Mémoli vs. Argentina: ¿Un cambio correcto en la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

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El debate sobre los límites a las libertades comunicativas (libertad de opinión y libertad de información) es un terreno escabroso para la dogmática y los profesionales del periodismo. Mientras que la ciencia jurídica ha asumido que no existe derecho que pueda ser ejercido de manera ilimitada, los periodistas reclaman sanciones razonables cuando de conflictos con el honor y la intimidad se trata.

En el caso Mémoli vs. Argentina[1], la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó si la condena penal impuesta a Carlos y Pablo Carlos Mémoli debido a las denuncias públicas que estos hicieron por la supuesta venta irregular de nichos del cementerio local de la ciudad de San Andrés de Giles era legítima.

En 1990 los Mémoli denunciaron que la Comisión Directiva de la Asociación Italiana de San Andrés de Giles había vendido bienes públicos pertenecientes a la Municipalidad. Esta imputación estuvo acompañada de sendas expresiones y artículos difundidos en los medios de comunicación local.

No obstante, la denuncia fue archivada pues, a juicio del juez competente, no existía mérito suficiente para probar la responsabilidad por el delito de estafa. Este hecho motivó que la Comisión Directiva de la Asociación Italiana acusara a los Mémoli por el delito de injurias causando que estos fueran condenados e impedidos de vender y gravar sus bienes de manera preventiva.

Una vez agotadas las instancias internas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró de manera inédita que las condenas penales impuestas a los señores Mémoli eran un objetivo permitido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tal sentido, la Corte otorgó suficiencia a la labor de las autoridades judiciales internas y confirmó que la información contenida en las expresiones de los señores Mémoli no era de interés público.

Entonces, ¿resulta correcta la posición adoptada por la Corte en el presente caso? A nuestro juicio, no.

Una sociedad que se precia de ser democrática debe avalar la colisión de opiniones adversas e informaciones incómodas pues es así que la verdad se descubre o se confirma. La libertad de opinión e información, pero sobre todo la posibilidad de ejercerla de manera acuciosa, posibilita el debate de ideas y el intercambio libre de puntos de vista.

Por otro lado, la postura de la Corte dista de la adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la cual califica como arbitrario un proceso penal cuando tenga por finalidad limitar las libertades comunicativas. Sobre este aspecto, la Comisión ha concluido lo siguiente:

El admitir tipos penales que puedan ser utilizados para coartar la libre información, la libre divulgación de ideas y de opiniones, particularmente en aquellos casos en donde han ocurrido violaciones de derechos humanos y por tanto hechos punibles, es sin duda una grave violación a la libertad de pensamiento y expresión, y sobre todo, del derecho que tiene la sociedad a recibir información y poder controlar el ejercicio del poder público”[2]. [Resaltado agregado]

Esta divergencia es saltante, máxime cuando se trata de los dos órganos competentes para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una interpretación más protectora (pro persona) proscribiría la posición de la Corte optando por el enfoque más garantista de la Comisión legitimando la procedencia de multas o sanciones administrativas antes que la aplicación de una pena privativa de la libertad.

Por otro lado, cabe advertir que la Corte pierde de vista que los señores Mémoli se han visto sujeto, para garantizar el resultado de un proceso civil de daños y perjuicios, a una inhibición general de enajenar y gravar sus bienes por más de diecisiete años, lo que evidencia en la práctica una censura latente, al menos indirecta, a las libertades comunicativas.

En definitiva, entre otras consecuencias, las sanciones impuestas han provocado que los señores Mémoli se vean impedidos de expresar a través de la prensa opiniones e informaciones sobre la materia que trató sus condenas la cual tenía como único fin perfeccionar la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.


 

[1] Corte IDH. Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265.

[2] CIDH, Informe No. 124/06, Fondo, Tomás Eduardo Cirio (Uruguay), 27 de octubre de 2006, párr. 73.