“Perú debe denunciar Pacto de San José para aplicar pena de muerte a violadores”

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El abogado y analista político, Víctor Quijada Tacuri, señaló que la pena de muerte se puede implantar en el ordenamiento jurídico nacional si se logra denunciar el Pacto de San José para extenderla a casos de terrorismo, violación de menores seguida de muerte o embarazo de alto riesgo y corrupción.

“Actualmente, la Convención Americana de los Derechos Humanos impiden que el Estado pueda extender la pena de muerte para nuevos delitos; sin embargo, en el uso de nuestra soberanía podemos denunciar este tratado y modificar la Constitución del Estado para introducir este propuesta de normativa”, precisó el letrado.

Quijada Tacuri recordó que la Convención prevé la figura de la denuncia al señalar en su artículo 78 que “1. Los Estados parte podrán denunciar esta Convención (…) mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto”.

De esta manera, el procedimiento para incluir la pena de muerte en caso de violadores de niños y niñas requerirá denunciar el pacto de San José con un preaviso de al menos un año. Luego de este plazo, sería necesario reformar el artículo 140º de la actual Constitución, pasando por las dos legislaturas ordinarias exigidas . Finalmente, se tendría que modificar el Código Penal y el Código Procesal a fin de concretizar la aplicación de la medida.

Es un proceso largo pero para muchos quienes consideramos las actuales penas benignas vale la pena el esfuerzo, sobre todo y según el reciente resumen estadístico de personas afectadas por violencia familiar y sexual- atendidas con el Centro de Emergencia Mujer- se tiene un total de 42,452 casos, de los cuales 37,100 corresponden al sexo femenino y 5,352 al masculino, 257 casos de violencia sexual de niños entre 0-5 años, 917 casos de niños de 6-11 años y 2,083 de 12-17 años.

En ese sentido, es importante recordar que tanto Venezuela (10 de septiembre del 2012) como Trinidad y Tobago (26 de mayo 1998) han denunciado la Convención, en uso de sus facultades como naciones soberanas en aras de conquistar la paz social.

Asimismo, recordó que no todas las naciones integrantes de la OEA son parte de la Convención de Derechos Humanos, tales son los casos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago; ello sin perjuicio de ser parte del concierto de naciones que respetan los Derechos Humanos en sus países.

Según Quijada, el Pacto de San José lo único que ha demostrado en estos últimos tiempos es que ha protegido a corruptos, delincuentes, terroristas y no es eficiente en salvaguardar los derechos de aquellos que tienen un bien jurídico que debe ser protegido con mayor rigidez legal como la vida, el cuerpo, la salud, la sexualidad, el patrimonio del Estado, el orden constitucional, entre otros.

Por último, recordó que hasta marzo del 2014, la CIDH ha emitido 29 sentencias en referencia al Estado Peruano, de las cuales 28 han condenado al Perú por violar derechos humanos de personas muchas veces sentenciados por delitos de terrorismo y se ha costado millonarias reparaciones.

“Esta situación nos debe llevar a analizar si es que los tratados de derechos humanos son o no son eficientes en su aplicación en el Perú, hacer un análisis económico del caso, de cuántas reparaciones civiles ha pagado el Perú por estos tratados que protegen muchas veces la impunidad, el pueblo pide solución y sanción ejemplar”, sentenció.

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