derechos con la legislación mercantilista que tejen al compás de mercenarios y lobistas, beneficiando a unos en desmedro de otros. Cuanta falta les hace a nuestros legisladores leer más a Bastiat y menos a Rousseau.
Y la justicia nacional no escapa a ese esquema político de producir legislación, pues las sentencias y los precedentes terminan obedeciendo al juego mercantilista antes que a lo puramente jurídico. La verdadera reforma del sistema judicial atraviesa por los límites constitucionales que debe tener la delicada función de decidir a quién le asiste el derecho. Y ello necesariamente atraviesa por retornar a los orígenes privatistas del derecho, es decir, cuando éste era producto no de un sabio legislador o un justo magistrado, sino de todos pero de nadie en particular.
Esperemos que todas estas iniciativas presidenciales no caigan en un saco roto o terminen perdiéndose en el hall de los pasos perdidos.