Prohibido morir, por Gonzalo Ramírez de la Torre

"El desempleo no se va a solucionar porque un ‘genio’ decidió prohibirlo".

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Prohibir suele ser una de las actividades más estimulantes que puede llevar a cabo una autoridad electa. La razón es evidente: se trata de una tarea que, además de representar un nítido ejercicio de poder, puede suponerle réditos políticos y los aplausos de alguna tribuna, especialmente cuando aquello que se veda es reconocido como negativo por la mayoría de la ciudadanía.

Pero prohibir suele ser reduccionista, especialmente cuando lo que se quiere evitar responde a una necesidad que, por las buenas o por las malas, la ciudadanía encontrará la forma de satisfacer, o cuando lo que se proscribe es el corolario de un problema mayor, que el burócrata ignora o decide ignorar.

Ejemplos de lo primero sobran, pero quizá el más emblemático sea el de la famosa Ley Volstead en Estados Unidos, que hizo ilícita la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas a finales de 1919 e inició la mentada “prohibición”. Como se sabe, la medida fue un despropósito que solo logró que se inaugurasen bares clandestinos y que se elaborasen ingeniosas maneras para trasladar y comercializar las sustancias recreacionales. La gracia duró hasta 1933 y lo único que logró fue el aumento del crimen organizado y convertir en transgresores a quienes simplemente querían tomarse un trago.

Un ejemplo de lo segundo, por otro lado, viene fraguándose en nuestro Congreso, donde el martes pasado, en la Comisión de Trabajo, se aprobó por unanimidad un proyecto de ley que, en corto, tiene como objetivo prohibir los despidos durante el estado de emergencia por el COVID-19 y treinta días después. Aunque la iniciativa todavía tiene que pasar por el Pleno, no hace falta ser muy astuto para entender por qué sería problemática su promulgación…

En una coyuntura como esta, donde las (necesarias) medidas implementadas para frenar la epidemia han desembocado en una aguda crisis económica y en una drástica reducción en los ingresos de las empresas, el cese de algunos trabajadores es apenas uno de los síntomas de una grave enfermedad. Uno que, además, se expresa para evitar que las consecuencias del mal principal sean mayores. En otras palabras, las firmas prescinden de sus trabajadores pues, dilapidadas sus ganancias, no tienen cómo pagarles y mantenerlos llevaría a algunas a la quiebra.

Esto último es particularmente cierto cuando se habla de las empresas pequeñas, y una ley que les prohíba administrar sus costos despidiendo a parte de su personal las condena a la extinción. Y con ellas se irían miles de puestos de trabajo presentes y futuros y parte del músculo que necesitará el país para reactivarse. En suma, la ley que nos ocupa generaría todo lo contrario a lo que se propone y como yapa le propinaría un serio golpe a la economía en general, hundiéndonos aún más en el barro.

Prohibiciones de este calibre nos remiten a algunas que se llevaron a cabo en otras partes del mundo. Como lo que ocurrió en Cugnaux (Francia) en el 2007, cuando el alcalde del pueblo hizo ilegal morirse ahí. Se trató, empero, de un gesto de protesta, luego de que el Ministerio de Defensa del país galo no les dejase construir un cementerio en uno de sus terrenos, después de que se superase la capacidad de los camposantos existentes. Era obvio: se necesitaba crear espacios para los muertos, no proscribir la muerte.

De igual manera, el desempleo no se va a solucionar porque un ‘genio’ decidió prohibirlo (especialmente en un país donde la magnitud de la informalidad hace la ley irrelevante para muchos), este desaparecerá conforme vayan volviéndose a generar puestos de trabajo y esto solo sucederá conforme logremos reactivar nuestra economía y mientras no se siga sofocando a las empresas con nuevos obstáculos populistas.

Pero eso no lo entiende nuestro Congreso.

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