¿Plan Bukele en Perú?, por Piero Gayozzo

«A través de un apoyo entre la Policía Nacional, el serenazgo local y el Ejército del Perú podría organizarse el cercado de cada uno de estos distritos e iniciar la búsqueda de requisitoriados, ciudadanos extranjeros en calidad de ilegal y gente de mal vivir casa por casa, rincón por rincón e iniciar las detenciones pertinentes.»

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En los últimos días se ha discutido sobre la posibilidad de implementar en nuestro país un plan contra la delincuencia similar al ejecutado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir a la infame pandilla Maras Salvatrucha. Incluso, entre los días 28 y 30 de agosto, la Municipalidad de Lima organizó una serie de conferencias en las que autoridades nacionales y salvadoreñas intercambiaron opiniones y experiencias en la lucha contra la delincuencia. Políticos peruanos de variada tradición ideológica como Carlos Bruce, Fernando Rospigliosi o Rafael López Aliaga apoyan su consideración e implementación, mientras que parte de la prensa, como Epicentro o José Barba, y activistas por los derechos humanos la rechazan tajantemente.

¿Qué es el Plan Bukele?

Durante las elecciones presidenciales para el año 2019 Nayib Bukele centró parte de su estrategia en la denuncia de la corrupción presente en los partidos mayoritarios del país y en la lucha contra las pandillas. Una vez que accedió al Ejecutivo, Bukele logró someter a las pandillas y establecer una convivencia pacífica en el país después de muchos años. Como consecuencia de esto, su popularidad llegó a altos niveles tanto nacional como internacionalmente. El mecanismo con el que logró desarticular a las pandillas y capturar más de 50 mil pandilleros en poco tiempo fue denominado por el gobierno como “Plan de Control Territorial” y ha generado tanto loas como controversias.

De acuerdo a la información hecha pública, Stelmach (2021) afirma que tres áreas claves pueden identificarse en el mencionado plan: a) tomar el control de los centros de las principales ciudades, b) aislar a las pandillas de las ganancias y c) recuperar el control de las prisiones. Además de ello, está compuesto por siete fases y, aunque no se habría precisado su naturaleza, se han ejecutado al menos 5, por lo que nos es posible describirlas.

Fase (1) ‘Tomar control de las zonas capturadas por las pandillas. Esta fase incluyó la presencia policial e instalación de video vigilancia en 262 municipalidades consideradas de peligro o urgencia. Fase (2) llamada ‘Oportunidad’, se caracterizó por la inclusión y desarrollo de programas sociales de educación, cultura, arte, deporte y salud, así como brindar oportunidades laborales, alojamiento temporal y programas educativos. Fase (3) ‘Modernización’, apuntó a fortalecer la policía y a las fuerzas armadas con equipamiento de última generación. Ejecutar esta parte del plan le significó un acercamiento tenso al Parlamento, sobre todo por haber irrumpido en dicho poder del estado acompañado de las fuerzas armadas para solicitar que se aprobara el financiamiento del proyecto de equipamiento militar. La Fase (4) ‘Incursión’ inició el año 2021 y se caracterizó por el ingreso de las fuerzas del orden a zonas de control de las pandillas. En los 11 primeros meses de iniciado se capturaron cerca de 27 mil personas, entre pandilleros y delincuentes comunes. La Fase (5) ‘Extracción’ inició a finales del 2022 y tiene como objetivo el cercado de las grandes ciudades y el despliegue de fuerzas militares y policiales para extraer a los pandilleros que se esconden sin que puedan escapar de la ciudad, así como detener a sus colaboradores.

Debe precisarse que parte del plan de Bukele incluye redadas a gran escala, de ahí la necesidad de cercar ciudades enteras y realizar una búsqueda exhaustiva rincón por rincón. El cercado de ciudades que se ha llevado a cabo a lo largo del Plan de Control Territorial ha ido cambiando hasta lograr la eficacia obtenida en lo que el gobierno denominó como “Cerco de Comasagua”. Durante la toma de la ciudad de Comasagua se desplegaron unidades tácticas y blindados en las afueras, esto con el propósito de que no escapen los delincuentes, y luego se usaron unidades especiales y drones con visión térmica para iniciar el seguimiento y captura de los objetivos. Sin lugar a dudas una contundente acción contra la delincuencia y una oportunidad de aumentar el bienestar de la población civil.

Adaptando el Plan Bukele a Perú

Si revisamos datos sobre la delincuencia, solo en el año 2022 se registró un total de 497 mil denuncias por comisión de delitos. La mayor cifra de los últimos cuatro años. La inseguridad también se percibe entre la ciudadanía. De acuerdo al INEI, el año 2022 el 87,7% de la población mayor de 15 años respondió sentirse insegura[1]. Por estas razones, entre otras, se ha sugerido aplicar un Plan Bukele o un plan similar al de Control Territorial salvadoreño. Actualmente, los medios de prensa y diversos actores políticos debaten sobre una medida como esta. Diversas dudas surgen, entre ellas la posibilidad técnica e institucional de su implementación, la necesidad de una adecuación a la realidad peruana, así como una crítica por los deslices cometidos durante su implementación en El Salvador.

