[OPINIÓN] Una Ley muy sospechosa

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En el marco de las facultades especiales otorgadas al ejecutivo para legislar en materia de seguridad, el gobierno nacional ha presentado la ley de geolocalización con la cual se busca combatir el sicariato, la extorción y los secuestros; dándole a la policía la identidad del propietario del equipo móvil en 24 horas. Hasta aquí, el espíritu de ley es positivo. Ya los altos índices de secuestros, extorciones y sicariato son incontrolables, y el problema debe de cortarse de raíz.

Pero esta ley ha nacido mal. Primero que nada, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dijo que no se ha tomado en consideración lo que el Poder Judicial tuviese que decir al respecto. Otro inconveniente que tiene esta ley, es que la policía podrá geolocalizar un teléfono sin el consentimiento previo de un juez; lo cual puede –más adelante- facilitarle los recursos de petición de nulidad de procesos porque la prueba fue obtenida de manera ilegal.

De los temas legales y de procedimiento se encargarán los abogados. Pero yo quiero abordar con ustedes mi suspicacia principal para con esta ley. Nos encontramos a ocho meses de las elecciones generales del próximo año, y será muy conveniente para el gobierno contar con información detallada de los principales candidatos presidenciales como congresales. La pregunta es: ¿el gobierno no se sentirá tentado de utilizar esta ley para espiar más de cerca a la oposición y así saber de ante mano las estrategias de campaña de los candidatos que les resulten incómodos?

El tema aquí es el factor de oportunidad. Si la policía puede usar la geolocalización sin la autorización previa de un juez, qué puede asegurarles a los ciudadanos, como a los diversos actores políticos nacionales, que no se utilizará esta herramienta para enturbiar la elección general que se avecina.

Una ley que le da a la policía la facultad de geolocalizar a cualquier persona “sospechosa”, y con ello tener una información detallada de sus movimientos, genera una gran suspicacia en época electoral; más aún en un país como el Perú que tiene una larga historia de utilización del aparato estatal –en todos sus estamentos- para satisfacer las necesidades políticas e intereses electorales del gobierno de turno.

Otro escenario, es que malos elementos de la policía lucren con este sistema en plena campaña electoral, tal como sucedió con el caso BTL. Y ello vulnere –como mencioné anteriormente- el tener un proceso electoral independiente y con tranquilidad para los diversos actores políticos. Además de poner en riesgo, en plena época electoral, la labor de la prensa y la libertas de expresión de los ciudadanos en general. Por qué digo esto. Ya el hacer prensa no es una labor exclusiva de quienes estudiamos comunicaciones, sino que cualquier persona, por medio de cualquier instrumento comunicacional (celulares, lap tops, tablets, etc), puede generar contenido informativo, que inclusive es tomado por los medios de comunicación.

Lo que le quedaría al ejecutivo es el de someter esta norma –por más que ha emanado de las facultades especiales que ha recibido para legislar en materia de seguridad- se debería de someter esta ley al análisis del congreso, el poder judicial y los ministerios competentes para generar la tranquilidad suficiente a los ciudadanos que no se tendrá un estado policiaco; menos aún previo a elecciones.