No ordenaste tu papeleo anoche, por Daniel Masnjak

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A veces para regular bien hay que desregular. Posiblemente Mike Wazowski, de Monsters, Inc., apoyaría la causa. Una de las faltas que Wazowski comete constantemente en su centro de trabajo es la omisión de un procedimiento, “ordenar el papeleo”, al terminar la jornada laboral. Es por eso que todas las mañanas es regañado por Roz, una de las secretarias de la empresa, con su clásico “Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche”. No cabe duda de que Mike preferiría que el trabajo sea asignado a alguien más, tal vez a la propia Roz.

Ahora, aunque en la película de Pixar, Wazowski no cumple con ordenar el papeleo por irresponsable, me tomaré la libertad de reformular el caso. ¿Qué pasaría si el trabajo que realiza Mike le diera incentivos para no ordenar el papeleo? Por ejemplo, quien ha visto la película tal vez recuerde que hay una competencia entre los trabajadores, en la cual gana el que consigue asustar a más niños. ¿Tendría sentido que la empresa espere que Wazowski cumpla con registrar y publicar la información relativa a los sustos del día, cuando eso pondría en guardia a los demás trabajadores? Todo lo contrario, tendrían que asumir que Mike y su compañero Sullivan aprovecharán el hecho de que la única sanción es el regaño de Roz para mantener todo en secreto y evitar alertar a sus rivales, para así ganar la competencia.

Pues bien, eso es lo que ocurre con la regulación de los lobbies en el Perú. En dos columnas anteriores expliqué que es casi imposible evitar que los grupos de interés realicen algún tipo de actividad política y que uno de los medios para hacerlo es el lobbying, que es procurar información al Estado para que tome una determinada decisión. Un ejemplo era el de los vecinos que llevan información sobre accidentes de tránsito a un funcionario para convencerlo de instalar un “rompemuelles”, otro era el del empresario que presenta información sobre los efectos negativos de no ampliar la temporada de pesca, con el fin de conseguir que se amplíe.

En el año 1997, el congresista fujimorista Jorge Trelles presentó un “Proyecto de Ley de Lobby”, que copiaba el modelo de regulación implementado en Estados Unidos y que fue archivado en 1999. En el modelo estadounidense, los lobistas profesionales (los que cobran por representar el interés de alguien más) deben inscribirse en un registro y presentar periódicamente una serie de documentos con información sobre sus reuniones (aunque la norma cuenta con varios huequitos, como la excepción para quienes cobran menos de US$5 000 por cliente). Es distinto el caso del modelo argentino. En el año 2003, el gobierno de Kirchner sancionó un decreto que obliga a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a publicar informes sobre sus reuniones con lobistas en el Registro de Audiencias de Gestión de Intereses de la entidad en la que trabajan. En el caso estadounidense, quien hace pública la información es el lobista, mientras que en el caso argentino, quien lo hace es el Estado.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó en el año 2003 una ley que jmezcla las dos propuestas, la Ley N° 28024. Por un lado, el lobista profesional debe cumplir con inscribirse y presentar sus informes, y por otro, el funcionario debe hacer pública la información sobre los lobbies que se efectúan ante él, trátese de un lobista profesional o de uno que promueve sus propios intereses. En el registro de lobistas no hay más que seis inscritos, cinco personas naturales y una empresa, que es la única que presenta informes periódicamente[1]. ¿Eso quiere decir que en el Perú no hay lobbies? No, ocurre que la actividad de los lobistas, por naturaleza tenderá, siempre a ejercerse en la sombra. Así como Mike Wazowski no quisiera que los demás se enteren de sus avances en el trabajo y por eso dejaría de ordenar el papeleo, lo último que quiere el lobista es que alguien más se entere de su lobby. Si tiene la posibilidad de no presentar el informe o de actuar sin estar registrado, lo hará.

En vano ha puesto el Estado la carga de la transparencia sobre los lobistas, pues ellos tienen un incentivo político para incumplir la regulación y la vía libre para hacerlo, dado que tienen un Estado pelele en frente, uno que ni siquiera cumple su parte. Muchos funcionarios ni siquiera saben que deben llenar y hacer público un formulario cada vez que se comunican con el representante de un interés particular. Sin embargo, una buena regulación del lobbying no necesita exigirle al lobista que haga malabares burocráticos. Si el Estado hace pública la información, sobra y basta. Que Roz se encargue ordenar el papeleo. Ahora, ¿cómo hacer para que el servicio civil sea eficiente y los trabajadores del Estado cumplan con todas sus funciones administrativas? Ese es otro problema.

[1] SALAS, Bárbara. “Contralor pide cambios en ley de gestión de intereses. Gestión. Lima, 16 de abril de 2015, p. 28