Como hemos descrito, el Plan Bukele es un complejo proyecto para el que se requiere, además de liderazgo y decisión, una alta capacidad operativa interinstitucional. La policía ha demostrado organización y disposición de apoyo al ciudadano al procurar el orden en las marchas de los últimos meses, pero intentar cubrir únicamente las tres áreas claves del Plan Territorial implican un diálogo íntimo entre instituciones tan variadas como el Ministerio Público, el Poder Judicial, las fuerzas del orden, el Ministerio de Justicia (INPE), la Defensoría del Pueblo, el sistema de salud y el Congreso, la prensa y garantes internacionales, entre otros tantos. Un factor que dificulta el diálogo es que existe una pugna política que ha sobrepasado las esferas de la política partidaria y de los cargos a los que se puede postular para hablar de conflictos y competencia entre las instituciones de gobierno. Una situación algo complicada, mas no imposible de resolver en pro de mejorar la convivencia del país. Recordemos que El Salvador lo logró, pero fue posible bajo un liderazgo fuerte.

De aplicarse en Lima, el Plan Bukele debería reorientar las fases y crear una dinámica más acorde a la problemática de la ciudad. En Lima, al menos, no existen redes delincuenciales tan complejas como las maras, sino pequeñas mafias y grupos delincuenciales que compiten por el poder, así como barrios con delincuencia común. Por esta razón, las fases debieran comprender acciones más rápidas y no un complejo plan de años para extirpar la delincuencia, como en El Salvador. Una potencial Fase 1 o ‘Toma del control de los centros de principales ciudades’ debería implementarse con urgencia en los distritos de Lima con mayor incidencia de robos. En lo que va del año, los focos de delincuencia han sido San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Villa El Salvador y Comas. En estos debería desplegarse una cantidad mayor de efectivos y solicitar el apoyo militar para cubrir su vasto territorio. Luego de tener mayor presencia en aquellas ciudades, las Fases 4 y 5 podrían aplicarse. A través de un apoyo entre la Policía Nacional, el serenazgo local y el Ejército del Perú podría organizarse el cercado de cada uno de estos distritos e iniciar la búsqueda de requisitoriados, ciudadanos extranjeros en calidad de ilegal y gente de mal vivir casa por casa, rincón por rincón e iniciar las detenciones pertinentes. Una búsqueda a lo largo de toda la ciudad como si se tratara de un censo.

Las fases 2 y 3 podrían ejecutarse en paralelo y como medidas a mediano plazo, pues en ocasiones existen personas vulnerables que viven o dependen de los sujetos intervenidos. Organizar ferias y campañas de trabajo y educación serían posibles con apoyo de la empresa privada y del sector civil.

A fin de no tener prisiones acinadas, la construcción de nuevos pabellones y de una mega prisión resultan imprescindibles. Siguiendo el ejemplo de El Salvador, la construcción de una prisión no tiene por qué ser un impedimento para el proyecto. Podría solicitarse apoyo a dicho país para copiar o adaptar sus prisiones a espacios remotos del Perú, como lo serían Challpalca o El Sepa. Contemplar la posibilidad de que el Ejército del Perú esté a cargo de estas prisiones sería adecuado.

Por otro lado, en parte de la literatura bioética, incluso la discusión ética desde la época de Bentham, se comenta que una forma de evitar que un delincuente sea reincidente en la comisión de un delito es a través de un castigo preventivo que sea más temido que la pena misma por el delito que cometió y podría volver a cometer (Bedau, 2005). Por ejemplo, en El Salvador, los reos viven de acuerdo a un estricto control, el cual incluye dietas poco calóricas que reduzcan su fuerza y posible agresividad, aislamiento interno, privación de comunicación con sus familiares, concentraciones en áreas despejadas, disposición aleatoria de la ubicación de un reo en el penal (ignorando las diferencias entre pandillas), castigos físicos dependiendo de su conducta, entre otros. En vista de que las penas actuales no sirven de disuasión para la delincuencia y de que las autoridades están comprometidas en el ingreso de armas, celulares y otros beneficios en las cárceles, sería ético aprender de los desaciertos salvadoreños y generar en los reos un clima que simule cierto aislamiento al ser internados en lugares remotos, como Challapalca, y someterlos a una estricta vida carcelaria que incluya una rutina disciplinaria, trabajos forzosos, desgaste físico, tiempo de concentración en patios, celdas de castigo y dietas especiales, además de los necesarios proyectos de resocialización en paralelo. Estas medidas extraordinarias se tomarían siguiendo la lógica consecuencialista “según la cual el objetivo de la práctica del castigo es aumentar el bienestar social neto general reduciendo (idealmente, previniendo) la delincuencia” (Bedau, 2005). La estricta vida carcelaria y las medidas de aislamiento inspirados en las políticas de El Salvador fungirían de acción preventiva para la reincidencia y la comisión de delitos por su severidad generando un impacto positivo en la convivencia citadina.

Una Fase adicional debería consistir en la creación de una red de control interno en la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE, de manera que cualquier irregularidad sea rápidamente identificada y sus perpetradores sometidos a investigación y subsiguiente enjuiciamiento.

El espacio para exponer esta idea resulta breve, pero considero que pensar en un Plan Bukele adaptado a la realidad peruana sería un gran acierto. Ejecutarlo es de obligatoriedad. La ciudadanía está harta de vivir con miedo. ¿Tendrá alguien la voluntad para realizarlo o cederemos ante la delincuencia?

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