El último mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra no sólo fue inusual, sino que estuvo precedido por un Te Deum que sitúo a todos los peruanos ante una gran pregunta: ¿a quién servimos? Al individualismo o al bien común.
El Arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, mencionó que desde la República se proponía un proyecto de país que fuera realmente inclusivo. Implica que la inclusión es el acceso a oportunidades que contribuyan a que los más pobres y vulnerables ejerzan sus derechos sin restricciones, siendo el Estado quien compense las brechas en este acceso, ofreciendo servicios de calidad que aseguren la salud, educación y el empleo como prioridades. Pero, además significa que la empresa privada se sume a él para dar sostenibilidad a los programas y proyectos sociales. Las obras por impuestos son un buen mecanismo, pero hasta ahora no hay programas sociales de alto impacto cuyo asocio directo sea la empresa privada. ¿Acaso la empresa no podría comprometerse con un apoyo solidario recibiendo un porcentaje de descuento en sus impuestos?
El presidente Vizcarra anunció que se otorgará una pensión a las niñas y niños huérfanos del COVID-19, hasta que cumplan los 18 años de edad. Si bien para muchos 200 soles no es un gran aporte, si puede marcar la diferencia para asegurar alimentos básicos. Con un padrón general de las niñas y niños se puede iniciar un programa nacional que articule al Estado con la empresa privada. El fin: asegurar provisiones básicas y calidad en servicios básicos.
Cada niña y niño, podría recibir un kit escolar una vez al año, solventado por un grupo de empresas, por supuesto debería incluir una laptop o Tablet. Cada niña o niño podría recabar vales de consumo de ropa, donados por una empresa. Cada niña y niño podría acceder a pases libres para ir a un museo. Cada adolescente podría acceder gratuitamente a capacitaciones para desarrollar emprendimientos y las universidades particulares podrían becarlos a cambio de que desarrollen actividades sociales en beneficio de la comunidad como parte de la RSE de la misma universidad. Y cada uno de ellos podría tener mentorías gratuitas de parte de empresas interesadas en incluirlos entre su personal. Y la lista podría continuar en el contexto de un programa nacional.
Siguiendo con la reflexión del Te Deum: ¿qué aporta al bien común? Todo aquello que abrace con la mirada al otro, aunque no sea de nuestra familia. Las políticas públicas deben diseñarse e implementarse para darle bienestar a aquel que más lo necesite y resolver los procesos y procedimientos agilizándolos y articulándolos.
No podemos volver a ver denuncias por TV sobre alimentos que no se distribuyen a niñas y niños en las regiones así como denuncias sobre niñas desaparecidas durante la cuarentena cuyos casos no se resuelven. El 40% de las víctimas de trata son niñas y no hay un abordaje integral porque no existe una única base de datos, según la organización CHS Alternativo. Si lo analizamos, el problema es el mismo: no hay información unificada en bases de datos sobre cada tema. La falta de información unificada en el sistema de salud ocasionó que no se pudiera abordar al mismo ritmo de crecimiento de la pandemia, la atención a la población. Recordemos que al inicio de la pandemia, diariamente el presidente Vizcarra llamaba a cada hospital para obtener información, brindarla a los ciudadanos y traducirla en medidas contra el COVID-19. Es probable que para muchos no haya sido suficiente, pero décadas de inoperancia no se resuelven en semanas.
¿Qué hace falta al país rumbo al Bicentenario? No sólo servidores públicos probos, sino capacidad de gestión en situaciones límite con equipos multidisciplinarios con técnicos eficientes y eficaces que trabajen transversalmente entre todos los sectores. Pero también, la articulación entre Estado y empresa que solucionen las necesidades de los ciudadanos. Gobiernos regionales y locales articulados por problemáticas comunes que devuelven soluciones para todos. Y ciudadanos solidarios capaces de abrazar con la mirada a su prójimo, con un acto de bondad que le dé bienestar.
Entonces, la hoja de ruta por ciclo de vida en la atención a las niñas y niños huérfanos no puede ser sólo una pensión de dinero mensual. Hay que asegurar el impacto de este recurso en la vida de todos ellos. Para eso el Estado debería reportar además del otorgamiento del recurso, los resultados que cambian las vidas de esta infancia en situación de vulnerabilidad. Existen ejemplos lamentables de programas que se dedicaron sólo a distribuir recursos cuyos impactos no lograron cambiar las vidas de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, como alertó nuestro arzobispo en su homilía el 28 de julio, es hora de dar el paso a ser “sujetos generadores de procesos duraderos de solidaridad que ayuden a crecer en conciencia, capacidades humanas y sociales para que se escuche la voz de todos”. Para el 2021, en el Bicentenario deberíamos llegar con un Perú Inclusivo donde las voces de todos los ciudadanos encuentren participación y resolución de sus necesidades con medidas concretas que les otorguen esperanza y alegría. Yo quiero un Perú Inclusivo ¿y tú?
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