Por razones deformes, por Gonzalo Ramírez de la Torre

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El pasado viernes 5 de mayo, en la madrugada, el Congreso de la República tomó la decisión de derogar el Decreto de Ley 1323 que buscaba, entre otras cosas, agravar las penas para casos de violencia de género. En simple, para crímenes que se perpetraran motivados por la orientación sexual de la víctima. Una propuesta, qué duda cabe, harto coherente con la realidad nacional y que tiene sentido como parte de cualquier lucha sensata contra la inseguridad ciudadana.

La excusa para lo sucedido, dada por distintos representantes de Fuerza Popular –bancada dueña de la mayoría parlamentaria– antes y después de la decisión, es que todo se sustentaba en una cuestión de “forma” y no de “fondo”. Siendo más específicos, argumentaban que el Ejecutivo se había excedido a la hora de legislar sobre ese tema, pues, no estaba contemplado en las facultades que el Congreso le había entregado y que su oposición a la iniciativa no se sustentaba en alguna ojeriza hacia la comunidad LGTB.

Queda claro que el fujimorismo puede tratar de sustentar sus acciones de la forma que prefiera, sin embargo, los ciudadanos siempre podemos mantenernos escépticos ante dichas sustentaciones. Y esto se hace especialmente fácil cuando se toman en cuenta los antecedentes de Fuerza Popular en relación a la comunidad LGTB y, por supuesto, lo poco certera que demuestra ser la tesis que el ejecutivo se excedió a la hora de utilizar las facultades entregadas.

Empezando por lo último, como detalla un informe de Perú 21, sabemos que el Congreso facultó al Ejecutivo a legislar en materia de seguridad ciudadana. Con ese propósito, y detallando el alcance de las facultades, la ley autoritativa (como se le llama) estipulaba que se podría legislar, entre otras cosas, a fin de “modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente […] para combatir violencia familiar y la violencia de género […]”[1]. Así, el texto aprobado por el mismísimo Parlamento permitía al Ejecutivo legislar como lo hizo, pues, “violencia de género” comprende violencia por orientación sexual.

Pero claro, la respuesta fujimorista a dicho detalle es que la terminología empleada (“violencia de género”), no se relaciona con crímenes cometidos por la orientación sexual de las víctimas. Sin embargo, dicha interpretación es vacua si se considera que en julio del año pasado el Ministerio de la Mujer aprobó el “Plan Nacional de Violencia de Género” que detalla que el citado término involucra también “violencia por orientación sexual”. Así, la citada definición alterna propuesta por Fuerza Popular pareciera sustentarse en una ignorancia absoluta de los documentos oficiales sobre el tema o, lo más probable, en una omisión antojadiza de los mismos. Esto pues basta con comprender los términos para saber que el Ejecutivo actuaba en el espacio que el parlamento le permitió.

Con este en punto en mente, la excusa que dice que la decisión se sujetó en una cuestión de “formas” demuestra tener cimientos un tanto enclenques, por decir lo menos.

Desechadas las formas, no obstante, solo queda el tema de fondo. Y es cierto, no podemos suponer que todos los miembros de Fuerza Popular tienen aversión a todo lo que tenga que ver con la comunidad LGTB (como demuestra Leyla Chihuán), pero sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que tienen miembros que han demostrado que, hasta cierto punto, ellos sí y que para ellos esto no tuvo nada que ver con las “formas”.

Está el caso de Nelly Cuadros, por ejemplo, la misma que fomentó con ahínco la marcha de #ConMisHijosNoTeMetas, que desde Twitter celebró la derogatoria de lo que, según ella, era una “ley mordaza” (lo que deja claro que lo que le fastidiaba era que la ley no le iba a dejar dar rienda suelta a su homofobia). También está Carlos Tubino, que sugirió desde la misma red social que el DL 1323 criminalizaba a los que “defienden a sus hijos” contra la “ideología de género” (vaya a usted a saber qué tiene que ver una cosa con la otra).

También está el caso de la lideresa de la institución naranja, Keiko Fujimori, que no temió, durante la campaña, hacerle una venia oleada, sacramentada y firmada a uno de los grupúsculos más fundamentalistas del cristianismo. Y con esto claramente me refiero a la conferencia en la que participó y firmó un papel donde se comprometía, entre otras cosas, a no tratar de sacar adelante la unión civil. Claro, quizá pueda haber opiniones divergentes en la bancada, sin embargo, los compromisos de la lideresa terminan por condicionar el actuar de todo el partido y este condicionamiento en particular no tendría por qué no nutrir la oposición al DL 1323 como una flagrante razón de fondo.

Así las cosas, todo parece indicar que la apelación a lo formal hecha por el fujimorismo no es más que un subterfugio leguleyo para maquillar su verdadera oposición al fondo del asunto. Ello, empero, quedará claro cuando los proyectos de ley que buscarán suplir el decreto caído se discutan en el pleno. Por ahora, convendría que Fuerza Popular sea enfático y sincero cuando dice por qué hace las cosas, en lugar de apelar a razones deformes que flaquean a la hora de contrastarlas con la realidad.

[1]Texto completo de ley: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-que-delega-en-el-poder-ejecutivo-la-facultad-de-legislar-ley-n-30506-1439097-1/

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