Perdiendo el horizonte, por Raúl Bravo Sender  

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Dentro del paquete de decretos legislativos dados recientemente por el Gobierno, en virtud de la delegación de facultades del Congreso para legislar –entre otros aspectos- sobre seguridad ciudadana, llama la atención el Decreto Legislativo Nº 1323 (Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género), que criminaliza y penaliza la violencia de género, en los artículos 46 y 323 del Código Penal.

En otras oportunidades nos hemos pronunciado en contra de cualquier tipo de violencia, venga de donde provenga, y sea quien sea la víctima, además de los móviles. Una verdadera igualdad ante la ley hace abstracción de las personas, sin necesidad de aludir a las diferencias –que se presentan naturalmente entre las mismas-, sean de origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole.

Lo que ha hecho el Decreto Legislativo en cuestión al modificar el artículo 323 del Código Penal es incluir una nueva modalidad de discriminación o incitación a la discriminación: la basada en el móvil de la identidad de género. Pues la discriminación ya estaba tipificada como un delito contra la humanidad. Ahora bien, al momento de diseñar la política criminal de una sociedad, hay que tener mucho cuidado.

Cuestionemos las cosas. ¿Acaso el hecho de la discriminación califica para ser tipificado como un delito? Todos los días las personas en nuestras interrelaciones horizontales dadas en la sociedad, discriminamos. Forma parte del proceso de toma de decisiones y de elección. Discriminamos al momento de tomar el taxi o la moto-taxi. Discriminamos cuando elegimos nuestras amistades, cuando elegimos en qué Universidad estudiar. Y discriminamos porque hacemos distinciones. Eso es natural en el ser humano. Cuando una empresa realiza una convocatoria ofertando una plaza de trabajo y estipula –soberana y unilateralmente- una cláusula de que se abstengan los egresados de determinadas Universidades, también está discriminando, porque simple y sencillamente nadie –ni ninguna ley- la puede obligar a contratar con quien no desea o satisface sus expectativas.

El error está en confundir los planos. La discriminación sí debe penalizarse cuando proviene del Estado o del funcionario público, pues éste, como agente de la ley, no debe hacer distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias. Pero entre nosotros, en el plano horizontal, es natural. Y la discriminación es propia de los procesos espontáneos evolutivos, como el derecho. Cuando los comerciantes prefieren regir sus relaciones por determinadas prácticas y usos en vez de otras, están discriminando a éstas, dando lugar a la formación consuetudinaria del derecho. Similar fenómeno ocurre entre los miles y millones de peruanos informales, quienes discriminan la ley formal y estatal –por costosa- para regir sus actividades por sus propias normas.

Cuando la política criminal del Estado se convierte en un instrumento desde el cual se protegen ciertos intereses de grupos, es entonces que la libertad individual –manifestada en las conductas desplegadas con entera autonomía en la sociedad- se ve amenazada. Hoy se penalizará tal conducta. Mañana no se sabe qué nos espera. Así, poco a poco se va reduciendo el margen de libertad. Nos encontramos a merced del capricho de unas cuantas personas: los legisladores, quienes mayoritariamente por gozar –momentáneamente- del visto bueno y la aprobación del soberano gentío, satisfacen sus descabelladas agendas y exigencias.

No perdamos el horizonte. Se trata de un exceso. En realidad debe despenalizarse el delito en sí, salvo cuando el agente es un funcionario. La garantía de la libertad está dada por el sometimiento a normas generales y abstractas que no aluden a específicas situaciones o personas. Y recurrir al derecho penal constituye una grave amenaza a las libertades del común. Qué bonito suena ser defensor de las minorías de género. Pero no se dan cuenta que lo hacen a un elevado costo: sacrificando la libertad de todos. Una lástima, una vez más la ley se ha convertido en un instrumento de opresión.

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