El Presidente de la República, Martín Vizcarra, en su último mensaje a la Nación por fiestas patrias, ha anunciado una propuesta de reforma constitucional para reducir el período, tanto del Congreso como del Gobierno, convocando a elecciones generales para el 2020.
Medida que tomó por sorpresa a todos, especialmente a los legisladores, pues en los últimos días sonaba la posibilidad del cierre del Hemiciclo, al extremo que aprobaron interponer una acción competencial con su medida cautelar ante el Tribunal Constitucional en relación a los alcances de la cuestión de confianza.
A pesar de la inicial configuración del Congreso con una mayoría fujimorista que progresivamente fue fragmentándose –lo que le ocurrió a las demás bancadas- y un gobierno que paulatinamente fue perdiendo interlocutores en el Parlamento, cuando verdaderamente se anteponen los intereses nacionales entonces existe la voluntad de trabajar con el adversario político. Haciendo un balance ¿la han tenido realmente tanto los miembros del parlamento como los del gobierno?
A raíz del destape de los presuntos actos de corrupción que comprometen a ex magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, y a algunos miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, todo ello en el contexto de los mega procesos a ex Presidentes, políticos y ex funcionarios por los casos vinculados a “Lava Jato”, el Presidente Vizcarra hizo suya la lucha contra la corrupción, planteando además reformas sobre la configuración parlamentaria y las reglas electorales, como políticas públicas de su gestión.
Desde entonces, gobierno y parlamento se han enfrascado en una pugna por legitimarse ante la opinión pública. El pretexto para el Ejecutivo lo ha sido la cuestión de confianza interpretada a su manera sobre un aspecto que es de competencia del Congreso en su calidad de poder constituyente derivado, esto es, las reformas constitucionales, dado que el Presidente no puede observarlas. Entretanto, el “milagro peruano” se desvanece en nuestras narices. La economía y la calidad institucional se han desacelerado y deteriorado respectivamente, traduciéndose en un descenso del crecimiento y de la generación de empleo, mientras el gasto público crece.
El enfrentamiento de los políticos genera un clima de desconfianza e inestabilidad a la inversión privada. Importantes proyectos como el de “Tía María” se ven paralizados por la incapacidad de las autoridades y funcionarios en no saberse ubicar dentro del mapa y en no asumir las competencias que por mandato constitucional les corresponden, anteponiendo sus agendas e intereses de protagonismo y generando falsas expectativas ante una población que ve postergado su desarrollo.
¿Cuándo nos tomaremos en serio a este país? 198 años sometidos a las aventuras políticas de jefes militares, caudillos populistas, outsiders, y cuantos advenedizos que, con ínfulas de iluminados y mesías, han hecho del Perú un experimento. ¿A qué nos llevará la iniciativa presidencial de adelantar las elecciones?
Es irresponsable gobernar para las tribunas, suponiendo que la voz de Dios es la voz del pueblo. Eso es lavarse las manos como Pilatos y echar la suerte del país al azar. Un auténtico estadista demuestra su capacidad en gobernar y se queda hasta al final asumiendo su rol de Jefe de Estado sin renunciar al mandato popular que lo colocó por cinco años. No se escuda en ese manipulado clamor popular de cierre del Congreso.
Muchos quieren ver al país más dividido en un clima de confrontación. Esos son los que en primera fila aplaudieron el adelanto de elecciones. Presidente Vizcarra, no le haga el juego y no les allane el camino a los extremistas. De esos escenarios solo sacan ventaja los aventureros políticos que nos pueden llevar al vacío.
Lo más sensato hubiera sido trazar una agenda de trabajo consensuada con el Congreso sobre aspectos fundamentales de la descuidada economía para los dos años que restan de gestión, tomándole la palabra al nuevo Presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien en su primer discurso parece tener las cosas más claras.
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