El pasado mes de diciembre permitió mostrarnos al mundo como un Estado parte y sede de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-COP20. Reto osado que ha permitido mantener viva la preocupación del Gobierno Peruano, la sociedad civil, los pueblos indígenas y el sector privado por el cambio climático, entendiendo que de ello depende la supervivencia y futuro de la humanidad, además de generar un proceso central de autoevaluación, debate, análisis e investigación del ambiente en el cual estamos inmersos, promoviendo una agenda interna de trabajo.
Los más de 1.285.220 kilómetros cuadrados de superficie con los que cuenta el territorio peruano, tener el segundo bosque más extenso, el 71% de los glaciares tropicales del mundo y albergar más del 10% de las especies de flora del planeta es un gran desafío. Complejo trabajo de articular costa, sierra y selva, considerando las abismales diferencias de cada población, obligando a tener un Estado presente, fuerte y conocedor de la necesidad local, capaz de transmitir la existencia entre desarrollo sostenible y crecimiento económico a la vez. Un Estado impulsor de políticas ambientales tratando de ser los más convocante, tomando en cuenta que el Perú se ubica en el tercer lugar como país más propenso al cambio climático detrás de Bangladesh y Honduras, según estimaciones de Tyndall Centre for Climate Change Research. Una visión de responsabilidad a comprometerse a cambios progresivos; el cambio climático es un asunto sensible.
El incremento de emisiones de GEI (Gases de efecto invernadero) es evidente debido a las actividades del ser humano en la industria económica. Actividades que el transcurso de los años se ha intensificado con el avance de la tecnología, produciendo liberaciones en la atmosfera de dióxido de carbono (CO2), ozono (O3), metano (CH4) entre otros, que poco a poco han ido y seguirán deteriorando el ecosistema y gran parte de la vida y calidad del ciudadano. Producto de este gran costo que asume el Estado peruano en destrucción del ambiente, el Banco Central de Reserva en su informe del 2009, ha estimado que para el año 2050 el Producto Bruto Interno (PBI) tendría una reducción significativa de 20% a raíz del cambio climático; bajo la misma línea la Comunidad Andina de Naciones prevé que al 2025 el PBI será de 4,3% menor a un escenario sin cambio climático. Estas pérdidas se ven reflejadas en cifras económicas que hoy en día nos permiten entender que aún existen vacíos en la legislación peruana y que poco o nada ha intentado el Gobierno Central; si bien es cierto, existen políticas interesantes y primordiales como el Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, aún hay espacios donde el Estado no ha hondado.
Desde 1997, año en el cual se establece el Protocolo de Kyoto hasta la fecha, no se ha promulgado en el Perú una ley Marco del Cambio Climático, que fortalezca al Estado en la gobernabilidad climática. Cabe precisar que existen herramientas legales como la Ley General del Ambiente, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistemáticos o la Ley Forestal y Fauna Silvestre, pero no desarrollan obligaciones de adaptación, mitigación y vulnerabilidad; además de no definir el monitoreo y la importancia de políticas públicas de los Organismos Desconcentrados de los Ministerios del Ambiente, Agricultura y Riego, Energía y Minas, Economía y Finanzas y Producción que permitan una economía baja en carbono con una vida sostenible.
(Continuará la próxima semana)
