La semana pasada, el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (ENFEN) elevó su predicción de un Niño “moderado” a uno “fuerte” durante invierno, con probabilidad de que este llegue a ser incluso “muy fuerte” durante este invierno. Este nuevo escenario complica la recuperación económica en los sectores agroindustriales y pesqueros, así como también pone en peligro las vidas de miles de personas que viven cerca de los ríos y quebradas. Aunque el Ministerio de la Producción aseveró recientemente que la producción no se vería afectada, pues las temporadas de pesca se habían adelantado y ya se estaban cumpliendo las cuotas, algunas firmas de prestigio como Macroconsult contemplan la posibilidad de que no se lleve a cabo una segunda temporada de pesca. Asimismo, del lado agrícola, los efectos pueden ser fuertes, aunque una estudiada preparación y ejecución oportuna de las cosechas podría ayudar a minimizar el efecto.
Sin embargo, el mayor peligro no viene por la pesca o la agricultura. El principal riesgo son las vidas humanas que están en continuo riesgo debido a su cercanía a ríos y quebradas. Un ejemplo claro de este peligro fueron los recientes huaicos ocurridos en Chosica hace dos meses, en los que decenas de personas perdieron sus vidas y muchísimas más quedaron heridas y damnificadas. Coincidentemente, todas estas personas vivían en zonas que Defensa Civil había considerado riesgosas, pero la prevención fue nula y ocurrió la lamentable tragedia.
En Lucidez nos preocupa la poca cobertura que ha tenido en la prensa y por parte de líderes políticos los riesgos asociados a un Fenomeno del Niño severo. Aunque Martin Belaunde Lossio, las exoneraciones a las gratificaciones y el conflicto Tía María han concitado debidamente la atención del ciclo noticioso, el peligro de este fenómeno no debe pasar tan desapercibido como lo hace ahora. ¿Qué sucedería si el Fenómeno del Niño alcanzara las dimensiones del observado en 1998? En aquella oportunidad, el número de damnificados superó las 300 mil personas en las regiones de Piura, Lamabayeque, La Libertad e Ica; como referencia, el número de damnificados por el terremoto de Pisco en 2007 fue de aproximadamente 75 mil personas. Los daños materiales, por su parte, superaron los tres mil quinientos millones de dólares, lo que equivaldría actualmente a casi 1% del PBI. ¿Está el gobierno listo para enfrentar esta emergencia o debemos esperar en este caso la misma improvisación que se observa en el manejo de conflictos sociales y la inseguridad ciudadana?
Aunque hay que reconocer que el Estado cuenta con un fondo de emergencia por más de cuatrocientos millones de dólares para hacer frente a los estragos de El Niño, la experiencia señala que con el régimen humalista el problema no es la falta de recursos sino su incapacidad para administrarlos apropiadamente. Es por esta razón que invocamos a las autoridades a tomar medidas preventivas en las zonas de alto riesgo, especialmente en la costa norte del país. Primordial entre estas medidas es la de incrementar la presencia de Defensa Civil en las zonas más vulnerables. El Estado tiene un rol importantísimo en la prevención de desastres, y tiene que actuar desde ahora. En caso de reaccionar tarde, o peor aún, no reaccionar en lo absoluto, Ollanta Humala corre el peligro de añadir una decepción más a su ya bastante percudido paso por Palacio de Gobierno.