Medios injustificados

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El día 09 de diciembre del 2014 (lunes de esta semana), el  Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia (Senate Select Committee on Intelligence – SSCI) presentó su estudio sobre el Programa de detención e Interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El contenido del mismo ha impactado y sorprendido a toda la comunidad internacional por el uso, sin resquemor y brutal de la tortura para obtener información. Sin embargo, antes de pasar a enumerar las monstruosidades, incongruencias y mentiras que son presentadas en detalle, me gustaría repasar y recordar la prohibición absoluta de la tortura a nivel internacional como norma de ius cogens y sancionada por la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y el derecho internacional consuetudinario. Es decir, más allá de los detalles del reporte o la efectividad del método, tenemos que tener presente que la tortura está prohibidísima a nivel internacional.

En este contexto el caso de Anto Furundzija ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) nos trae una clara aproximación al tema señalando que la tortura prohibida por una norma imperativa de derecho internacional tiene efectos tanto sobre la relación inter-estatal como a nivel individual. Es decir, no sólo compete la responsabilidad del individuo que comete dicho acto, sino que también puede arrastrar la responsabilidad internacional del Estado por la comisión de ilícitos internacionales[1]. Esto lleva perfecta consonancia con lo establecido en el casoBarcelona Traction sobre normas imperativas y cuyo cumplimiento comprende a toda la comunidad internacional[2]. Puede quedarnos claro ahora con qué tipo de prohibición estamos tratando, sin mencionar el trato de la tortura como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma (que establece la Corte Penal Internacional).

Frente a la construcción internacional del crimen de tortura, en el país de las maravillas, también conocido como EEUU, aún se discute la eficacia del método para determinar la legitimidad de su uso. Esa parece ser la continua posición de la Agencia Central de Inteligencia (ver aquí), mientras tanto el Reporte señaló, por ejemplo, que de los 119 detenidos 39 que sufrieron lo que se denomina como “enhanced interrogation techniques” no produjeron ningún tipo de inteligencia relevante y otros proveyeron a la CIA de información antes de ser torturados (ver aquí). Más aun, parece que la CIA también actuó como desinformadora, enviando reportes adulterados para llevar al Departamento de Justicia a realizar informes positivos sobre el uso de las técnicas, aceptando incluso que su efectividad justificaba su uso, a pesar de la prohibición penal (ver aquí).

Finalmente, debe quedar claro para los abogados y activistas de derechos humanos del mundo, que las técnicas utilizadas si pueden ser clasificadas como tortura y desbaratan el eufemismo legal plasmado en el término: enhanced interrogation technique que fue utilizado para descartar la tortura propiamente dicha. Con este desbaratamiento conceptual, viene  también la certeza de como la administración Bush que fue informada sobre el detalle de las técnicas el 2006, salió amentir descartar la tortura de plano (ver aquí).

Este estudio es una prueba fidedigna de como los EEUU y sus agentes violaron continuamente los derechos humanos de las personas que estaban en su custodia y como se empeñaron en cubrir las vejaciones con un manto de efectividad. Hoy el reporte prueba sus pobre resultados, sin embargo, no hay que perder de vista, los resultados no importan. Cualquier tipo de tortura es una violación del derecho internacional, sin importar el objetivo. La prohibición es absoluta y no admite márgenes. Entonces, no se trata si funciona, se trata de confirmar que los actos ocurrieron, fueron encubiertos y posteriormente condonados, lo que acarrea varias responsabilidades penales.