Promesas incumplidas, por Edwar Diaz

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Se acaba el año y la campaña electoral va calentando con miras a las elecciones congresales de enero. La publicidad inunda las calles y las promesas electorales son pan de cada día: acabar la delincuencia, abrir pistas auxiliares, crear programas sociales, fundar universidades, aumentar el salario mínimo, reducir impuestos y muchísimas más.

Lo cierto es que mucho de lo que leemos en los carteles es mentira o, al menos, desconocimiento de los candidatos respecto de los límites de la función parlamentaria. Los congresistas tienen dos funciones primordiales: legislar y fiscalizar al gobierno. Existe una tercera función que, si bien no se encuentra explícitamente en la Constitución, corresponde a los congresistas, y es la de representar. Los Congresistas son los representantes de la nación.

Desde la Constitución de 1979, se estableció la prohibición a los congresistas de presentar iniciativas legislativas que creen o aumenten el gasto público. Esto tiene su fundamento en dos razones. La primera es que el manejo de la hacienda pública es facultad del gobierno, el cual elabora y ejecuta el presupuesto según sus objetivos. Téngase en cuenta que asignar recursos a un proyecto implica dejar a otro rubro sin tales recursos. La segunda es que, entregar al fuero parlamentario la iniciativa de gasto público, implicaría politizar una actividad tan delicada, como es organizar el uso de los recursos, pudiendo devenir en una priorización de proyectos innecesarios solo por rédito político.

Los candidatos al Congreso de la República se ven obligados a ofrecer obras. Un candidato que ofrezca leyes o fiscalizar al gobierno probablemente perdería la elección. Así, en campaña se ofrecen muchas cosas que le corresponde al gobierno hacer. Una vez electos, la población se aleja de los parlamentarios, porque perciben que ellos no pueden solucionar sus principales demandas y porque consideran que la labor fiscalizadora y legislativa no tiene repercusión directa en el bienestar social.

Los congresistas usan su rol de representación para acercarse a sus electores. A través de su cargo, gestionan ante los ministros la realización de obras, solicitan citas a nombre de alcaldes y organizaciones sociales, escuchan y visibilizan en medios de comunicación las demandas de la población. Sin embargo, no tienen el poder para influir en la decisión de los ministros u otros funcionarios, por lo que no pueden hacer más que gestionar intereses, sin tener la seguridad de un resultado exitoso.

Una forma de sacarle la vuelta a la prohibición de iniciativa de gasto es la presentación de proyectos de ley que declaran “de interés nacional y necesidad pública” la ejecución de algún proyecto. Si bien leyes de esta naturaleza carecen efectos prácticos, constituyen un mecanismo para decirles a los funcionarios los proyectos que deben priorizar. Otra forma de soslayar la norma, es integrar la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y emplear esa posición para agregar, durante el análisis de comisión, obras en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República. Se dice incluso, que el Ministerio de Economía y Finanzas reserva un monto cada año para permitir que los congresistas incorporen sus obras en la mencionada ley.

Sin perjuicio de ello, debe quedar claro que los congresistas no pueden crear programas sociales, universidades, ni dependencias públicas; establecer bonos o beneficios fiscales; disponer aumento de sueldos, adquisición de bienes y servicios, construcción de obras; entre otros. Está en nuestras manos como electores el analizar las propuestas de los candidatos al Congreso de la República, para no elegir a los que ofrezcan cosas que no podrán cumplir.

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