No merecen la confianza, por Gonzalo Ramírez de la Torre

"Lo único que ha logrado este Consejo de Ministros es demostrar lo pernicioso que resulta tener un Poder Ejecutivo sin fiscalización parlamentaria".

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El nuevo Congreso está próximo a instalarse y una de las primeras tareas que tendrá será darle (o negarle) el voto de investidura al Gabinete que lidera Vicente Zeballos.

Usualmente el Parlamento tiene que decidir si le concede la confianza al Consejo de Ministros basándose en lo que sea que hayan hecho sus flamantes miembros antes de asumir el cargo, toda vez que suelen tener poco tiempo en sus posiciones cuando el Legislativo hace su primera evaluación. Pero esta vez es diferente. El premier y su equipo vienen trabajando sin fiscalización desde que el presidente disolvió a su contrapeso el 30 de setiembre pasado y recién tendrán que rendir cuentas casi seis meses después.

Y cuando se trata de juzgar al Gabinete Zeballos, la verdad es que existen pocas razones para calificarlo como algo más que una vergüenza. En efecto, con seis ministros obligados a renunciar apremiados por diversos escándalos y con tres que permanecen a pesar de los cuestionamientos legales que pesan sobre ellos, lo único que ha logrado este Consejo de Ministros es demostrar lo pernicioso que resulta tener un Poder Ejecutivo sin fiscalización parlamentaria (por más prepotente que haya sido la anterior).

Sin embargo, lo más preocupante de esta circunstancia es la manera en la que el Gobierno ha respondido y, en ese sentido, los casos del ministro de Transportes y Comunicaciones (Carlos Lozada) y la ministra de la Producción (Rocío Barrios), resultan paradigmáticos.

En los últimos días, como se sabe, se reveló que tanto Lozada como Barrios son objeto de investigaciones de la fiscalía, aquel por colusión y esta por peculado. Dos procesos sumamente graves que tienen que ver con el paso de ambos por la función pública y que, aunque la justicia aún no los ha hallado culpables, difícilmente los hacían candidatos potables para encabezar un ministerio. No obstante, a pesar de que Zeballos sabía de sus aprietos legales –ambos miembros del Gabinete lo han dejado claro–, fueron contratados. Asimismo, cuando la prensa ha interpelado al presidente del Consejo de Ministros sobre esta situación, este defendió a sus subalternos apasionadamente.

“Como Gobierno, ratificamos con firmeza y transparencia nuestra posición firme de lucha contra la corrupción”, dijo Zeballos, ondeando la bandera que ha caracterizado a esta administración desde que se instaló. Pero es justamente por la constante repetición de esta promesa de “firmeza” que resulta incomprensible que se blinde a ministros cuestionados por corrupción, maculando su principal capital político y la legitimidad de sus carteras.

Pero este modus operandi se ha repetido, aunque en medidas distintas, en más de una ocasión. Véase, si no, cómo Edmer Trujillo volvió al Gabinete luego de su desastrosa primera gestión y cómo permaneció por mucho tiempo incluso cuando se supo que sobre él pesaba una investigación por supuestas irregularidades en la construcción del Hospital de Moquegua cuando era gerente general de la región. O cómo se designó a Susana Vilca como ministra de Energía y Minas a pesar de sus antecedentes con la minería informal y con concesiones mineras no declaradas. “Todos tienen derecho a rehabilitarse”, diría Zeballos.

Mención aparte, claro, merece el ministro del Interior Carlos Morán, cuya xenofobia, populismo y flagrante ineficiencia para frenar el avance de la inseguridad, no han bastado para que el presidente le pida su renuncia.

Así las cosas, cuando llegue el momento para que el Congreso decida si le da el voto de confianza al Gabinete liderado por Vicente Zeballos, lo lógico será que no lo haga. Hasta entonces, empero, el Ejecutivo puede curarse en salud y hacer un cambio total en su equipo, pero ello involucraría un mea culpa del que difícilmente sería capaz.

PD: Queda para otra columna la otra tarea que tendrá el Parlamento: los decretos de urgencia.