México, uno de los países más violentos del continente con una guerra civil gatillada entre el Ejército y los grandes carteles de la droga, acaba de promulgar este viernes una ley que sanciona cualquier tipo de tortura -sea esta ejercida por un civil o militar- y que no contempla ninguna excepción para su punición, como el alegato de la ‘guerra’ o ‘el conflicto armado’, otrora utilizados a mansalva y que solo han servido para abrir heridas y miedos en una población que, ya de por sí, sufre la odisea cotidiana de vivir entre dos fuegos.
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El Senado mexicano, en una sesión de más de doce horas y con un contundente respaldo de 90 votos a favor (de un universo de 94 votantes), decidió aprobar una ley contra la tortura y los malos tratos cometidos por las autoridades que prohíbe cualquier acto de tortura que viole los derechos más elementales de las personas (como la dignidad) y lo sanciona con hasta 20 años de prisión y 1000 días de multa.
“El delito de tortura se investigará y se perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial; además de que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para este ilícito son imprescribtibles”, informó la Cámara Alta. Así también, la normativa detalla que sin un funcionario es vinculado a un acto de tortura se le impondrá prisión preventiva y se le suspenderá de su cargo hasta que duren las investigaciones.
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Así también, la inédita legislación considera que la obediencia a un superior no constituye una excepción o exclusión del proceso ya que dichas órdenes (torturar a alguien) “son ilícitas, por lo que los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas”.
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La normativa ve la luz apenas semanas después de que circulara por las redes sociales y los medios de prensa de varias partes del mundo el video de una civil siendo torturada de manera ominosa por dos militares y tres policías federales en febrero de 2015 en el estado de Guerrero. Los cinco implicados ya afrontan un proceso penal.