Recientemente la opinión pública ha reaccionado adversamente a los destapes de la Dirección Nacional de Inteligencia, se ha criticado el rol del gobierno y la figura de la Primera Ministra Ana Jara se ha visto embarrada por el escándalo. El caso casi nos recuerda a lo sucedido en Estados Unidos con la Agencia de Seguridad Nacional donde todos los ciudadanos estadounidenses se enteraron que el gobierno vigila sus comunicaciones luego de las revelaciones del famoso Edward Snowden. Acá no tenemos un Snowden, parece que tenemos varios y con intenciones menos altruistas; acá no tenemos una vigilancia masiva de las comunicaciones nacionales, tenemos un seguimiento a ciertos personajes que pueden ser de interés para el gobierno. Pero aún así la población se siente vulnerable. Ahora la pregunta es ¿Tiene el gobierno el derecho a vigilar nuestras comunicaciones?
Desde el vamos hay que condenar las prácticas investigativas de la DINI. Esta ‘institución’ no vigilaba a posibles amenazas para la Seguridad Nacional o a oscuros narcotraficantes, la DINI hizo las veces de una herramienta política del gobierno para mantener un ojo dentro y fuera de su círculo, no tenía como interés el bien común sino el beneficio presidencial ¿Por qué necesitaba el gobierno vigilar a estos personajes? Poco importa en esta discusión, el punto es que lo hizo y que hay que condenarlo por haber sido un acto ilegal que se trató de esconder a todos los peruanos.
Con esto dicho en Lucidez sí creemos en una vigilancia integral llevada a cabo por el gobierno. Queda claro que tendría que ser una vigilancia estrictamente derivada de una legislación que no solo garantice la reserva y confidencialidad de los hallazgos sino que esté enfocada en luchar contra las personas y grupos que amenazan con atentar contra la seguridad de nuestro país, en otras palabras la vigilancia no puede existir para satisfacer el capricho de líderes que ven su poder puesto en riesgo por la oposición.
Ahí entra el tema de la ‘privacidad’. Naturalmente por una cuestión de practicidad la vigilancia no implicaría un ojo puesto encima de una persona durante todo el día, esta sería activada por ciertas palabras o códigos de alerta que tengan que ver con posibles amenazas, lo que significa que el que no la debe no debería sentirse vulnerable, pero claro, no se puede negar que el Estado tendría acceso a todo tipo de información si así lo deseara pero ahí es donde entraría la legislación poniendo límites y acomodando detrás de las pantallas a gente óptima para la labor.
En un mundo moderno donde la tecnología ha permitido facilitar enormemente las comunicaciones es fundamental que exista un monitoreo responsable para evitar que posibles peligros se camuflen dentro de las intrincadas redes de interacción. Así como ISIS ha sabido utilizar la tecnología para esparcir su fundamentalismo, grupos terroristas locales pueden servirse de la tecnología para repartir sus ideas y proyectos venenosos y la mejor forma de combatirlos es vigilando con minuciosidad los medios que usan para comunicarse. No solo hablamos de terroristas, podemos hablar de diversos tipos de criminales cuya organización depende de la tecnología, tecnología que no podemos permitir que se use en nuestra contra.
¿No sería bueno que el Estado tuviera la potestad de ver ciertas cosas en aras de nuestra defensa? ¿Cuántas desgracias se evitarían? ¿verdaderamente se estaría vulnerando nuestra privacidad o se estarían protegiendo nuestras vidas?
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