¿Por qué no debería existir el voto de confianza ministerial?

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Manda nuestra Carta Magna que una vez nombrado el Presidente del Consejo de Ministros y su gabinete, estos deben concurrir al Congreso para obtener la cuestión de confianza. En cumplimiento de esta disposición constitucional, la ministra Ana Jara, está preparando su presentación ante el Pleno y lo hace principalmente reuniéndose con los grupos políticos representados ante el Parlamento. Su objetivo es claro: conseguir el voto de confianza y evitar tener que pasar por lo mismo que su antecesor –el ex premier René Cornejo- quien no obtuvo los votos necesarios y tuvo que someterse a una segunda votación, lo que generó una crisis más a este gobierno.

No tengo ninguna duda de que la ministra Jara conseguirá los votos y creo que este gabinete será el que más dure de este gobierno, principalmente por la confianza que tiene de la “pareja presidencial” y después por las capacidades políticas y mediáticas que ha demostrado tener la actual premier. Sin embargo, hay algunas cuestiones que creo es necesario plantear en la reforma política que tenemos pendiente y –dada la coyuntura- esta puede ser una buena oportunidad.

La cuestión de confianza es propia de un sistema parlamentarista, en el cual tanto el jefe de gobierno (Presidente del Consejo de Ministros) como los demás ministros son elegidos por el parlamento y por lo tanto son de la confianza de éste poder, quien los nombra y remueve a su voluntad. En un sistema presidencialista, el jefe de gobierno (Presidente de la República) es nombrado por el pueblo a través de su voto. Sus ministros (que se les llaman secretarios de Estado en cualquier parte del mundo menos en el Perú) son nombrados y removidos por el propio presidente y gozan de su confianza. En el Perú tenemos una suerte de “Presidencialismo parlamentarizado” y esto se nota –entre otros- en el voto de confianza, pues los ministros son nombrados y removidos por el Presidente de la República, pero necesitan obtener la confianza del parlamento para poder ejercer válidamente sus funciones.

Este mecanismo de control político, que no se da en la gran mayoría de países presidencialistas (EE.UU. y casi todos los países latinoamericanos), en el Perú se comenzó a utilizar desde el siglo antepasado y nos ha llevado a tener uno de los sistemas políticos más inestables de América. Cada vez que la oposición era mayoría en el Parlamento, se ponía contra la espada y la pared al gobierno de turno y en muchos casos se le paralizaba totalmente. Muestra de ello es lo que sucedió con los gobiernos de José Luis Bustamante y Fernando Belaunde. Alguien podrá decir que las cosas han cambiado y que las “oposiciones destructivas” han sido desterradas por las “oposiciones responsables”. Esto será válido hasta que paso lo contrario, porque no estamos vacunados contra ello y para muestra está lo que pasó con el gabinete Cornejo que casi nos llevó a una “Crisis total del gabinete”.

La misma bancada nacionalista -que durante el gobierno anterior fue la primera fuerza de oposición- se oponía a prácticamente todo lo que el Ejecutivo proponía y estos estaban obligados a negociar con otras bancadas para conseguir los votos de confianza y otros. Como ahora lo hacen los nacionalistas que han aprendido que “una cosa es con cajón y otra con guitarra”. El problema está en que a veces se negocia con aquello que no debería ser negociable y el control político que debería ejercer la oposición (entendida como todos los partidos que no son del partido de gobierno) muchas veces cede frente a sus propios intereses dejando de lado los intereses del pueblo. Para graficarlo, veamos lo que pasa ahora con el “Informe Ecoteva” o la ineficacia de las investigaciones que involucran directamente al gobierno de turno.

Esta cuestión de confianza también lleva a que sean los ministros los responsables por los actos de gobierno y no el Presidente de la República. Esto es peligroso y también se presta a que en muchos casos el jefe de gobierno salga libre de polvo y paja por las acciones de su gobierno y sean los ministros los que deban responder. Aquí hay que ver cómo termina el caso de los “narcoindultos” u otros.

Finalmente, el tener que dedicarse a conseguir los votos necesarios para que no se les censure, le resta eficacia al mismo gabinete, pues ahora mismo la ministra Jara y sus pares deberían estar viendo la manera de ejecutar lo antes posible las reformas tardíamente emprendidas para reactivar nuestra economía u otras que se han enunciado (salud, educación, política, etc.) y que aún no sabemos si se concretarán. El problema no es sencillo y claramente la solución tampoco, este es un aporte para analizar.