Perspectivas sobre Cuba II

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Tenemos y tendremos socialismo

Propaganda cubana vigente

Siguiendo con la necesidad de aclarar el panorama en relación al embargo, acudo a una explicación de política económica sobre el mismo. Esta busca revertir la idea que solo es necesario levantar el “bloqueo” administrado “unilateralmente”, para que Cuba “deje” de “sufrir”.

Existen al menos dos leyes que deben ser derogadas, por parte del régimen cubano, que permitirían mayor tranquilidad al momento de “levantar” el embargo. La primera es la “Ley de Inversión Extranjera Directa”, sancionada en abril del 2014. Esta, no presenta modificación alguna en relación a la vigente desde 1995. Dicho instrumento legal defiende la inversión ya existente, dícese del capital invertido ruso, chino y en menor medida europeo del este. Hay tres modalidades de inversión: con empresas estatales, con joint-ventures y con empresas autorizadas por el Consejo de Ministros de Cuba. Lo curioso del caso es que esta ley dispone que en todas las modalidades el permiso es otorgado a discreción de dicho Consejo, o en su defecto por el Presidente.

Más aún, se indica que el capital autorizado es libre de ingresar, y cuenta con un régimen de estabilidad para poder invertir  a discreción de la empresa. A reglón seguido indica que el Gobierno se reserva el derecho de expropiar y/o nacionalizar ese capital. Esa inherente contradicción hace que las empresas extranjeras vean poco atractivo el invertir en Cuba, y más bien, las que ya tienen negocios fortalezcan su posición de mercado. No hay muchas leyes de atracción de inversión de dejen tan clara la prerrogativa de nacionalizar si es que no es grado del gobierno.

Durante el año pasado un ciudadano canadiense decidió invertir en Cuba utilizando esta ley y no le fue bien. Este individuo quiso trabajar cerca de 100 millones de dólares en Cuba, o su equivalente en moneda convertible cubana, (dicho sea de paso, esa isla tiene uno de los mercados negros de moneda más grande del mundo) en el sector de transporte. Pero, al parecer no hizo los pagos a las autoridades correspondientes. El resultado fue que se le abrió un juicio que duró dos semanas. El resultado fue que se le confiscó el capital a invertir, y se le sentenció a él y a otros tres socios a dos años de cárcel.

Esta barrera a la inversión no solo desalienta, sino que es una flagrante violación a los derechos humanos. Más allá de no autorizar ingresos de capitales (menos de tener un sistema financiero), violenta la dignidad humana con esta clase de juicios sumarios. Y si fuera de poco, conceptos tan básicos de cualquier sociedad moderna como el derecho de propiedad es inexistente. De este modo, la pregunta es “¿Cómo se piensa hacer transacciones e inversiones en la isla?” Es necesario demandar cambios internos en la isla, no solo pedir el no bloqueo tan solo por sonar bien. El riesgo que se corre es que se liberalice el ingreso de inversiones desde otros países, para que termine yendo a los bolsillos de Raúl Castro.

De otro lado, también se cuenta con una nueva ley de  procedimientos aduaneros, léase facilitación de comercio. Esta otra ley, vigente desde octubre del 2013, agudiza las restricciones a los ciudadanos en materia de importación de bienes de consumo y bienes intermedios. Ahora bien, esto es de suma importancia ya que la mayoría de la población vive en situación de pobreza y cuenta con un ingreso cercano a los 10 dólares mensuales, otorgado de forma racionada.

Esta reforma establece cuotas (límites) de importaciones más bajos que los anteriores, “bloqueando” de este modo el acceso a cualquier importación de productos que no esté autorizada por su Consejo de Ministros y/o su Presidente. El rango de bienes a ser controlados varía. Va desde lo que tiene menos valor agregado, como lo agrícola, hasta lo que tiene mayor valor añadido (para estándares de la isla), tales como celulares básicos. Los bienes con valor intermedio como muebles, lámparas, utensilios de cocina, o juego de libros, deben ser reportados uno por uno. Es decir, si compro un juego de cucharas, están deben ser importadas reportando cada una de las cucharas, ídem por el juego de mesa para la cocina, etc. Que no se hable de música extranjera o radios, ya que están más restringidos ahora.

Al parecer, esta falta de sentido común en el manejo de riesgo aduanero tiene otro objetivo. Es posible que los funcionarios del partido comunista necesiten crear más burocracia para poder seguir cobrando dinero a sus ciudadanos. De este modo, de poco serviría el abrir el mercado si existe una férrea restricción en el acceso de bienes, inclusive los de consumo directo. A ello se suma la existencia de un mayor aparato estatal proclive a dejar sin dinero (no hay demanda) a los cubanos al momento de importar bienes que, casualmente, no existen en la isla. Nuevamente: “¿Cómo se piensa hacer transacciones e inversiones en la isla?

Es necesario pedir cambios internos primero.