Popular ante todo, por Gonzalo Ramírez de la Torre

"Si Vizcarra tenía reparos sobre Tía María y “argumentos para retroceder” ¿por qué el gobierno le dijo sí a la licencia a principios de julio?".

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A principios de julio, el gobierno de Martín Vizcarra le otorgó la licencia de construcción al proyecto minero Tía María. Habían pasado casi cinco años desde que el Ministerio de Energía y Minas había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la empresa Southern Perú había cumplido con todos los requisitos que las leyes peruanas le exigen para poder operar. Para el 2018, Tía María contaba con la venia, no solo de todas las entidades técnicas competentes, sino con la de buena parte de los ciudadanos de Mollendo, Valle del Tambo y Matarani, que lo consideraban “beneficioso” (según Ipsos).

Frente a la noticia de que el gobierno había dado el permiso para empezar las actividades, Southern Perú aseguró que no empezarían a construir hasta que, “en coordinación con el Ejecutivo”, existiese “un contexto social favorable”. El planteamiento se adelantaba a las movilizaciones que, en efecto, comenzarían en los próximos días en la región Arequipa.

Estas protestas, además de albergar ciudadanos con inquietudes legítimas sobre el proyecto (y a quienes tanto la empresa como el gobierno debían dar tranquilidad), también incluyeron a grupos radicales que –envalentonados por la actitud prepotente del gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica y una cohorte de anti mineros– repartieron violencia y zozobra por las calles de la Ciudad Blanca, a punta de bloqueos de vías, pedradas y palazos.

El viernes 9 de agosto, tras varios días de protestas en Arequipa, el Consejo Nacional de Minería (tribunal administrativo adscrito al Ministerio de Energía y Minas) anunció la suspensión del proyecto por 120 días. Esto, según se explica en la resolución, mientras preparan una decisión final sobre los recursos de revisión (de la licencia) presentados por Elmer Cáceres Llica y algunos grupos ciudadanos.

Lo controversial de la resolución del Consejo, empero, se encuentra en el subtítulo “análisis”, donde el ente pondera que la vigencia de la licencia puede “ocasionar que la población reaccione de forma violenta” (punto 14). Al tener el gobierno que garantizar la paz en todo el país, la posibilidad de una protesta violenta no puede ser causal para la suspensión de un permiso obtenido de forma lícita. El mensaje, harto lamentable, que emite el Consejo es que mientras las protestas devengan violencia, existe posibilidad de detener todo…

No obstante, si bien el Consejo de Nacional de Minería es un ente autónomo (cuyos miembros son nombrados por el presidente), la dirección de su decisión cobraría especial coincidencia con lo que se revelaría el sábado 10 de agosto: un audio del presidente Martín Vizcarra y un grupo de autoridades arequipeñas. El clip, que data del 24 de julio, deja claro (con frases como “hay argumentos para retroceder”, “tengo que preparar el argumento” y “ya ustedes saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente”) que el jefe de Estado ya había tomado una posición sobre el futuro del proyecto Tía María…

En buena cuenta, desde antes de su estruendoso mensaje de Fiestas Patrias, Vizcarra ya había tomado una posición que contravenía lo que su propio gobierno (específicamente, su propio Ministerio de Energía y Minas) había aprobado. Más allá de defender la pertinencia técnica de la licencia al proyecto Tía María y actuar como mediador imparcial entre Southern Perú y los ciudadanos arequipeños, el mandatario eligió dar a entender, en un cónclave con quienes habían convocado protestas contra la mina, que el proyecto podía caer.

Más allá de cómo se juzgue el impacto económico, social y ecológico de la mina, lo que no se puede negar es que Martín Vizcarra demuestra poco interés por la institucionalidad y los procesos administrativos del poder del Estado que encabeza. El mensaje no solo es atroz para los inversionistas, que pueden ver sus apuestas económicas saboteadas por el mismo ente que en un primer momento les dio la luz verde, sino para el país en general, que tiene a un presidente que, so pena de perder popularidad, asume posiciones que van en línea con el público al que le habla.

Si Vizcarra tenía reparos sobre Tía María y “argumentos para retroceder” ¿por qué el gobierno le dijo sí a la licencia a principios de julio? ¿Por qué no sostuvo la posición de su administración frente a las autoridades arequipeñas? ¿La situación tiene algo que ver con la caída de aprobación en julio en el sur del país? Es lo más probable.

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