El pasado miércoles 18 de junio el debate sobre la “Ley Universitaria” –conglomerado de varios proyectos de ley entre los que destacan la iniciativa del congresista Mora y la que recientemente hizo el Ejecutivo- llegó al Pleno del Congreso, pero ha quedado suspendido. Sin embargo, no debe sorprender que sea visto en esta semana, pues según palabras del congresista Fredy Otárola –presidente del Congreso- “hará todo lo posible para que esta legislatura (que debió terminar el 15 de junio) termine con la votación de la Ley Universitaria y con los informes de la megacomisión”. Ya se votaron los segundos, falta la primera y se ha ampliado la legislatura ordinaria hasta este viernes 27 de junio. Es clara la intención del gobierno de que esta ley sea votada y aprobada antes del 28 de julio.
De la ley preocupa especialmente –aunque no únicamente- la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEU), que sería un órgano adscrito al Ministerio de Educación y que tendría la potestad de normar sobre contenidos curriculares, establecer quienes pueden enseñar en una universidad, autorizar la creación de programas, facultades y universidades o eliminarlos si es que ya existen, resolver sobre controversias en el nombramiento de autoridades, etc. En resumen, dictar –a su sola discreción- cuáles son las reglas a las que se debe someter la enseñanza universitaria y meterse en asuntos institucionales que en principio le corresponden a cada institución.
Sobre el particular, hay que recordar que –según lo estipulado por nuestra Constitución Política- el Estado garantiza y reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Entendemos a la educación –para efectos de este análisis- como un derecho que protege a los estudiantes de poder escoger libremente la universidad que más se acomode a sus necesidades y posibilidades, así como a la orientación –técnica, filosófica, ideológica, credo, etc.- que quieran y con la que se sientan más afín. Por otro lado, es responsabilidad del Estado garantizar que la educación alcance a toda la población, con las condiciones de libertad en el sistema y libertad dentro del sistema. ¿Qué duda cabe, de que el crear un ente que vigile el contenido de las mallas curriculares, los docentes que enseñen y otras potestades que le corresponden a cada universidad, pone en claro riesgo la libertad de enseñanza que el Estado reconoce y que es fundamental para el libre desarrollo del saber universitario?.
La libertad de enseñanza es un derecho que le corresponde a cada casa de estudios y en específico a cada docente, pero su defensa es interés primordial de los estudiantes y de la sociedad en su conjunto, pues esta garantiza que no haya un manejo político u otros intereses nada sanos –como se ha visto a lo largo de la historia nuestra y ajena- que la vayan a trastocar, así como también que exista una libertad de pensamiento y legítima búsqueda de la verdad, razón última del saber universal y por tanto de la universidad.
Es también derecho de toda persona, natural o jurídica, el promover y conducir instituciones educativas, que tengan un ideario propio (que no contravenga lo que manda la Constitución). El Estado solamente debe coordinar la política educativa y fijar los lineamientos generales y requisitos mínimos en cada institución, conforme manda nuestra carta magna. Ninguna universidad puede estar sujeta a poder público alguno, como sería el SUNEU que dependería del Ejecutivo (Ministerio de Educación), esto es a todas luces un atentado contra su autonomía, reconocida constitucionalmente.
El gobierno actual debería poner primero el ojo en las universidades públicas, para que sean tan competitivas como las privadas (recursos hay) y aprender de lo bueno que hacen estas últimas antes que someterlas o sobreregularlas.
Es claro que nuestra educación, en todos sus niveles, debe mejorar y para ello hay que hacer algunas reformas que lo consigan. Pero sobre esta en concreto, creemos que el remedio puede resultar peor que la enfermedad y de paso servir como un excelente instrumento para alguien que quiera volver a utilizar a las universidades para fines nada buenos. No queremos ser alarmistas, pero siempre es mejor anticiparse y aprender a separar el trigo de la cizaña.
