Poder Judicial levantó orden de impedimento de salida del país por 18 meses contra Martín Vizcarra

El Poder Judicial levantó la orden de impedimento de salida del país por 18 meses que se le impuso al expresidente Martín Vizcarra, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por supuestos actos de corrupción durante su gestión en el Gobierno Regional de Moquegua.

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El Poder Judicial levantó la orden de impedimento de salida del país por 18 meses impuesta al expresidente Martín Vizcarra. Esta medida era parte de la investigación preparatoria que se le sigue al ex mandatario por supuestos actos de corrupción cometidos durante su desempeño como Gobernador Regional de Moquegua.

La jueza Margarita Salcedo Guevara adoptó esta medida al tomar en cuenta que el plazo de la medida impuesta a Martin Vizcarra el pasado 13 de noviembre del año 2020 tenía vigencia hasta el día 12 de mayo del año 2022.

La titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria precisó en su resolución que el Ministerio Público no presentó ningún escrito solicitando la prolongación de dicha medida impuesta al exjefe de estado dentro de este caso.

En esa línea, la magistrada notificó su decisión a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Policía Nacional para la ejecución del levantamiento de la orden de impedimento de salida del país que se dictó contra Martín Vizcarra por vencimiento del plazo.

Cabe recordar que la investigación preparatoria gira en torno a las declaraciones que brindaron aspirantes a colaboradores ante el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche respecto a presuntos sobornos que habría recibido Martín Vizcarra cuando fue Gobernador Regional de Moquegua por parte de empresas vinculadas al ‘Club de la Construcción’ a cambio del Proyecto de Irrigación lomas de Ilo y del Hospital de dicha región del sur del país.

Por su parte, el expresidente Martín Vizcarra seguirá afrontando esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeta al cumplimiento de reglas de conducta tales como no ausentarse de la localidad donde reside sin previa autorización judicial, no divulgar información respecto a su proceso y presentarse ante la autoridad fiscal y judicial cuando sea requerido, además de pasar por el respectivo control biométrico.