El gigante de la información ‘Microsoft’ ha decidido emprender una demanda nada menos que contra el gobierno de los Estados Unidos de América, al considerar inconstitucional que el Ejecutivo prohíba que las compañías adviertan a sus usuarios o clientes cuando sus datos, información o correos electrónicos están siendo inspeccionados o revisados por trabajadores del gobierno.
LEA TAMBIÉN: Vecinos de San Isidro se enfrentan al Municipio por obra en calle Los Libertadores
“Presentar una demanda contra un Gobierno no es una decisión que tomemos a la ligera. Solo lo hacemos cuando creemos que están en juego principios fundamentales e importantes cuestiones prácticas”, afirmó Brad Smith, principal asesor legal de Microsoft. En el último año y medio, la multinacional ha recibido de parte del gobierno 5.624 peticiones para inspeccionar información concerniente a los usuarios de la compañía amparándose en la ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas; en 2.576 casos no pudo informar a sus clientes que los agentes federales vigilaban sus datos.
LEA TAMBIÉN: ¿Qué respondió Humala cuando le preguntaron si volverá a postular en 2021?
“Esta mañana hemos presentado una demanda en un tribunal federal contra el Gobierno de Estados Unidos para defender los que creemos que son los derechos constitucionales fundamentales de nuestros clientes, derechos que protegen la privacidad y promueven la libertad de expresión. Creemos que, salvo en contadas excepciones, los clientes y las empresas tienen derecho a saber cuándo el Gobierno accede a sus correos electrónicos u otro tipo de datos”, explicó Smith a través de una misiva colgada en el blog oficial de la compañía.
LEA TAMBIÉN: Brasil: Dilma Rousseff empieza a jugar sus cartas para evitar el impeachment
Según Smith, esta acción gubernamental es inconstitucional ya que “estas órdenes secretas violan la Cuarta Enmienda (de la Constitución de EE UU), que otorga a las personas y las empresas el derecho a saber si el Gobierno indaga en sus propiedades”, y -además- vulneran los principios de la quinta enmienda que garantiza el derecho de toda empresa a informar a sus clientes si las acciones gubernamentales afectan sus datos.