No habrá justicia en el Congreso, por Gonzalo Ramírez de la Torre

"No se debe caer en la candidez de creer que el corolario de todo este trance –sea cual sea– se acercará de alguna manera a la justicia".

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Tras una semana particularmente agitada, el presidente Martín Vizcarra (y/o su abogado) tendrá que comparecer hoy ante el Congreso de la República para responder por los audios revelados el 10 de setiembre por el parlamentario Edgar Alarcón.

Con prescindencia de qué se pueda pensar sobre cómo se ha empleado la herramienta constitucional que hoy lo lleva al pleno, es difícil estar en desacuerdo con que el jefe del Estado al fin ofrezca algunas explicaciones por todo lo que nos hemos venido enterando. Las grabaciones han dejado claro que Palacio de Gobierno está sumamente interesado en esconder los detalles de la relación del mandatario con el señor Richard Cisneros y todo se vuelve más inquietante ante la posibilidad de que este brumoso vínculo sea lo que explique los miles de soles que se le han pagado a este personaje por contratos con el Ministerio de Cultura.

Por ello, que hoy Vizcarra tenga que rendir cuentas es positivo. Sin embargo, no se puede perder de vista quién tendrá que decidir sobre la solvencia de la defensa del presidente: el Congreso. Tampoco se debe caer en la candidez de creer que el corolario de todo este trance –sea cual sea– se acercará de alguna manera a la justicia. Lo que hoy ocurrirá es un proceso político, conducido por políticos y guiado en gran medida por intereses políticos. La justicia, más bien, la administra el Poder Judicial y recién cuando el mandatario se enfrente a él –yo creo que eso debería ocurrir cuando termine su mandato el 28 de julio del 2021– este enredo se resolverá de manera correcta. Cuando se hable de presuntos delitos y no de la amorfa y subjetiva “incapacidad moral”.

La evaluación que se haga de la decisión que vaya a tomar el Parlamento, entonces, tiene que considerar su naturaleza política y lo mismo va para el análisis que se hace de las motivaciones que desembocaron en la moción en cuestión.

Así, quedarse en las obvias sombras en el proceder del jefe del Estado y no tomar en cuenta, por ejemplo, la plataforma política desde la que se inició el camino a la vacancia sería ingenuo y hasta irresponsable. Edgar Alarcón, el que llevó los audios de marras al hemiciclo, es una persona cuyo legado en el sector público está marcado por denuncias de corrupción y su bancada, Unión por el Perú, es un amasijo de populistas y golpistas leales a un criminal. Su papel en el intento por traerse abajo al Gobierno no puede emerger de un apremio moralista porque sencillamente no lo tienen.

Lo que se ha ido conociendo del comportamiento de Acción Popular en torno a este proceso tampoco se puede pasar por alto. Con la posibilidad de que Manuel Merino, titular del Parlamento y miembro del partido, se ponga la banda presidencial, los escrúpulos democráticos de la lampa parecen haberse flexibilizado. La llamada del presidente del Congreso a miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, es bochornosa y da cuenta de que estaba pensando en la Casa de Pizarro sin que siquiera haya empezado el proceso por desalojar a quien hoy la habita. (La respuesta del Gobierno, con un pronunciamiento con los militares detrás también fue una atrocidad).

A todo lo anterior tiene que sumarse lo que entrañaría un gobierno –aunque breve– nacido de este Poder Legislativo en medio de las crisis económica y sanitaria más graves de nuestra historia. Aunque este Ejecutivo ha estado lejos de tener una actuación ideal, por lo menos se ha mostrado más cauto que su contraparte, que se ha dedicado a aprobar medidas populistas que el Gobierno luego ha tenido que observar.

Sí, el presidente Vizcarra viene adoptando un estilo clandestino de gobierno por el que debe responder. Pero el mandatario y sus acciones tienen que ser escudriñados por el Poder Judicial, en un proceso legal donde los audios sean el punto de partida de una profunda y seria investigación que lleve a la verdad, sin que en ella interfieran los apuros y caprichos de algunos políticos interesados.

Hoy simplemente no habrá justicia en el Congreso.