El domingo pasado en el programa ‘Cuarto Poder’ se dio a conocer un audio donde el actual contralor Edgar Alarcón pedía a un auditor que se retirara una denuncia en su contra por las compras de más de 90 vehículos, realizadas en los últimos años. El auditor, sin embargo, insistió con la denuncia, presentándosela a la presidenta del parlamento Luz Salgado y a la comisión de fiscalización presidida por Héctor Becerril. La denuncia, finalmente, fue derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Karina Beteta que, como manifestó ayer en RPP, como se trataba del caso de quien entonces era vicecontralor, no competía que dicho grupo lo evalúe.
No cabe duda de que se trata de un caso serio. En primer lugar, que un jefe llame a su empleado para pedirle que pase por alto una denuncia que pende sobre él es, más que una muestra de corrupción, una manifestación de abuso de autoridad. Claro, en el audio se nota que Alarcón insiste en que no está “presionando” al funcionario, pero difícilmente un pedido de ese tipo, desde una posición de ventaja, viene sin una carga conminativa.
Luego, vale la pena sorprenderse por la naturaleza de la denuncia en sí. No tiene nada de malo que una persona decida aliviar su pasión por los “fierros” comprándose varios autos, sin embargo, (especialmente si se trata de un funcionario de contraloría) levanta muchas alarmas si este no declara el dinero empeñado para su adquisición. También es preocupante que dichos negocios se hayan hecho a pesar de que la investidura de Alarcón no se lo permitía.
Pero si bien quiero llamar la atención sobre este preocupante caso, lo que más ha llamado la atención son las reacciones.
Sin duda el ‘timing’ es harto particular. Hace apenas una semana Contraloría había puesto al Ejecutivo en aprietos por el caso Chinchero. No sería extraño que la existencia de esta situación haya sido revelada por alguien afín al ejecutivo en aras de perjudicar al contralor. Ese tipo de circunstancias, aunque cuestionables, son comunes en política. Y si vale ponderar lo conveniente de esto para el gobierno, también vale hacerlo con lo conveniente que fue el informe de contraloría para el parlamento en el tema Chinchero…
Pero el posible móvil que precipitó la revelación del día domingo no puede serrucharle el piso a la denuncia en sí. De hecho, esta tiene que ser tomada en cuenta a pesar de lo que la animó, especialmente cuando las evidencias están en las narices de todos, con un audio de Alarcón tratando de influir en la labor profesional de un auditor para su propio beneficio.
Pero eso es justamente lo que ha pasado. Bastó con echarle una mirada al Twitter para notar que muchos simpatizantes del fujimorismo acusaban una conspiración del gobierno para tumbarse a Edgar Alarcón ¡Oye y quizá tengan algo de razón! Pero lo que sí es imperdonable es que se trate de pasar al contralor como una víctima, buscando soslayar la gravísima magnitud de sus acciones, probadas y comprobadas por evidencias ¿Acaso la sola ojeriza con el ejecutivo basta para que todo el que la comparte esté exento de cometer fechorías?
Esa parece ser la lógica para algunas personas en nuestro país. Pero, seamos realistas. Esta no es una actitud nueva, todo acto de flagrante irregularidad cometida por alguien que ostenta bandera naranja ha sido minimizado por los simpatizantes del fujimorismo. Sucedió con la revelación sobre José Chlimper y los audios amañados y ha venido sucediendo con lo cometido por Fujimori y Montesinos hace más de una década.
Vale celebrar, desde el punto de vista de una agrupación política, tener tantos fieles capaces de abandonar todo tipo de razón para apoyar a una causa pero, así las cosas, esta misma situación dice mucho de los capaces que son de condenar lo malo cuando llega la hora de hacerlo. No sería responsable abandonar la tesis de que esto ha sido motivado por el gobierno, pero sería aún peor si no se toman medidas para investigar y condenar (de ser necesario) a Edgar Alarcón. Hay que olvidarse del hipotético mensajero y tomar en cuenta el peso del mensaje que llevaba a cuestas.
Pero claro para los fujimoristas y para la collera conservadora de Twitter, cualquier persona que le haya infligido (justificada o injustificadamente) algún daño al gobierno de Kuczynski, está automáticamente ungido por un óleo beatificante ¿Cuál hubiera sido la reacción si el mandatario hoy fuera Humala y no PPK? De seguro el contralor ya habría tenido que renunciar por la avalancha de presión política. Pero hoy, no. Hoy, si le propinaste un par de ganchos al gobierno, aunque seas un corrupto de marca mayor, el fujimorismo velará porque no se te toque ni con el pétalo de una rosa.
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