¿Por qué detener la elección del Tribunal Constitucional?, por Gerardo Távara Castillo

Tiempo y lugar: blog de Gerardo Távara Castillo

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Un grupo de profesionales del derecho hemos presentado una demanda constitucional de amparo y una medida cautelar para detener el irregular proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional que se lleva a cabo en el Congreso de la República.

La iniciativa parte del Instituto de Defensa Legal – IDL y personalmente me he sumado con la convicción de que el derecho fundamental de acceso a la justicia está en riesgo, esto por la forma en que el Congreso lleva adelante tan importante proceso.Los textos completos de la demanda de amparo y la medida cautelar pueden ser consultados en los siguientes vínculos:

HTTPS://WWW.SCRIBD.COM/DOCUMENT/427268781/IDL-PRESENTA-DEMANDA-DE-AMPARO-PARA-DETENER-ELECCION-DEL-TC

HTTPS://WWW.SCRIBD.COM/DOCUMENT/427291783/IDL-PRESENTA-MEDIDA-CAUTELAR-Y-SOLICITA-LA-SUSPENSION-INMEDIATA-DEL-PROCESO-DE-ELECCION-DEL-TC

Quiero referirme a algunos puntos en particular y trataré de hacerlo de la forma más sencilla posible.

1. La importancia del Tribunal Constitucional

Se trata de un organismo constitucionalmente autónomo compuesto por siete magistrados elegidos por el Congreso para un periodo de 5 años.
El TC es el máximo garante de la constitucionalidad de las normas que emite el Congreso, el Poder Ejecutivo o los gobiernos regionales y municipales. Pero es también el máximo garante de los derechos fundamentales de las personas, para lo cual resuelve procesos de habeas corpus, acción de amparo o habeas data.

Cada vez que el TC resuelve un proceso de insconstitucionalidad o de amparo, por ejemplo, fundamenta sus sentencias basándose no sólo en el texto literal de las leyes nacionales, sino también en las normas internacionales y en los principios del derecho. Pero, además de resolver el caso en cuestión, emite recomendaciones hacia los poderes del Estado de forma tal que interviene en la definición de las políticas públicas para colaborar con la mejor realización del Estado de Derecho y de los derechos de las personas.

Así por ejemplo, declaró la inconstitucionalidad de la denominada “ley antitransfuguismo” y alcanzó al Congreso un conjunto de recomendaciones para la adecuada regulación de los procedimientos para la formación de bancadas y el respeto a las prerrogativas de los parlamentarios. Cito otro caso: dos jóvenes fueron impedidas de ser matriculadas en un colegio estatal, acudieron al TC y éste no sólo dispuso que se les matricule sino que -a la vez- recomendó al Ministerio de Educación revisar sus directivas y procedimientos para evitar que situaciones así se repitan. Hay muchos más casos que ilustran la trascendencia de este órgano.

2. El derecho de acceso a la justicia
Este derecho fundamental requiere -para su materialización- que los Estados cuenten con mecanismos que garanticen la independencia y la capacidad profesional de los jueces y juezas.

No basta, pues, con que existan juzgados y tribunales en funcionamiento; se requiere que estén integrados por profesionales probos, autónomos y competentes.Este requisito se ve seriamente afectado cuando una organización criminal como “los cuellos blancos del puerto” toma el control del extinto Consejo Nacional de la Magistratura y de importantes cortes superiores de justicia e incluso de una parte de jueces y fiscales supremos -como César Hinostroza o Pedro Chávarry, entre otros- y de esta manera corrompe el nombramiento de jueces y fiscales y “vende” sentencias.

Pero el requisito de autonomía, competencia y probidad en la administración de justicia se ve afectado también cuando la designacion de miembros del Tribunal Constitucional se realiza bajo la modalidad de reparto de cupos entre grupos políticos y no bajo un concurso meritocrático y transparente, tal como ocurrió el 2013 con la famosa “repartija” y como pretende hacer ahora el Congreso de la República.

3. Los vicios del actual proceso de elección del TC De los actuales siete magistrados del TC, seis han cumplido los 5 años para los que fueron elegidos. Es cierto que en noviembre del 2018 el presidente del TC pidió al Congreso -como corresponde- que inicie el proceso para designar a los reemplazantes. También es cierto que el 19 de noviembre del año pasado se instaló la respectiva comisión seleccionadora.

Lo que no es cierto es que desde entonces se haya venido trabajando para escoger a los y las postulantes. Al contrario, desde noviembre del 2018 el proceso quedó paralizado; en parte porque el número de bancadas creció y se presentó un proyecto de ley a fin de que todas ellas tengan asiento en la comisión seleccionadora del TC. El referido proyecto de ley fue derivado a la comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Bartra pero -a pesar de los meses transcurridos- el proyecto no ha sido dictaminado y menos aprobado.

Recién el 13 de septiembre de este año la comisión seleccionadora volvió a instalarse bajo la presidencia del congresita Pedro Olaechea, y 5 días después publicó una lista con once postulantes propuestos todos por seis de los doce grupos parlamentarios. Vale precisar que algunas bancadas se quedaron sin sitio en la comisión.

La publicación de la lista de 11 postulantes (8 hombres y 3 mujeres) no ha sido acompañada de un cronograma que establezca aspectos básicos para que la ciudadanía conozca la trayectoria de cada uno de ellos y presente las observaciones que con todo derecho podría tener. La lista se dio a conocer el 18 de septiembre y se convocó a elección en el Pleno del Congreso para el 30 del mismo mes, menos de 15 días. No es, pues, exagerado decir que estamos ante un proceso inusitadamente acelerado, un proceso exprés.

Entre los postulantes hay quienes tienen méritos suficientes, pero también quienes -según ha revelado la prensa- habrían tenido vínculos con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización criminal “los cuellos blancos del puerto”, la misma a la que me he referido líneas arriba; se trataría de la abogada Carmela de Orbegozo, propuesta por Fuerza Popular. Figura también el ex candidato aprista al Congreso y abogado del fallecido ex presidente Alan García, Wilber Medina, y un ex miembro del TC que ha opinado ya en contra de causas que podrían llegar al tribunal, como la procedencia de una cuestión de confianza que podría determinar el cierre del Congreso o el adelanto de elecciones generales, Ernesto Álvarez.

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/AMP/S/DIARIOCORREO.PE/AMP/POLITICA/CONFIANZA-NO-APLICA-PARA-ADELANTO-DE-ELECCIONES-TRIBUNAL-CONSTITUCIONAL-MARTIN-VIZCARRA-906701/

Las irregularidades son, pues, varias y graves. Tenemos razones de peso para la demanda constitucional de amparo y la medida cautelar que hemos presentado para detener este irregular proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional hasta que se resuelvan las observaciones planteadas y se establezca un procedimiento que reúna las condiciones y estándares básicos para garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia.

¿Por qué detener la elección del Tribunal Constitucional?

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