MML gastó más de 300 mil soles en asesorías legales para Susana Villarán y José Miguel Castro

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La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y el exgerente de la Municipalidad, José Miguel Castro, quienes están envueltos en el escándalo del caso Odebrecht, pidieron, en lo que va del año, servicios de asesoría legal a la comuna por altas cantidades de dinero.

Como ya informó este diario hace unas semanas, Villarán pidió dos servicios de asesoría legal a la Municipalidad. Según consta en el Servicio Electrónico de Contrataciones con el Estado (SEACE), la primera de ellas fue el 7 de julio de este año y fue concedida al Estudio Paredes Abogados Civiles R.L por 40 mil soles y, la segunda, corresponde al 24 de octubre último por más de 132 mil soles al mismo estudio jurídico. Ambos servicios suman S/. 177 200.

Imágenes del registro de las contrataciones directas para la defensa de Villarán. Fuente: SEACE

El caso del cuestionado exgerente Municipal, José Miguel Castro, es similar pues se le concedió una asesoría por más de 126 mil soles el 31 de octubre último. Como se sabe, este exfuncionario ha estado involucrado en distintos escándalos, entre ellos destaca el caso de la entrega de un crédito hipotecario directo por US$2 millones y una línea de hasta 4,5 millones de dólares para una obra inmobiliaria que nunca se realizó. El beneficiario había sido el empresario chileno Andrés Múñoz, ex jefe y amigo cercano de Castro.

Imágenes del registro de las contrataciones directas para la defensa de Castro. Fuente: SEACE

Ambos servicios fueron financiados por la institución edil y suman 303 600 soles solo por concepto de defensa legal.

Reglamento de las contrataciones

Cabe señalar que existe un marco legal que permite estas contrataciones. Según el capítulo 5 de la Ley de Derechos y Obligaciones del Servidor Civil, “el funcionario tiene derecho a contar con un asesoría legal con cargo a los recursos de la entidad en procesos judiciales por acciones u omisiones en el ejercicio de su cargo”.

Sin embargo, la ley también aclara que si el funcionario público es encontrado culpable, debe devolver el monto que se le asignó para su defensa. “Si al finalizar el proceso se demostrara culpabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados” se lee en la norma.

Situación complicada

Recientemente se han conocido los testimonios de los empresarios Vlademir Garreta y Jorge Barata, quienes han manifestado que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS financiaron la publicidad de la campaña en contra de la revocatoria. Según las declaraciones de los mencionados personajes, tanto Castro Gutiérrez como Villarán hicieron pedidos expresos para que las compañías financien al “NO”.