No perdamos la perspectiva, por Raúl Bravo

Sobre la actual crisis nacional, no perdamos la perspectiva. Centrémonos en los antecedentes. El 7 de Diciembre del año pasado, el entonces Presidente, Señor Pedro Castillo, en un mensaje a la Nación decidió, entre otras medidas, disolver temporalmente al Congreso. De inmediato sus ministros empezaron a renunciar. Así, el Presidente fue quedándose solo en su decisión. Minutos después, cuando abandonaba Palacio, fue intervenido en flagrancia por la Policía, asumiendo jurisdicción las autoridades judiciales, por lo que está siendo procesado y purgando una prisión preventiva. Como a todo ciudadano se le deberá garantizar el debido proceso. Y ese mismo día en el Congreso se le vacó por incapacidad moral. Entonces, por sucesión constitucional, asumió la Presidencia de la República la Vice Presidenta, Señora Dina Boluarte, quien juramentó por la tarde.

Desde entonces, diversos colectivos vienen realizando manifestaciones a nivel nacional, calificando al actual régimen de usurpador e inconstitucional. Aclaremos este punto. La actual Presidenta no ha asumido por la fuerza ni al margen de la ley, más bien lo ha hecho porque así lo manda la Constitución. Podremos no estar de acuerdo con la Señora Boluarte, pero no por ello se va a cuestionar su legitimidad, la cual se desprende del mandato constitucional. El estado de derecho, entre otras cosas, se basa en el respeto a lo establecido por la Constitución.

No contentos con ello, exigen la renuncia de la Presidenta, el cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones y la instalación de una Asamblea Constituyente que dé una nueva Constitución. La cuestión es si dichos petitorios son viables y se enmarcan dentro del marco constitucional y legal. Si queremos una sociedad civilizada, aprendamos a cumplir las leyes y la Constitución, y a convivir democráticamente. El periodo para el que fueron elegidas las actuales autoridades es de cinco años (2021-2026). ¿Pueden salir a las calles y exigir que renuncien porque no son de su agrado? Dicho pedido no se enmarca dentro del marco jurídico, pues la voluntad popular se expresó en las elecciones del 2021 y se le debe respetar. ¿Pueden exigir que cierren al Congreso? El mismo sólo puede ser disuelto cuando le niega su confianza a dos Consejos de Ministros. Por lo que cerrarlo por otra razón significa un quiebre del orden constitucional. Es posible que muchos Congresistas no nos simpaticen, pero no por ello se va a sacrificar al Poder del Estado que hace de contrapeso con el Gobierno. ¿Se dan cuenta de lo que realmente piden? Si se cerrara al Congreso ¿quién hará de contrapeso con el Ejecutivo? Le dejaríamos todo servido en bandeja al Leviatán y nadie le pondría frenos, quedando las personas a merced de sus arbitrariedades. Pedir adelanto de elecciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente para poner fin a la actual crisis social es un chantaje al que las instituciones democráticas no pueden ceder. Es cierto que no existe Constitución perfecta, pero la vigente establece mecanismos para su reforma que pueden darse dentro del diálogo consensuado, renunciando a posiciones intransigentes. Además, ningún organismo o poder estatal tiene facultades de convocar a una Asamblea Constituyente.

Ahora bien, ¿los protestantes, cualquiera sea la razón de sus protestas, están legitimados para usar la violencia en el logro de sus objetivos, tomando aeropuertos, bloqueando carreteras, mercados, atentando contra la integridad de las personas y contra la propiedad pública y privada? De ninguna manera. No seamos cómplices ni hipócritas justificándolos con argumentos que no soportan el mínimo de razonabilidad. El hecho de decirse que son del pueblo, del interior del país, de los que llaman pueblos originarios, levantando las banderas de sus naciones, no les otorga el derecho de destruir todo lo que los peruanos hemos construido. ¿Quiénes han desatado la violencia? Hoy, se quiere vender la narrativa de que se estarían vulnerando los derechos humanos de los manifestantes, para victimizarse. Si hay denuncias de ello, que se investigue y se aplique la ley. Pero no perdamos la perspectiva. Hay que separar la paja del trigo. ¿Acaso quienes bloquean carreteras y mercados, y atentan contra la integridad de las personas y la propiedad pública y privada no vulneran los derechos humanos de los demás peruanos? Evidentemente, los casos se deben individualizar, por cuanto las responsabilidades son personales. El hecho es que no dan la cara y se escudan en fuente ovejuna. A aquellos que incurren en esos actos de vandalismo se les debe aplicar el peso de la ley. Y es función del Gobierno, por mandato constitucional, hacer valer el estado de derecho y mantener el orden.

Ahora bien, si quienes protestan argumentan que han sido excluidos del desarrollo nacional, trasladándole la culpa al que llaman modelo neoliberal plasmado en la vigente Constitución, están equivocados, pues deben saber enfocar su mirada hacia los verdaderos responsables de ello. Y son aquellos  Gobiernos Regionales que no fueron capaces de gestionar el presupuesto público para reflejarlo en el desarrollo de sus pueblos. Hoy en día la mayor parte del presupuesto público está en las regiones, el cual proviene del canon minero.

Finalmente, es penoso que se trafique con la necesidad de los peruanos y sus justas demandas sociales, tergiversando la verdad de los hechos. Es condenable moralmente que se juegue con las frustraciones de nuestros compatriotas llevándolos a la calle a exponer sus propias vidas. Los peruanos queremos trabajar y salir adelante con nuestro esfuerzo, sin merecerle nada a nadie. En estos momentos de crisis, los sectores extremistas que están llevando al país al abismo agudizando las contradicciones, deben reflexionar sobre su comportamiento. Ya mucho daño le han hecho a miles y millones de compatriotas que están perdiendo sus trabajos y retornando a la pobreza, de la que habían salido. Sensatez, prudencia y lucidez en estos momentos tan aciagos para el país.