Pero si solo son unos presos muertos…, por Michel Hoffmann

El COVID-19 no nos afecta a todos por igual y los más vulnerables son siempre los “sin voz”. En el Perú hay más de 95 mil personas presas, unos son invisibles, otros no tanto.

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No es una novedad que hay un deterioro generalizado de valores en la sociedad, falta trabajo y oportunidades y las necesidades básicas de las personas no están cubiertas. Este deterioro social ha convertido –lamentablemente– a algunos políticos, empresarios, campesinos, amas de casa y jóvenes en criminales. Desgraciadamente, las causas no son atacadas por la sociedad y el interés en revertir esta situación es nulo.

Como consecuencia de ello, en el Perú hay más de 95 mil presos en los 68 penales en todo el territorio nacional, cuando la capacidad de albergue instalada es de tan solo 40 mil plazas. Es decir, existe un 138% de hacinamiento. Ahora bien, del total de internos, 60 mil personas cuentan con sentencia firme, mientras que 35 mil están en calidad de procesados por meses e incluso años, evidenciando el fracaso del sistema de administración de justicia.

Adicionalmente, según nuestra normativa vigente, y en un estado de derecho, la presunción de inocencia debe ser respetada y la prisión preventiva tiene carácter excepcional, cosa que en la práctica en el Perú no se cumple.

Es importante resaltar que hay, según la estadística del INPE a Enero 2020, 4596 hombres y 228 mujeres mayores de sesenta años. Además, según la Defensoría del Pueblo, hay 11 536 internos con enfermedades crónicas entre tuberculosis, VIH-SIDA, diabetes, hipertensión arterial o cáncer, siendo todos ellos personas altamente vulnerables a contraer el COVID-19, situación que demanda medidas inmediatas por parte de las instituciones responsables.

Con la llegada del COVID-19 la situación en los penales se desbordó aún más. De manera tardía, se está rehabilitando con energía eléctrica, agua, medidas de seguridad y con 21 módulos prefabricados el Ex Penal San Jorge, para albergar inicialmente a unos 170 internos, mientras dure la emergencia nacional. También se publicó el DU N° 008-2020 para la excarcelación de internos por delito de omisión de asistencia familiar, siempre que cumplan con pagar la deuda alimentaria y la reparación civil. A esto se suman ahora las excarcelaciones de los políticos que estarían saliendo de prisión en las próximas horas o días.

Estás reducidas excarcelaciones no contribuirían a mejorar un sistema penitenciario colapsado y es fundamental reformarlo en su conjunto. Infelizmente los primeros agentes penitenciarios han fallecido a causa del COVID-19, lo que vuelve a evidenciar la vulnerabilidad del sistema y las insuficientes medidas de prevención. También han fallecido 21 internos, los infectados serían cientos y la perspectiva de mejora, es sombría.

De manera inmediata es necesario reducir el hacinamiento enviando a prisión domiciliara a un significativo número de personas, las especialmente vulnerables, como se ha hecho en Chile o Colombia o en Francia donde se liberaron personas por delitos menores o próximos a cumplir su condena. En el mediano y largo plazo, la concesión penitenciaria es un modelo que no solo permite construir más establecimientos penitenciarios de manera eficiente, sino también siguiendo los más altos estándares internacionales para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos del individuo, así como tener la oportunidad de proporcionar espacios de trabajo (de manera remunerada), programas de rehabilitación y perspectiva de reinserción social verdadera.

Finalmente, y como lo ha señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es indispensable que se cuente con un sistema judicial y penitenciario que funcione de manera correcta con el fin de contribuir a mejorar la seguridad ciudadana. Por el contrario, cuando los establecimientos penitenciarios están abandonados, sin capacidades ni recursos, estos se convierten en fábricas de criminales promoviendo una espiral de violencia y reincidencia delictiva en vez de ser escenarios de rehabilitación.

Todavía hay mucho por hacer en el sector penitenciario y a muchos no le importa realmente los presos, olvidándose que también son personas, son hijos, padres o madres de alguien que sufre también las consecuencias de este olvido y desidia.

 

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