A los peruanos nos toca enfrentar la triste realidad de aún ser un país en vías de desarrollo.
Los costos de oportunidad de preservar el medio ambiente en su forma más prístina son altísimos. ¿Cómo podemos, entonces, hacer convivir nuestra condición de país tercermundista, con la protección ambiental? ¿Podemos darnos el lujo de no aprovechar la minería como un mecanismo para generar riqueza?
La minería es uno de los pilares económicos de nuestro país. Esta representa alrededor del 10% de nuestro PBI, el 60% de las exportaciones, y aporta con el 20% del impuesto a la renta. De dicho impuesto, la mitad es denominado ‘Canon Minero’ y va directamente a los gobiernos regionales, distritales y locales, con el fin de financiar proyectos sociales y de infraestructura. En la última década, el Canon Minero ha aportado cerca de 40,000 millones de soles. Dineros que no nos podemos dar el lujo de ignorar.
En mi opinión, la minería formal no está reñida con el medio ambiente. La gran minería está tremendamente fiscalizada, regulada, y tiene un sinfín de mecanismos para mitigar cualquier impacto ambiental que esta pudiese generar. Los verdaderos enemigos del medio ambiente son la minería informal y la minería ilegal. Aunque en la cultura popular estos dos términos se usan indistintamente, cabe clarificar que son técnicamente distintos. La minería ilegal es aquella que opera en territorio prohibido, como lo son las áreas naturales protegidas, o utiliza maquinaria prohibida por ley. La minería informal, por otro lado, es aquella que es legalmente viable si los operadores contasen con todos sus permisos.
La informalidad es tanta, que no se sabe a ciencia cierta el número de mineros informales en el Perú. Sin embargo, se calcula que no menos del 40% del oro producido en el Perú, proviene de la minería informal e ilegal. Esta minería, sin embargo, no es fiscalizable, no cuenta con protocolos ambientales ni con instrumentos de gestión ambiental. Este es el verdadero cáncer de la conservación ambiental en el Perú.
Uno de los desastres ambientales más grandes de la minería formal en el Perú en este siglo, fue el derrame de mercurio en Choropampa. En el año 2000, un camión que transportaba mercurio derramó 151kg de mercurio cerca del poblado de Choropampa, en Cajamarca. Este incidente ha sido categorizado como uno de los desastres ambientales más importantes en nuestro país. Sin embargo, ¿sabe cuántos kilogramos de mercurio son vertidos al año en Madre de Dios por la minería informal e ileegal? Más de 180 toneladas. En números redondos, mil veces la cantidad de mercurio del infame evento de Choropampa. A diferencia de Yanacocha, que fue multada con 600 UITs y obligada a elevar sus estándares de seguridad, nadie ha respondido por el daño hecho a las comunidades amazónicas. Todos los días, se vierten tres veces el equivalente al mercurio del desastre de Choropampa en Madre de Dios, pero lamentablemente nadie reacciona.
Esto ha ocasionado que el 60% de los peces consumidos en Madre de Dios superen los niveles de mercurio permitidos, y que el 78% de los adultos evaluados tengan niveles tres veces más alto que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Más de 50,000 hectáreas de bosque han sido depredadas por la minería informal, el equivalente a 1100 veces la extensión del Vaticano en Roma. Ciertas zonas han sido tan degradadas y contaminadas, que se cree que jamás podrán recuperarse ecológicamente.
Y todo esto es en Madre de Dios, la región que hasta los años noventa era la zona mejor conservada de la Amazonía peruana, hogar de lugares como Tambopata y el Manu, reconocidos mundialmente como algunos de los lugares más biodiversos del mundo. La minería informal, y sobre todo la ilegal, traen además grandísimos conflictos sociales, invasión de terrenos, trata de personas y sicariato, así como económicos, ya que se pierden millones de dólares anualmente por evasión tributaria y lavado de activos.
Los retos de la formalización minera -y en general- son muchos. La formalización es muy burocrática y tediosa. Según Hernando de Soto, presidente del Instituto de Liberad y Democracia, a un minero peruano le toma 1280 días formalizarse. La inestabilidad política tampoco ayuda: por el ministerio de Energía y Minas, vienen pasando siete ministros en los últimos diez años, socavando así cualquier continuidad de iniciativas.
De los 70,000 mineros que se inscribieron en el proceso de formalización entre el 2012 y el 2016, sólo culminaron el proceso 114. En el 2017 se planteó un nuevo enfoque, y se logró formalizar a casi 5900 mineros. Pero la inercia no duró mucho, y hemos vuelto a recaer a nuestros números habituales. Debido a la falta de resultados, se ha vuelto a ampliar el plazo límite de formalización minera hasta el 31 de diciembre del 2021, mostrando así la debilidad del Estado y su mala gestión en este rubro. En buen cristiano, el Estado ha fallado miserablemente en sus esfuerzos por formalizar la pequeña y mediana minería.
¿Cuál es la razón por la que los mineros no se quieren formalizar? Simple, el Imperio de la Ley no les ofrece nada. Los mineros saben que el plazo límite de formalización minera va a seguir siendo ampliado ad infinitum. El gran reto del Estado es encontrar un valor agregado que ofrecerle al minero informal, que genere que ellos se quieran formalizar, sea mediante créditos, seguros, flexibilizando la legislación, o mediante algún otro mecanismo. No es ideal, pero creo que es bastante mejor que la alternativa que vivimos actualmente.
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