Mira las cuantiosas asesorías legales que pagó la Municipalidad de Lima a sus funcionarios [INFORME]

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) gastó en lo que va del año más de medio millón de soles en asesorías legales para funcionarios y extrabajadores, quienes se encuentran investigados por casos de corrupción y negligencia.

Según información del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), a la que tuvo acceso este diario, fueron en total siete los funcionarios públicos que se beneficiaron con estas asesorías en diferentes meses del año y, algunos de ellos, en más de una ocasión.

Entre los que pidieron este servicio a la comuna aparecen conocidos personajes de la política nacional, cuyos nombres conoceremos a continuación.

Viejos conocidos

La lista la encabeza la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente. Según consta en el Servicio Electrónico de Contrataciones con el Estado (SEACE), fueron dos las asesorías legales que pidió:La primera, el 7 de julio de este año y fue concedida al Estudio Paredes Abogados Civiles R.L por 40 mil soles y, la segunda, corresponde al 24 de octubre último por 132 mil soles al mismo estudio. Ambos servicios suman S/. 177 200.

Municipalidad de Lima
Imágenes del registro de las contrataciones directas para la defensa de Villarán. Fuente: SEACE

Como se sabe, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios reabrió en abril de este año una investigación preliminar contra Villarán. Además, recientemente, fue citada por la comisión Lava Jato del Congreso de la República.

También destaca el caso del exgerente de la Municipalidad y mano derecha de Villarán, José Miguel Castro. En este caso, se concedió una asesoría por 126 mil soles el 31 de octubre último. Como se sabe, Castro estuvo implicado en el préstamo de US$ 1’100.000 otorgado a Promotora Chulucanas, del empresario chileno Andrés Muñoz Ramírez, amigo cercano del mencionado exfuncionario.

Otros casos de asesorías

La lista también la integran otros funcionarios municipales, Como Víctor Alfredo Madueño Díaz, ex subgerente de Promoción de la Participación en la Inversión Privada, a quien se le asignó 47 soles para que enfrente su proceso. A Jaime Enrique Shimabukuru, ex miembro del Fondo Municipal de Promoción de la Inversión Privada, se dispuso un monto de 77 mil soles para que un abogado haga su defensa.

Por su parte, a Cristian Felipe Rosental, actual Gerente de Fiscalización y control, quien estaría siendo investigado por la presunta negligencia en el caso del incendio de la Galería Nicolini, se le aprobó un monto de 50 mil soles para su proceso. Similar fue es el caso de Mario Carlos Cassaretto, actual Subgerente de Seguridad Ciudadana y que estaría implicado en el mismo caso que Rosental, a quien se le aprobó una asesoría por 50 mil soles.

Inusual inversión

En los últimos cuatro años la Municipalidad Metropolitana de Lima no registra gasto alguno en materia de asesorías legales. En lo que va de este año, sin embargo, la cifra supera largamente los 600 mil soles. Intentamos comunicarnos con la Oficina de Comunicaciones de la comuna, pero no obtuvimos respuesta al cierre de esta nota.

Expertos opinan

Cabe señalar que existe un marco legal que permite estas contrataciones. Según el capítulo 5 de la Ley de Derechos y Obligaciones del Servidor Civil, “el funcionario tiene derecho a contar con un asesoría legal con cargo a los recursos de la entidad en procesos judiciales por acciones u omisiones en el ejercicio de su cargo”. Sin embargo, para el abogado Victor Quijada, estos servicios deben presentarse en casos excepcionales y no debería haber un presupuesto tan elevado por este concepto.

“Estos gastos no están previstos en el Plan Anual de Contrataciones pues aparecen por pedido del investigado. En primera instancia el gasto debería correr por parte del funcionario y solo en casos especiales se debería recurrir a una asesoría legal pagada por el Municipio”, sostuvo el abogado.

La Ley de Derechos del Servidor Civil también aclara que el funcionario está en la obligación de devolver el dinero que se le asigna para su defensa en caso sea encontrado culpable. El especialista Mario Baca sostiene que la ley no especifica qué acciones concretas puede tomar la Municipalidad de Lima para que ese dinero regrese.

“No existe un seguro firmado que asegure que ese dinero volverá ni de qué forma, la institución actúa pensando en la inocencia de su funcionario y, si este es culpable, podría hacerse muy difícil que devuelva el dinero en un plazo corto”, expresó.