[OPINIÓN] Partidos políticos por impuestos

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Los escándalos que vinculan a la clase política peruana con el narcotráfico han contribuido a un incremento en la desconfianza en el sistema político, y especialmente en los partidos. A pesar del descrédito ante la opinión pública, existen voces desde los partidos que persisten en la asignación de recursos públicos para subvencionar su actividad política. No obstante, poco o nada se ha oído sobre la posibilidad de aplicar deducciones tributarias a los contribuyentes que realicen donaciones a los partidos políticos de su preferencia.

Según una encuesta realizada por Ipsos Perú en marzo para El Comercio, un 53% del 36% que afirma estar informado de las reformas electorales en discusión en el Congreso –es decir, un 20% de la muestra— dice estar de acuerdo con el financiamiento público a los partidos políticos. De entre todas las reformas, tal propuesta es la de menor apoyo popular. Por lo tanto, se puede inferir que en el corto plazo tal propuesta sea la que encuentre más trabas en el camino para una posible aprobación. La mencionada propuesta enfrenta una batería de críticas nada despreciable y que va desde el argumento conceptual o ideológico –¿por qué el Estado debe financiar con dinero de todos los contribuyentes a partidos con los que todos ellos no estarían en igual interés de apoyar?— hasta uno vinculado a la capacidad de gestionar con transparencia los recursos obtenidos.

La principal respuesta a tal objeción es el interés público que hay detrás del financiamiento a los partidos: una democracia con partidos fuertes tiende a ser más estable, a promover mejores cuadros y a garantizar una mejor representación. Por ende, si se quiere una democracia fuerte, se requieren partidos fuertes y financiados con transparencia.

Pues, bien, ¿por qué no fijar deducciones tributarias a los contribuyentes que realicen donaciones a los partidos de su preferencia? Si ya se contempla la propuesta de que dinero público sea destinado a financiar la actividad política, sería una propuesta democrática y representativa brindar a los contribuyentes la posibilidad de financiar a los partidos de su elección con fondos legalmente obtenidos. El Estado podría poner un tope a las donaciones, que pueden provenir de personas naturales o jurídicas, y que éstas sean deducibles de la renta gravable al finalizar el año fiscal. La transferencia se realizaría a través del sistema financiero, y llevaría a que los partidos políticos tengan los incentivos para activar sus bases y persuadir a sus militantes y simpatizantes de deducir un porcentaje de sus tributos a financiar su trabajo político.

En este sistema, el contribuyente decide libremente financiar al partido de su elección –sin afectar la decisión de otros contribuyentes— se promueve un vínculo entre los ciudadanos y los partidos, y finalmente empodera a los contribuyentes-militantes y contribuyentes-simpatizantes en la toma de decisiones de las agrupaciones de su preferencia.

Tal propuesta ya ha sido puesta a debate en el Reino Unido, mientras que en Australia y en Canadá ya es parte del modelo de financiamiento a los partidos políticos. Si vamos a empoderar a los partidos, esta puede ser una manera limpia y libre de empezar a hacerlo.