No hay peor sordo

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Ugaz Natividad, Yordi

“Fuera políticos, empresarios y militares corruptos. Vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”, esta es la consiga que abraza al pueblo guatemalteco durante las últimas semanas a raíz de los escándalos de la administración pública que enfrenta el gobierno.

Miles de manifestantes, provenientes de todas partes de Guatemala, se han reunido alrededor de la Plaza de la Constitución para pronunciarse respecto a uno de los hechos más grandes de corrupción en sus 194 años como república. Reclaman la renuncia del presidente y la transparencia del gobierno en su gestión.

El presidente, Otto Pérez Molina se ha visto involucrado, en los recientes destapes que vienen sacudiendo su administración; hechos como las licitaciones y adjudicaciones fraudulentas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y la red criminal de defraudación fiscal en las aduanas.

Es por ello que en los últimos días han sido destituidos del gobierno el ministro de Gobernación, Mauricio López; de Energía y Minas, Edwin Rodas, y de Medio Ambiente, Michelle Martínez; además del titular de Inteligencia del Estado Ulises Anzueto, como presuntos responsables al permitir que los hechos hayan sucedido en su sector.

¿Medida correcta? Tal vez lo sea. Políticamente adecuada para disminuir tensiones entre el gobierno y la población, pero insuficiente. No basta frente a una población que pide transparencia y el reconocimiento pleno de sus derechos fundamentales, ello mismo lo hicieron saber en las diversas marchas que sacuden Ciudad de Guatemala.

El mandatario se encuentra frente a una presión popular muy intensa. No obstante, en lugar de buscar el diálogo y la transparencia, toma una actitud confrontacional con la población y se encarga de minimizar las protestas, cayendo en la absoluta ridiculez, actitud no digna de un representante.

El conflicto se encuentra en una esfera diferente de la que se muestra a la opinión pública. La actual crisis política solo es un referente de la inestabilidad estructural que ha tenido Guatemala durante décadas. Concordamos con Otto Pérez cuando señala que el “gobierno no se está desmoronando”, porque quien lo está haciendo es el Estado.

Un Estado poco comprometido con su gente, no dialogante; donde la mezquindad y los intereses particulares se sobreponen a toda causa justa, cargando consigo atavismos históricos de desigualdad social e impunidad, mereciendo que se repiense su estructura. Un volver a pensar que, en pleno siglo XXI, es más que necesario para su desarrollo.

Urgen mecanismos efectivos de control que impulsen al gobierno a superar la crisis, pero sobretodo una reforma efectiva del estado a través de una Asamblea Constituyente representativa, que funcione como punto de encuentro y reconciliación entre sectores profundamente distanciados. No hay peor sordo, que quien no quiere oír, señor presidente.