No al uso abusivo de la revocatoria, por José Andrés Tello

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La revocatoria de acuerdo a Joseph F. Zimmerman, en su obra “Democracia Participativa: El Resurgimiento del Populismo”, desarrolla la importancia de este mecanismo de control ciudadano dentro del sistema político estadounidense, donde se le denominada “convocatoria” y viene a ser el acto por el cual los ciudadanos destituyen o, caso contrario, otorgan su respaldo a las autoridades electas o designadas indistintamente.

Este mecanismo se presenta como un acto electoral orientado al término anticipado de un mandato o el ejercicio de una autoridad si así lo determina el electorado de la jurisdicción donde se aplica. Cabe añadir, según el mismo autor (Zimmerman), que el uso del mecanismo de la revocatoria constituye un acto político y no un acto jurisdiccional.

En nuestro país, una convocatoria o revocatoria tiene un alcance menor a la estadounidense y sólo afecta a algunas autoridades electas tales como presidentes, vicepresidentes, consejeros regionales, alcaldes, regidores y jueces de paz que provengan de elección popular.

Para el caso particular de las autoridades designadas por el gobierno central o regional en jurisdicciones regionales, provinciales y distritales, procede otra figura de derecho de control ciudadano que es la remoción. Cabe agregar, por ejemplo, que los jefes político-militares designados por el Ministerio del Interior, es decir, por el Poder Ejecutivo son removibles de la jurisdicción para la cual fueron designados en la medida que no estén ejerciendo funciones en zonas declaradas en estado de emergencia.

Cuando hablamos, que la revocatoria es un acto en sí político de naturaleza electoral no debemos dejar de lado una figura como la vacancia de autoridades regionales o municipales, que se origina cuando un ciudadano de la jurisdicción invoca la supuesta comisión de una causal de vacancia establecida expresamente en las leyes orgánicas de municipalidades o de gobiernos regionales, por parte de una autoridad electa. Se inicia pues, un procedimiento político y administrativo a nivel de concejo edil o consejo regional. Dicho proceso, a su vez, puede devenir en un acto jurisdiccional si es que en vía de apelación y/o de recurso extraordinario se recurre ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para que conforme a lo establecido en nuestra Carta Magna y en la propia Ley Orgánica de dicha entidad, administre justicia en materia electoral en lo que podríamos denominar un proceso contencioso administrativo electoral.

Al referirnos a la intervención de los consejos regionales o ediles, queda por demás claro que estamos ante un accionar del mismo electorado, pero ya no directamente en un proceso electoral como en la revocatoria sino que a través de sus representantes en instancias de gobiernos regionales y/o locales, en un claro ejemplo de control en democracia representativa.

Un dato histórico interesante es que el primer proceso de revocatoria en el Perú se llevó a cabo el 23 de noviembre de 1997 y sólo comprendió a autoridades ediles. Al respecto, debemos referir que los fundamentos más frecuentes por los que se solicita la revocatoria de autoridades municipales, generalmente, son tres: Primero, el mal uso de los recursos públicos; segundo, el incumplimiento de las promesas electorales asumidas durante la campaña ante la población; y tercero, el incumplimiento de sus funciones. Otros fundamentos son, por ejemplo, que han perdido la confianza del pueblo; abusan del poder; no responde la demanda de servicios para la comunidad; contratan familiares en el municipio; son incapaces de dialogar o escuchar, etc.

La revocatoria, tal como se ha señalado anteriormente, constituye un mecanismo de aplicación subjetiva, vale decir, su utilización no responde a causales objetivas como en el caso de la vacancia, sino al temperamento del electorado local. Por ende, resulta más peligroso el que en una revocatoria a diferencia de una vacancia se puedan caer en excesos y, por ende, en un abuso del derecho.

En ese sentido, se debe trabajar con la sociedad civil y la población en general a través de una serie de campañas de sensibilización a cargo de los organismos electorales, con la finalidad de crear consciencia sobre el uso adecuado de este derecho de control político principalmente en las localidades con poca densidad poblacional donde su mal uso tiene efectos más nocivos, en la medida que una campaña de desprestigio infundado a veces contra una determinada autoridad, cala con mucha facilidad por la comodidad misma que implica el influenciar en un electorado pequeño. De esa manera se podría evitar un uso abusivo del mismo como muchas veces viene ocurriendo hoy en día poniéndose así en peligro la gobernabilidad que el país requiere en sus instancias de gobierno regional y local básicamente.

Estamos pues, ante una ardua tarea que no es a corto sino que es a largo plazo. Debemos pues enfrentar muchas veces al accionar de los malos perdedores en una elección municipal y regional o a gente que muchas veces actúa de motivada por intereses subalternos y oscuros. No obstante, tal escenario complicado exige un mayor esfuerzo de todos aquellos que entendemos que la institución jurídica de la revocatoria es buena, pero que su uso es a veces abusivo porque nosotros mismos lo permitimos. En fin, en aras de fortalecer nuestra democracia a través de un eficiente control del poder, trabajemos desde nuestras trincheras en aras de crear un consciencia social al respecto.

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